Bruselas dijo hace unos días sí a limitar los beneficios de las eléctricas, le ha dado también luz verde al establecimiento de un impuesto a petroleras y gasísticas que registren en 2022 un aumento del 20% de los beneficios sobre la media de los beneficios imponibles anuales desde 2018 y ha decidido así mismo reconocerle a los gobiernos nacionales una cierta flexibilidad para que establezcan otros límites y/o impuestos adicionales a todos esos agentes: eléctricas, petroleras y gasísticas. Pues bien, ahí está, en esa posibilidad, el motivo de preocupación para el sector eólico. "La imposición de nuevos tributos -explica AEE en su documento de posicionamiento- implica directamente penalizar o retrasar, entre otros, los encargos a las fábricas eólicas ubicadas en España". Cualquier medida "que se adopte y retrase la inversión en renovables -añaden desde la Asociación- no hace sino posponer la solución al problema actual de precios de la energía y dependencia del exterior".
Ese es el núcleo del discurso de AEE, que se alinea así con la patronal europea del sector
WindEurope difundió hace unos días un comunicado en el que ya advertía de la posibilidad de que los inversores opten por otros países con menos impuestos. El Reglamento 2022/1854 inicialmente tenía como objetivo -apuntaba WindEurope- un límite en la Unión Europea para todas las formas de generación de energía inframarginal, pero el Reglamento, tal y como finalmente se ha adoptado, no evita -advertía la patronal europea- que los gobiernos nacionales introduzcan "impuestos adicionales" y puedan adoptar "medidas no coordinadas sobre los diferentes tipos de generación de energía”. Pues bien, “algunos gobiernos nacionales -alertaba WindEurope el mismo 30 de septiembre- ya están planeando nuevos impuestos que se sumarían a las medidas de emergencia de la UE. Y estas medidas adicionales incluyen impuestos sobre los ingresos totales de los productores de electricidad, en lugar de sus ganancias. Esto detendrá las inversiones en energías renovables”.
Según la Asociación Empresarial Eólica, las medidas adoptadas en España ya cumplen con el Reglamento. Las sucesivas medidas aprobadas por el Gobierno durante los últimos 12 meses -asegura AEE- cumplen con los contenidos del nuevo Reglamento UE para atajar los precios de la energía.
Esta es la posición de la Asociación Empresarial Eólica
«Por un lado, las medidas ya adoptadas en los tres reales decretos-ley (RDL 17/21, RDL 23/21 y RDL 6/22) implican una minoración de los ingresos de las energías inframarginales que operan directamente a mercado; y, por otro lado, para aquellas instalaciones que están cubiertas bajo el régimen retributivo regulado (ReCoRe), mediante el ya citado RDL 6/22, se ha revisado a la baja de forma anticipada la cuantía de los incentivos a recibir, en base a los precios reales del mercado y las estimaciones de futuro»
Además -añaden desde la Asociación-, el tope al precio del gas para generación eléctrica (adoptado por el RDL 10/2022), también ha reducido el precio del mercado eléctrico. Es más: en el 85% de las horas desde que se aprobó la exención ibérica, el precio del mercado -destacan en AEE- ha estado por debajo de los 180 euros por megavatio hora de tope propuesto en el Reglamento. "En España, por tanto, los ajustes que propone el Reglamento -concluye la Asociación- ya se han llevado a efecto".
La posición de la Asociación Empresarial Eólica
«Cualquier gravamen adicional penalizaría un porcentaje significativo de la inversión en renovables y afectaría al ritmo de encargos a la industria eólica (...), cualquier impuesto, tributo o gravamen que se añada a la situación existente y que no se enfoque estrictamente a la minoración de los beneficios no tiene cabida dentro del objetivo ni el espíritu del nuevo Reglamento, ni justificación alguna desde el punto de vista macroeconómico, energético, climático o de rigor fiscal»
La imposición de nuevos tributos -insiste AEE en su documento de posicionamiento- constituiría así "una decisión regulatoria sin robustez jurídica, que penalizaría la toma de decisión sobre las inversiones renovables en aquellos grupos empresariales afectados, lo que podría retrasar la puesta en marcha de un porcentaje significativo de la generación renovable durante los próximos años".
