El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer su posición sobre la propuesta de la Comisión por 417 votos a favor, 141 votos en contra y 138 abstenciones. El PPE, Partido Popular Europeo (que cuenta con 182 diputados), el Partido Socialista Europeo (154) y el eurogrupo parlamentario Renew Europe, donde están PNV y Ciudadanos (108) impusieron su rodillo. Han votado en contra Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya. En la casilla de lo positivo, una conquista pecuniaria: el Parlamento insistió en aumentar sensiblemente la dotación del Fondo de Transición Justa (FTJ) en el presupuesto de la UE para 2021-2027 (25.000 millones de euros en precios de 2018, frente a los 11.000 millones propuestos por la Comisión, que el Consejo Europeo dejó en 7.500 millones). Este monto se verá completado con 32.000 millones de euros a precios corrientes, como se ha propuesto en el Instrumento de Recuperación de la UE. A la propuesta salida ayer del Parlamento le queda aún en todo caso un largo recorrido legislativo. "Los eurodiputados están listos para iniciar negociaciones con el Consejo sobre la creación del Fondo de Transición Justa, que aliviará -aseguran desde el Parlamento- el impacto social de avanzar hacia una economía verde".
Los puntos básicos del proyecto aprobado ayer son estos, según el PE
• creación de un «mecanismo de recompensa verde»: el 18% de todos los recursos del FTJ irá a aquellos Estados miembros que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero con mayor rapidez;
• un 1 % del total se asignará a las islas, y otro 1 % a las regiones ultraperiféricas;
• tasa de cofinanciación de hasta el 85 % del coste de los proyectos admisibles en toda la UE;
• posibilidad de transferir recursos de otros fondos de cohesión con carácter voluntario;
• ampliación del campo de aplicación a microempresas, turismo sostenible, infraestructura social, universidades y organismos públicos de investigación, tecnologías de almacenamiento energético, calefacción urbana de bajas emisiones, movilidad inteligente y sostenible, innovación digital (incluida la agricultura digital y de precisión), proyectos de lucha contra la pobreza energética, cultura, educación y desarrollo comunitario;
• una excepción para la inversión en actividades relacionadas con el gas natural en las regiones que dependen fuertemente de la extracción y la combustión de carbón, lignito, esquisto bituminoso o turba, siempre que dichas actividades puedan considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento por el que se establece una taxonomía y cumplan seis condiciones acumulativas más.
• ayuda a las personas, la economía y el medio ambiente;
Además, los países que no hayan adoptado un objetivo para 2050 sobre neutralidad climática sólo podrán disponer del 50% de los fondos que tengan asignados, hasta el momento que fijen dicho objetivo.
Manolis Kefalogiannis, ponente de la propuesta (Partido Popular Europeo, Grecia): "la Unión pretende, con el Pacto Verde Europeo, transformar socioeconómicamente aquellas regiones que dependen excesivamente de los combustibles fósiles o de industrias que son grandes emisoras de carbono. El 6 de julio, la comisión de Desarrollo Regional aprobó el borrador del informe por el que se crea el Fondo de Transición Justa. El FTJ será un componente fundamental de la política de cohesión de la Unión. Ya estamos listos para dar paso a las negociaciones interinstitucionales; al mismo tiempo, el FTJ irá estrechamente asociado al MFP 2021-2027 y al nuevo Instrumento de Recuperación, Next Generation EU"
Próximos pasos
Las negociaciones interinstitucionales sobre todos los puntos (excepto la dotación financiera, que se acordará en negociaciones paralelas sobre el Marco Financiero Plurianual, MFP) comenzarán lo antes posible.
La CE detalla el contexto
La Comisión publicó en enero una propuesta legislativa sobre el Fondo de Transición Justa (FTJ), la primera en reflejar las prioridades del Pacto Verde Europeo, a la que siguió en mayo una propuesta modificada con un aumento de los recursos destinados al Fondo.
Para que las negociaciones con el Consejo pudieran empezar lo antes posible, la comisión de Desarrollo Regional del PE pidió que el proyecto de informe y el mandato para las negociaciones se votaran directamente en el pleno. Según el artículo 71 del Reglamento interno del Parlamento, si este rechazara la decisión de una comisión de entablar negociaciones, el informe solo podría votarse en la siguiente sesión plenaria, lo que tendría el efecto de diferir las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.
