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¿Están las Comunidades Autónomas dando respuesta a la emergencia climática?

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¿Están las Comunidades Autónomas dando respuesta a la emergencia climática?

El próximo 27 de septiembre habrá una Huelga Mundial por el Clima para alzar la voz y pedir más acciones para combatir el actual estado de emergencia climática. En España las más de cien organizaciones convocantes urgen asumir compromisos políticos reales y vinculantes más ambiciosos, es decir superiores al actual objetivo de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin menoscabo de que la presión social y ciudadana arranquen un compromiso más ambicioso al próximo Gobierno central, un elemento crucial será asegurar que esto se cumpla aguas abajo. En estos años se ha hablado mucho del papel de las ciudades en la transición energética pero, ¿qué están haciendo las comunidades autónomas españolas ante la crisis climática?

La realidad es que los marcos políticos autonómicos, las estrategias y planes de acción desarrollados, dejan mucho que desear para dar una respuesta eficaz, rápida y coherente en el Estado Español. Además existe una evidente heterogeneidad de situaciones de los instrumentos y compromisos adoptados por los distintos territorios.

A día de hoy todavía tenemos varias comunidades autónomas que directamente no disponen de ningún documento programático, plan o estrategia de lucha contra el cambio climático, como Galicia, Asturias (la de mayores valores de emisiones por PIB y per cápita), La Rioja o Murcia; o que no lo tienen actualizado, como Castilla y León o Canarias, con estrategias de 2009; o la Comunidad de Madrid y Extremadura, con documentos de 2014 también pendientes de renovar para el período 2030. Especialmente sangrante es el caso de la región de Madrid, uno de los territorios con menor potencia instalada de energías renovables y mayor dependencia energética exterior a pesar de concentrar una elevada actividad económica y poblacional derivadas de albergar la capital del Estado.

Entre 2018 y 2019, cinco comunidades, Aragón, Cantabria, Castilla –La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, adoptaron nuevas estrategias tomando como referencia el horizonte 2030, aunque con sensibles diferencias entre ellas. Cantabria y Castilla –La Mancha no fijan objetivos cuantitativos obligatorios y se limitan a decir que contribuirán a los compromisos nacionales de energía y clima. Por su parte Aragón y Comunidad Valenciana no establecen metas en reducción de emisiones globales pero sí objetivos energéticos a 2030 en renovables (aumento de un +32%), y un aumento del 32,5% además en eficiencia energética en el caso de la C. Valenciana. Mientras, Navarra sí se compromete a objetivos a medio y largo plazo de un 45% de reducción de emisiones a 2030 y un 80% a 2050, además de otros compromisos energéticos y ambientales.

En general es bastante extraordinario que las propias Comunidades Autónomas determinen metas cuantitativas obligatorias, sin entrar en valorar la ambición con que las hacen. Las contribuciones más destacables, además de las ya mencionadas, son las de País Vasco, Baleares y Cataluña que se ha marcado reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y del 80 –90 –100% para 2050.

El resto de autonomías están muy por detrás. Andalucía, que es el territorio que más contribuye en las emisiones totales, tiene comprometido disminuir un 18% sólo las emisiones difusas por habitante respecto a 2005 y lograr el 35% de cuota de energías renovables a 2030. Aragón también sólo se compromete a reducir un 26% las emisiones del sector difusos. Galicia ha anunciado unos objetivos del 25% para 2030 y del 80% para 2050 en la próxima Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía a 2050 que presentará en otoño. ¿Y las demás? Poco o nada.

Por otro lado, son únicamente tres, Cataluña, Andalucía y Baleares, las que cuentan con una ley propia de cambio climático, y hasta el momento no han tenido todos los resultados que debieran.

La ley catalana, que estuvo suspendida largos meses por el Tribunal Constitucional y varios artículos se declararon inconstitucionales, ha tenido hasta ahora un escasísimo nivel de implementación. En mayo de este año el Gobierno catalán declaró formalmente la emergencia climática en una declaración que la sociedad civil valoró de simbólica ya que no planteaba medidas concretas adicionales sino que en general se limitaba a activar medidas para cumplir con esta ley de 2017. En estos momentos Cataluña, segunda comunidad más emisora, no estaría en la senda de cumplir con el objetivo de cubrir el 50% de la demanda eléctrica con fuentes de energía renovables.

La ley andaluza aprobada en 2018, podría haber quedado enpapel mojado con el cambio en la Junta de Andalucía a un gobierno bastante descreído de la crisis climática y ecológica. Y la ley Balear, que ha sido un caso ejemplar en el establecimiento de objetivos alineados a los compromisos europeos, en estos momentos está en punto de mira ante un posible recurso de inconstitucionalidad.

Pronto podrían sumarse nuevas leyes autonómicas, de hecho los Gobiernos del País Vasco y Navarra ya tienen bastantes avanzados sus anteproyectos de ley de cambio climático. Canarias también anunció en la anterior legislatura una ley de cambio climático.

Por tanto, es imprescindible que desde la ciudadanía se logre aumentar la presión para elevar la ambición en todas y cada una de las administraciones públicas que conforman el Estado. En ese sentido el próximo Gobierno central debería empezar por incluir en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética la obligación a las Comunidades Autónomas a presentar planes de energía y clima antes de 2021, un artículo que se incluyó en los primeros borradores del Anteproyecto de Ley pero que acabó desapareciendo. Posteriormente, debería establecer las reglas básicas de reparto de esfuerzos entre los territorios autonómicos para lograr el objetivo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre todas las administraciones públicas. Quizá con un reparto claro y obligatorio sea más factible asumir con garantías mayores compromisos como país. Y en todo caso es obvio es que de otra manera no será creíble un sistema energético y de transporte libre de combustibles fósiles o una reducción drástica del consumo de energía primaria.

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