Los grupos empresariales afectados serían Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Edp, Siemens Gamesa, Vestas o Acciona, miembros todos de la Asociación Empresarial Eólica. Por principio -señala AEE en ese sentido-, cualquier intervención sobre un mercado obliga a una revisión de las estrategias de inversión por parte de los actores hasta conocer los riesgos del nuevo escenario. Pues bien, en el caso concreto de la eólica -añade la Asociación-, esa intervención tendría "implicaciones industriales importantes", ya que ralentizaría la toma de decisión sobre los encargos a la industria de los nuevos aerogeneradores a instalar en los próximos años, condicionando la carga de trabajo de las fábricas radicadas en Europa, y, en España -advierte AEE en su documento- contamos con 250 centros industriales.
La patronal nacional del sector también manifiesta "preocupación por la falta de cohesión en Europa con las medidas de detalle y el efecto de atracción de inversiones de otros mercados". La falta de cohesión y coordinación de las medidas de detalle que cada gobierno decida implantar -advierte AEE- generará, de facto, mercados con importantes diferencias de atracción para los inversores, rompiendo el espíritu del mercado único en Europa.
La posición de la Asociación Empresarial Eólica
«El riesgo proviene de los distintos precios máximos a toda la generación de energía inframarginal que puedan existir en cada país -que deberían tender a ser el mismo para todos- y del margen que abre Europa para que los gobiernos nacionales añadan nuevos impuestos propios hasta el 31 de diciembre de 2022, que se sumarían a las medidas de emergencia de la UE, y que agravarían aún más el desequilibrio al generar ventajas competitivas para atraer inversiones de unos países miembros respecto a otros, rompiendo la unidad de esfuerzo de la UE y el mercado único europeo»
«Si a todo esto le sumamos las estrategias de apoyo acelerado y de reducciones fiscales a las renovables que terceros mercados -como EEUU- están adoptando al respecto, justamente dando certidumbre y unidad de criterio en la coyuntura actual, el interés de las compañías podría bascular en priorizar las inversiones de los próximos años en dichos mercados frente al mercado español o el europeo en general»
Si todo ello sucediera -alerta AEE-, este paréntesis de inversión afectaría a los proyectos que actualmente están en las fases iniciales de tramitación, "implicando un retraso en la instalación de parques eólicos en España en el medio plazo 2024-2026", que podría afectar, según la Asociación, a un 23% sobre la previsión actual, con implicaciones macroeconómicas de 2.500 millones de euros en retraso de inversiones, y 422 millones de euros de pérdida de ahorro anual del precio de la electricidad para los ciudadanos.
Pero la patronal eólica señala además un riesgo añadido: los cambios que van a ocurrir en el mercado por las medidas que se tomen generarán nuevos mercados que pueden consolidarse, pero que estarán basados "en la búsqueda de los intereses particulares de cada país".
Subastas
La Asociación también alerta sobre el hipotético efecto que nuevos impuestos puedan tener sobre las dos subastas de energías renovables que vienen: 520 MW para el 25 de octubre y de 3,3 GW para el 22 de noviembre. "¿Bajo qué supuestos de ingresos, riesgos y costes las compañías deben diseñar sus ofertas en las mismas?", se pregunta.
AEE destaca dos "inquietudes": (1) cualquier incertidumbre en los primeros años del plan de negocio afecta a la economía de la planta y al cierre financiero, que se tendrá que efectuar en los próximos 2-3 años; y (2) los participantes en las subastas podrían necesitar aumentar sus pujas o no encontrarían interesante participar en las mismas si no hay visibilidad sobre el valor y la estabilidad del tope de ingresos a las tecnologías inframarginales.
Por ello, la Asociación insiste en la necesidad de garantizar la cohesión europea, "pero no sólo en los acuerdos de alto nivel sino también en las medidas de detalle de cada país, evitando, en el caso concreto de España, situaciones que generen más incertidumbre sobre los ingresos de las nuevas instalaciones renovables en los próximos años y que condicionen la decisión de inversión de un porcentaje significativo de las mismas".
