La carta que apela a Árias Cañete -titulada "Mierda al Medio Ambiente"- denuncia por una parte la supresión de la prima a la cogeneración (y su sustitución por la denominada "rentabilidad razonable") y critica duramente, por otra, la Solución Cañete al problema de los purines. A saber: el ministro, grosso modo, vendría a proponer -como medida provisional (medida "a corto plazo", dice)- el transporte del "purín a instalaciones o tierras donde sea posible su gestión". La propuesta, vaga, no resuelve la mayor (¿qué ocurrirá en el medio y largo plazo?) y tampoco resuelve nada en lo inmediato (el Seprona de la Guardia Civil ya ha apercibido a varios ganaderos -informaba hace unos días la cadena SER- por verter en lugares no aptos para ello).
Pero, vayan primero los antecedentes
Según ADAP, España cuenta con más de 25 millones de cabezas de ganado porcino: "el 20% de la cabaña de la Unión Europea". La cabaña porcina española -explica la asociación- genera unos 50 millones de metros cúbicos de purines cada año, muchos de los cuales se pueden aprovechar en la agricultura como fertilizante. Desgraciadamente -añade ADAP-, "más del 30% de esos purines se producen en zonas que no disponen de terrenos agrícolas próximos o estos no pueden aceptarlos; siendo, por tanto, excedentes".
Los malos olores y la emisión de gases de efecto invernadero son problemas que genera la gestión habitual de los purines. Además -explica la asociación-, el vertido de los excedentes puede dar origen "a graves contaminaciones del suelo, de las aguas superficiales y subálveas, provocando problemas ambientales en zonas de alta concentración ganadera". Esos problemas han propiciado la aparición de normativas "que exigen el tratamiento de los mismos, en especial, el de los excedentes, bien en la propia granja o en plantas centralizadas".
Del primer gobierno Aznar al primer gobierno Rajoy
Pues bien, ante la necesidad de compatibilizar el desarrollo del sector con las exigencias ambientales europeas -explica ADAP-, el primer Gobierno Aznar aprobó el Real Decreto (RD) 2818/98, "que permitió la aplicación de la cogeneración para el tratamiento de purines y su inclusión en el régimen especial eléctrico" (en el momento de la aprobación de ese RD, Cañete era eurodiputado). La aprobación de esa norma propició en efecto el surgimiento de instalaciones de cogeneración para el tratamiento de purines y el nacimiento de un sector, hoy agrupado en ADAP.
Una unidad de cogeneración funciona, grosso modo, así: alimentamos la máquina con gas natural; la máquina cogenera calor y electricidad; el calor deshidrata los purines, convirtiéndolos en fertilizante seco; la electricidad es vendida a la red y cobra una prima. La sustitución de la prima a la cogeneración por la denominada "rentabilidad razonable" supone una merma en los ingresos del sector del 10,41% (176 millones de euros), según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Casi una treintena de instalaciones de cogeneración para tratamiento de purines
Según los datos aportados por la asociación, en la actualidad, sus socios disponen de 28 plantas centralizadas que incorporan la cogeneración y dan servicio a cientos de explotaciones ganaderas, que poseen más de un millón de cabezas de porcino. En total -continúa ADAP-, esas instalaciones tratan más de 2,5 millones de metros cúbicos de purines, la tercera parte de los excedentes existentes: "consiguen convertir y reciclar los nutrientes agronómicos del purín excedente en unas 100.000 toneladas al año de fertilizantes orgánico-minerales, sustituyendo a fertilizantes químicos fabricados con recursos naturales no renovables; y reducen en unas 700.000 toneladas de CO2 equivalente anuales la emisión de gases de efecto invernadero".
A continuación, reproducimos íntegramente el Manifiesto de ADAP
«Manifiesto de ADAP sobre el informe preparado por la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] acerca de la propuesta de Orden sobre parámetros retributivos.
Las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama) respecto a la solución del tratamiento de purines suponen un duro golpe al medio ambiente.
