Greenpeace presentó el 21 de abril de 2015 denuncia ante los Juzgados de la Audiencia Nacional, que declaró el sobreseimiento de las actuaciones el 26 de febrero de 2016. "Se formuló después -informan los ecologistas- un Recurso de Apelación frente a las pruebas que había solicitado Greenpeace y que no fueron admitidas, que fue desestimado el 3 de mayo de 2016 por la Audiencia Nacional; también se desestimó (el 22 de septiembre de 2016) el Recurso de Apelación que Greenpeace había formulado contra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones".
Dos años después
En noviembre de 2016, dos años después de la agresión, y tras presentar un nuevo escrito de Incidente Excepcional de Nulidad de Actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, se dictó la Resolución (Auto) por la que no se admitió el incidente de Nulidad, quedando así cerrada la vía penal. Pues bien, según el abogado de la organización ecologista, José Manuel Marraco, "no podemos aceptar bajo ningún concepto la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, cuando expresamente y en todo momento se había señalado por nuestra parte y constaba acreditado cuáles eran nuestras intenciones".
Desproporcionalidad
Greenpeace insiste así en denunciar "la violencia incomprensible de la embestida", que quedó reflejada -explican los ecologistas- "en unas impactantes imágenes de vídeo, que demuestran la desproporcionalidad de la actuación de la Armada". Tanto las imágenes tomadas desde el buque Rowan Renaissance como las captadas desde la embarcación de Greenpeace, son de contenido sensible. Greenpeace explica en el comunicado que ha difundido que "confía en que el Tribunal Constitucional ampare el derecho de manifestación pacífica y libertad de expresión absolutamente necesario en una sociedad democrática".
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