Tomás Díaz
Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
tdiaz@asif.org
En diciembre de 2005 había unos 50 MW fotovoltaicos conectados a la red eléctrica y en diciembre de 2007 había más de 500 MW; en dos años, la potencia instalada en España ha crecido un apabullante 1.000%. Sin embargo, a ojos de las compañías distribuidoras, la avalancha real –el tsunami, dicen– está todavía por venir: Unión Fenosa, sin ir más lejos, afirma que hacia el verano podemos superar los 3.500 MW.
Esa cifra, afortunadamente, está fuera de orden; el año pasado se conectaron en todo el planeta unos 2.300 MW fotovoltaicos, con lo que ni aun instalando toda la producción mundial de paneles –algo imposible– se podría alcanzar. Ahora bien, si se airean esos 3.500 MW, es porque se pueden respaldar de algún modo, aunque los aireadores sepan perfectamente que están exagerando.
¿Y en qué se basan? Pues en las solicitudes que tienen encima de la mesa y que han multiplicado su trabajo burocrático. Además –se lamentan y se extrañan– a pesar de la terrorífica Propuesta de nueva regulación que el Ministerio de Industria remitió en septiembre a la CNE, siguen recibiendo un volumen de solicitudes desmesurado; cierto es que ha bajado un 40%, pero estaban desbordados y siguen estando desbordados.
El fin de la aplicación del Real Decreto 661/07 el próximo septiembre no sólo ha incrementado la velocidad con la que se construyen las plantas –se están haciendo dos y tres turnos de trabajo–, sino que ha animado a algunos a adelantar proyectos planificados para más adelante –poniendo importantes garantías ante unos bancos que ya no financian sin ellas– con la esperanza de terminar dentro del plazo. Si el sector iba como un bólido, ahora va como un meteoro.
Pero tanta velocidad se paga. La oferta no puede abastecer la demanda y, sin que se haya terminado del todo la escasez de silicio, hay otros cuellos de botella: falta capacidad en las redes; faltan transformadores y celdas en las subestaciones; falta tedlar (el plástico sobre el que se colocan las células en los paneles); falta cable; falta mano de obra cualificada… En suma, los retrasos y las cancelaciones de pedidos –sobre todo los que deberían llegar desde el Sudeste asiático– están a la orden del día, lo cual es fatal cuando se corre contra el crono.
Y todavía, como advierten las distribuidoras, se va a agravar el cuello de botella burocrático, porque la tramitación de las plantas en construcción culminará en verano. En plenas vacaciones, justo cuando hay menos personal, los despachos se van a inundar con el tsunami de papeleo de los fotovoltaicos que quieren acogerse al RD 661/07.
La situación es muy preocupante. Aparte de los casos de pasmosa irresponsabilidad empresarial –hay plantas en construcción que no tienen punto de conexión–, parece claro que algunos promotores se están arriesgando demasiado. Aunque finalmente el Gobierno aparque la Propuesta remitida a la CNE y apruebe una regulación que le dé continuidad al sector, con total seguridad habrá un fuerte ajuste en el que aún hay demasiadas incógnitas: ¿a cuánto se pagará el kilovatio?, ¿se distinguirá entre instalaciones grandes y pequeñas?, ¿seguirá existiendo la opción de trocear las plantas a efectos de tarifa?
De la respuesta a esas preguntas depende la rentabilidad, e incluso la viabilidad, de los proyectos en marcha que lleguen tarde a la cita de septiembre, quizá por culpa del colapso administrativo. El riesgo, pues, no debería ser asumible, pero escuchando a las distribuidoras salta a la vista que algunos lo están asumiendo, tensando aún más un mercado que exige relajación.
Difícil será que los magistrados, abogados, procuradores y demás profesionales de la Justicia no coman durante un tiempo por culpa del maremoto fotovoltaico.
