El Gobierno portugués denunció al Gobierno español el mes pasado, de conformidad con el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), el objetivo del Ejecutivo luso era que las autoridades europeas "se posicionaran ante las irregularidades del proceso de autorización del ATI de Almaraz". Y es que el Gobierno español -explican desde el MIA- ha contravenido en este caso los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, "así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués". La consecuencia de ello ha sido que Portugal no tenido la oportunidad de abrir un periodo de consulta en el que poder interponer alegaciones a este almacén de residuos nucleares, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.
Las organizaciones integrantes del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, interpusieron el día 31 de enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en Almaraz, ya que, entre otras cosas, se han ignorado los impactos transfronterizos de la obra.
Escapes radioactivos
Una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación -explican desde el MIA- afectaría muy probablemente a Portugal: "esto ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta la ciudad de Lisboa". Según esta oenegé, "que los reactores nucleares superen los 40 años de diseño supone un riesgo inaceptable, dado que las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento". El Movimiento Ibérico Antinuclear, que está integrado por oenegés de ambos lados de la raya, recuerda por otra parte que un hipotético alargamiento de la vida útil de la central implicaría además "la generación de más residuos radiactivos de alta actividad, para los que no existe una solución satisfactoria".
El MIA recuerda que el Parlamento de Portugal ha dicho no al alargamiento de la vida útil de la central de Almaraz
Según el Movimiento Ibérico Antinuclear, el ATI de Almaraz está concebido para prolongar el funcionamiento de la central más allá del fin de su actual permiso de explotación (2020) y de sus 40 años de vida (2021 en el caso de Almaraz I y 2023 para Almaraz II). La oenegé antinuclear considera que, "con la aceptación del ATI, el Gobierno portugués está aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años y desoyendo la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se ha posicionado en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz".