A principios de este mes, el fondo de inversiones con sede en el Reino Unido Cubico Sustainable Investments adquirió la planta solar Arenales, de 50 MW y situada en Sevilla, al fondo PanEuropean Infrastructure. En línea desde 2013, esta instalación utiliza la tecnología de canales parabólicos y tiene siete horas de almacenamiento de sales fundidas. La adquisición elevó la cartera española CSP de Cubico a 150 MW, tras la compra de los 50 MW de Andasol 1 y 50 MW de Andasol 2 en 2017.
Desde 2018, yieldco Terraform Power ha adquirido 350 MW de capacidad CSP en España, mientras que Credit Suisse Energy Infrastructure Partners ha adquirido recientemente una participación del 49% en la cartera de 250 MW en termosolar al inversor ContourGlobal.
Tras varios años de incertidumbre en el mercado, la nueva legislación sobre tarifas y el fuerte rendimiento de las plantas han aumentado la confianza de los inversores en las plantas CSP en España, según informaron los principales inversores a New Energy Update.
"España cuenta ahora con una regulación estable que proporciona a los inversores visibilidad a largo plazo, confianza y reglas de juego claras", dijo David Esteban, vicepresidente de EMEA en Atlantica Yield. Atlantica Yield posee una participación del 100% en diez plantas termosolares españolas y participaciones mayoritarias en otras dos instalaciones, con una capacidad total de 681 MW. Las plantas tienen un plazo medio restante de ingresos garantizados de 17,7 años.
Los inversores también ven un valor en el almacenamiento de energía solar térmica de concentración. El gobierno español se está preparando para establecer objetivos ambiciosos en materia de energía fotovoltaica y eólica y quiere volver a impulsar también a construcción de plantas CSP, para llegar a 4,8 GW en 2025 y 7,3 GW en 2030.
Problemas con las tarifas
New Energy Update recuerda que España fue pionera en esta tecnología, pero su desarrollo se detuvo en 2013 después de que el gobierno de aquel momento decidiera poner fin a las tarifas de apoyo, con el argumento de que era necesario acabar con el déficit de tarifa eléctrico. Aplicado de forma retroactiva, el gobierno estableció una "tasa razonable" de retorno del 7,4% durante la vida del proyecto, basada en una prima a las tasas de los bonos españoles. Anteriormente, las plantas habían disfrutado de tasas de retorno superiores al 10%. El movimiento provocó una plétora de demandas.
Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez ha implementado una nueva ley que garantiza la retribución para los dos próximos 12 años. Aplicada a finales de 2019, las garantías estatales sólo estarán disponibles para los demandantes que abandonen los procedimientos de arbitraje contra la anterior reducción de las tarifas de España.
La ley asegura una tasa del 7,4% para los bienes comisionados antes de 2013 y del 7,1% para los comisionados después de esa fecha. Sin la legislación, las tasas de retorno habrían bajado a alrededor del 4,7%, según señalaba el bufete de abogados Wolters Kluwer en diciembre de 2019. Esto habría tenido un gran impacto en los ingresos de explotación.
La medida del nuevo gobierno ha proporcionado una mayor certeza de cara al futuro y, como resultado, ha atraído de nuevo el interés de los inversores, dijo a New Energy Update Ignacio Asensio, de Cubico Sustainable Investments. "Esta ley recientemente publicada está proporcionando a los inversores las garantías y la claridad que necesitan", destacó Esteban.
