Así lo ha señalado en una entrevista a Europa Press, en que que ha explicado que el objetivo de estas subastas es facilitar ese calendario al sector para que "haya una capacidad de anticipación muy clara de hacia dónde van las cosas y cómo se distribuyen también por tecnologías".
El Real Decreto que recoge el nuevo modelo de subastas para plantas renovables se está tramitando por vía de urgencia, con el objetivo de lanzar antes de que acabe este año la que será la primera subasta desde 2017. Las subastas se irán repitiendo posteriormente año tras año durante la próxima década.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno subrayó en la entrevista que desde el principio se ha tenido en cuenta la necesidad, tanto para los desarrolladores de los proyectos como para los productores industriales, de "tener una cierta previsibilidad" y que, por ello, en un principio, se apostó por fijar una cuota mínima anual -de 3.000 MW hasta 2030 y recogida en alguno de los textos de anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética-, algo que "gustaba mucho" al sector.
Ribera dijo que, no obstante, finalmente se decidió no incluir ese objetivo mínimo tras la consulta a expertos y juristas, ya que tenía "poco sentido vincularse de una manera tan poco flexible a una cifra fija al año, al no ser descartable que la capacidad de absorción pueda ir evolucionando a lo largo del tiempo".
La opción "intermedia" acordada –según la definió la ministra–, busca ofrecer un calendario para cinco años, con revisiones anuales. "Es decir, podremos ir dando una previsión sobre cómo pueden ir evolucionando los años por venir con una cierta horquilla. En lugar de quedarte en los 3.000 MW, el año que viene irá entre 2.000 y 3.000 y el siguiente calculamos que será entre 3.000/4.000 o entre 1.500 y 2.000. Pero ir viendo eso con una cierta capacidad de ajuste, dentro de unos corredores máximos y mínimos", explicó.
El PNIEC como referencia
En este sentido, Ribera dijo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es "probablemente uno de los instrumentos orientadores de inversión más potentes", ya que ofrece "más seguridad y confianza para cualquier inversor o desarrollador dentro y fuera del país".
Esta 'hoja de ruta' diseñada por el Gobierno pasa por el desarrollo de unos 60.000 MW de nuevas renovables hasta 2030, desde los más de 35.000 MW actuales, que se articulará a través de subastas, aunque la mayoría se levantará sin ninguna garantía o ayuda pública y a riesgo de los inversores.
A pesar de ello, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico advirtió de que hay que ser "cuidadosos" a la hora de gestionar el 'boom' de incorporación de energías verdes, prestando atención a la red de transporte y distribución eléctrica y pensando en cómo se combinan las distintas opciones que se pueden presentar, "ya que no se trata de atragantarse el primer año y después el gran vacío". A este respecto, se mostró partidaria de una combinación entre "una gran parte de proyectos de gran tamaño y otra de mucha cosa pequeña repetida muchas veces", con la entrada del autoconsumo en distintas escalas o el hidrógeno, entre otros.
Además, subrayó la necesidad de contar con la presencia tanto de los "actores clásicos, fundamentales y que entienden bien el sistema", como de otros más nuevos, "más audaces"; así como de "otros clásicos que están cambiando", como el 'oil & gas', que están "tomando posiciones en su negocio de siempre pero no con el mismo producto, "y están dando señales muy interesantes con un valor añadido desde el punto de vista de capacidad tecnológica, inversora y visión estratégica del mundo muy interesante".
