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El ejecutivo recrudece su ofensiva anti renovables

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La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha difundido un comunicado en el que critica duramente las "medidas retroactivas" anunciadas tras el último consejo de ministros, medidas que podrían acabar con los parques eólicos en manos de la banca. Más aún: según la patronal eólica, el real decreto presentado el pasado viernes "puede suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial". [En la imagen, central térmica de As Pontes (Endesa); quema gas natural].
El ejecutivo recrudece su ofensiva anti renovables

El oscurantismo y la sinrazón han alcanzado su cénit en el último consejo de ministros. El ejecutivo, por boca del titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado este viernes un real decreto que puede acabar con buena parte del parque eólico nacional en manos de los bancos. Eso es lo que apunta la Asociación Empresarial Eólica en su último comunicado, en el que valora la medida anunciada por Soria como "la gota que colma el vaso". Según la AEE, "el sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% [la Tasa Soria] a la generación; si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas [como las ahora aprobadas], se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado, de modo que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario".

Nada de consultar
La AEE se queja, primero, del oscurantismo con el que el gobierno ha elaborado la medida. La asociación asegura que ni siquiera ha tenido acceso al texto del Real Decreto-Ley. En ese sentido, y según la patronal eólica, el gobierno estaría además violando la ley: "la Ley del Sector Eléctrico establece claramente [véase página 22] que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad". Más allá de las formas, que encajan con la oscuridad informativa que el gobierno está imponiendo -comparecencias televisadas, prohibición de preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa-, la AEE indica en su comunicado que lo más grave es que estas medidas "atentan claramente contra el principio de rentabilidad razonable" (páginas 53 y 142 de la Ley del Sector Eléctrico). Según la asociación, "el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación".

De la ley y de las trampas
Entre las medidas aprobadas el viernes, una llama poderosamente la atención elevándose hacia el absurdo más absoluto. La AEE lo explica así: "cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años; por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable". Los inversores, pues, tuvieron en cuenta la letra de la ley, que decía que los incentivos se actualizarían conforme al IPC. Pues bien, el gobierno ahora dice que los incentivos pasan a actualizarse en base a la inflación subyacente, que no incluye ni los alimentos no elaborados... ni los productos energéticos: léanse el gas y el petróleo, cuyo precio es cada vez más elevado. Pues bien, el gobierno saca a los productos energéticos de la ecuación y asunto resuelto.

Subida conforme al IPC, pero sin contar con los precios del gas
El otro hachazo al sector consiste en que todos los parques eólicos en funcionamiento están a partir de ahora obligados a pasar "a la opción de tarifa regulada, eliminando el resto de posibilidades que contempla la normativa". La AEE lo explica así: "la mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007; tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones". La AEE reconoce que la posibilidad de ir a mercado sin prima también existe, pero asegura que ella "es inviable con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras".

Terrorismo de estado
El carácter retroactivo de la medida ahora aprobada vuelve a sembrar así el terror entre los inversores, cuya confianza en el estado español ya estaba muy afectada como consecuencia de los varios ajustes retroactivos que el ejecutivo ha aprobado en los dos últimos años. Según la AEE, todo ello "vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país". La medida va más allá en todo caso del sector eólico, según la asociación: "se trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima". La AEE considera, en fin, que ambas medidas –paso obligado de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada y la modificación del criterio de actualización de las primas– ponen al sector eólico "en una situación insostenible".

La quiebra de la seguridad jurídica
La conclusión que extrae de todo ello la asociación es que estas medidas "quiebran la seguridad jurídica", pues no solo "van en contra del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004", sino que, además, "vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007". Por todo ello, la asociación ya ha anunciado que "pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo". Todo lo susodicho sucede en mitad de una crisis de corrupción que afecta a las esferas más altas del gobierno. El ejecutivo, entre tanto, sigue sostenido por la más formidable mayoría absoluta jamás cosechada por el Partido Popular, una mayoría parlamentaria que contrasta extraordinariamente con el vertiginoso descenso de popularidad que está experimentando el Gobierno Rajoy. Según una encuesta publicada ayer por el diario El País, la intención de voto al Partido Popular habría descendido del 46,3% registrado en marzo de 2012 al 23,9% a día de hoy.

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Pablo Ruiz
Por favor, cuando alguna región se independice, que me otorgue asilo político. ¿Cuándo será hora de salir toda la ciudadanía a la calle? Un saludo
José Luis González
Hablemos claro : No son capaces de entender como atajar los problemas con los que se enfrenta la economía ni la sociedad española . Solo hacen políticas para contentar a unos pocos -los sectores económicos que se han quedado en el pasado pero que les apoyan y les financian-no tienen un plan de futuro para el país no tienen una visión global de los problemas . No se puede hacer crecer nada con la política del amigote . Solo quieren colocar a los suyos no han tenido nunca un plan para este País , bueno si : hacer dinero fácil y ponerlo en algún paraíso fiscal . Ese dinero es improductivo para la sociedad que dicen representar .
Casey
con este gobierno vamos de cul0
Eligetuenergia
Se debe fomentar el uso de las energías renovables para evitar dependencia de otro tipos de energias. www.eligetuenergia.com
albertsx
Pues el gas no ha dejado de subir jamás y no parece que le importe a usted mucho, señor "Tarifa de la luz". Y el carbón tampoco tampoco, ni el uranio...
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