La norma trasladaba medidas propuestas por el Comité de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril de 2025, y se estructuraba en tres capítulos. El primero recogía “medidas destinadas a la resiliencia del sistema eléctrico”, y abordaba el refuerzo de la supervisión y verificación del cumplimiento y la transparencia de datos, así como medidas para el refuerzo del control de tensión y el amortiguamiento ante oscilaciones. El segundo se centraba en el “almacenamiento y flexibilidad”, así como en el mecanismo de capacidad y grupos de emergencia. Finalmente, el tercero hacía referencia a la “electrificación”, y trataba el aprovechamiento de las redes existentes y adaptación de la planificación, la electrificación industrial, la movilidad eléctrica, la electrificación de la climatización, la repotenciación y el despliegue ordenado de las renovables. La iniciativa ha salido derogada con 165 votos a favor y 183 en contra.
El Real Decreto-ley 7/2025 reforzaba el poder de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que se le encomendaba evaluar periódicamente (cada tres meses) las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar este servicio (el informe del Gobierno sobre el apagón revelaba numerosos casos de dejación de funciones por parte de estos sujetos, las compañías eléctricas). Además, asignaba a Red Eléctrica funciones adicionales a las actuales, como la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras, si bien lo cierto es que el 90% de la distribución lo manejan solo cuatro eléctricas.
El RDL tumbado impulsaba además el almacenamiento, facilitaba la hibridación de baterías en plantas renovables, favorecía el autoconsumo, agilizaba la concesión de autorizaciones para la ejecución de parques eólicos y solares (medida controvertida, pues algunas formaciones habían mostrado su preocupación ante la posibilidad de que desprotegiese ambientalmente), incentivaba la repotenciación, e introducía figuras largamente demandadas por el sector eléctrico nacional, como el agregador de demanda. Por todo ello, el coloquialmente conocido como decreto antiapagones había sido muy bien recibido tanto por el sector eléctrico, como por el industrial (el RDL incluía ayudas para las electrointensivas y medidas para acelerar la instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico y para impulsar la conexión de nuevas demandas industriales a la red).
El contexto
El Congreso de los Diputados decidía hoy si convalidaba o no el RDL 7/2025 "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico", un decreto ómnibus (incluía muchas medidas de diversa índole) sobre el que pesaba la sombra de otro real decreto ómnibus: el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre. Ese otro RDL fue aprobado también en Consejo de Ministros (en diciembre del 24), pero luego tumbado en el Congreso de los Diputados (como hoy) por PP, Vox y Junts. Aquel "no" general a todo el RDL supuso un varapalo en toda regla a la transición energética, pues implicaba, entre otras muchas cosas, no a las ayudas al vehículo eléctrico; no a la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas; no a la prórroga de la libertad de amortización (en el Impuesto sobre Sociedades) para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables (autoconsumo); o no a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva.
Con posterioridad, el Gobierno ha ido rescatando algunas de esas medidas (contenidas en aquel décreto ómnibus) a través de otros decretos singulares, pero la incertidumbre durante meses prácticamente paralizó la actividad en algunos de los sectores afectados (como el del vehículo eléctrico) y afectó asímismo de manera extraordinaria a sectores absolutamente estratégicos, como el siderúrgico.
Ahora, la situación se ha repetido de manera casi idéntica. El Gobierno ha incluido en el decreto antiapagones (RDL 7/2025, "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico") una amplia panoplia de medidas para reforzar el sistema eléctrico nacional, y el frente PP, Vox, Junts ha dicho no.
Lo hace en este caso frente a la movilización de todo el sector energético nacional (y de buena parte del industrial), que han vivido una semana realmente frenética, pues patronales de todas las autonomías y de diversos sectores han enviado cartas a todos los grupos parlamentarios para que convaliden un decreto (el RDL antiapagones) que tanto el sector industrial como el sector energético nacional en pleno consideran “un paso decisivo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y consolidar la posición de nuestras empresas en un momento clave para la transición energética”.
El Partido Popular salió trasquilado del no al RDL 9 de 2024, voto en contra aquel que no fue bien recibido por la patronal en general, y, particularmente, por las poderosas patronales del sector automovilístico y de las electrointensivas (Arcelor Mittal, Acerinox, Alcoa, Air Liquide, Carburos Metálicos, etcétera), pero aquella experiencia no parece haber hecho mella en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, necesitada estos días complicados de una "victoria" frente al Gobierno.
Las reacciones al no al decreto antiapagones no se han hecho esperar. Greenpeace considera que el “no” es una mala noticia para el país, pues esa norma contenía "medidas largamente esperadas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo". La Fundación Renovables, probablemente el más influyente colectivo de expertos en energía del país, lamenta también el rechazo del RDL 7, que "no tiene base técnica ni ideológica, sino que responde más al tacticismo político y en la necesidad constante de ganar el relato".
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (la patronal decana del sector) habla directamente de "colapso": con el no al decreto antiapagones -dice- "se pierde una oportunidad para fomentar el autoconsumo colectivo y la flexibilidad del sistema (...). Las inversiones en almacenamiento, autoconsumo y redes eléctricas quedan en el limbo", añaden desde APPA.
Y la Asociación Empresarial Eólica va en la misma sintonía: "el rechazo de este Real Decreto-ley -explica en un comunicado que acaba de hacer público- constituye una decisión que va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías".
"El texto rechazado era de carácter eminentemente técnico (...). No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación", concluye AEE.