El ministro Arias Cañete, para justificar su abandono a las plantas de tratamiento de purines con cogeneración asociadas, propone medidas que no evitarán la contaminación del sector porcino, con lo cual se pone en peligro esta emblemática marca en un momento en el que tira de la recuperación exportando el 50% de su producción.
Las plantas de tratamiento de purín se encuentran paradas desde mediados del mes de febrero, mientras que el Magrama no se digna a trabajar con ellas en la elaboración de un plan de futuro del sector. En su lugar, pretende rescatar con carácter de urgencia soluciones obsoletas y de probada ineficacia, como es el caso del transporte del purín a largas distancias.
No se puede decir, de manera demagógica, que un sector que ha invertido más de 600 millones de euros se esté lucrando de forma indebida por haber percibido, como dice el gobierno, más de 3.000 millones desde su puesta en marcha en el año 1998, ignorando total y deliberadamente los costes en los que se han incurrido anualmente para tener derecho a esa retribución.
Sería como asegurar que un taxista que pagó por su taxi 20.000 euros y fue contratado por el propio ministerio con la exigencia de realizar 200.000 kilómetros, tras facturar 200.000 euros por sus servicios, ha recuperado su inversión diez veces. Tanto para el taxista como para las plantas de purines, más del 80% de sus costes se deben al combustible. Lo que habría que analizar es si el precio del servicio y, por tanto, su rentabilidad, son adecuados.
El sector del tratamiento de purines ha entregado el análisis de sus cuentas de resultados auditadas a una firma de consultoría de reconocido prestigio internacional, que ha elaborado un informe con la realidad del sector. Dicho informe ha sido entregado a todos los órganos implicados de la administración: Minetur, Magrama, CNMC, IDAE, y comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía, entre otras.
En este estudio se demuestra que la rentabilidad media del sector es del 3,3%, menos de la mitad de lo que la Ley del Sector define como razonable [7,5%]. Por tanto, es rotundamente falso que las plantas ya estén amortizadas o que se hayan lucrado en exceso, como sostiene el gobierno.
Las plantas se empezaron a construir a finales de la década de los noventa, siguiendo las directrices de la regulación creada ex-profeso para solucionar el problema ambiental del purín en las explotaciones de porcino, bajo un gobierno del Partido Popular. Desde entonces, los sucesivos gobiernos las han legalizado como activos del sector eléctrico, incluso el mismo partido del ejecutivo actual.
La nueva regulación no reconoce la totalidad de la inversión de las plantas como activo del sector eléctrico, por lo que, a partir de la aprobación de la misma, las plantas pasarán a ser consideradas de manera distinta, pero no desde la aprobación de la norma, sino desde su puesta en marcha. Un caso claro de retroactividad que origina un perjuicio económico considerable.
Remunerar solamente la parte de la cogeneración asociada a la planta de tratamiento de purines, como si de una cogeneración convencional se tratara, es negar la existencia de una realidad previa, al dictado de una regulación aprobada muchos años más tarde de su ejecución, en un ejercicio orwelliano de adaptación de la realidad a los deseos de un gobernante.
Y los señores senadores del PP que han votado en contra de la moción son conocedores de ello. Reivindicamos estas instalaciones de ADAP como una solución más, compatible con otras, para el tratamiento del purín y la protección del medio ambiente. No tiene sentido cerrar estas plantas para, a continuación, buscar soluciones con la construcción de otro tipo de plantas, como se está empezando a plantear en algunos foros.
Como ejemplos tenemos las actuaciones del Gobierno de Aragón que, en 2006, tras el proyecto europeo LIFE ES-Wamar, invirtió más de 18 millones de euros de fondos europeos en una solución alternativa para la gestión de purines en zonas excedentarias de su comunidad; y la de la Diputación de Castellón, que licitó en 2003 la construcción de cinco instalaciones por un total de 11,5 millones, basadas en conceptos técnicos alternativos al promovido desde ADAP. Pese a que en esas iniciativas no había promotores privados que se lucrasen en exceso, la cruda realidad es que todas estas instalaciones fueron soluciones fallidas y dejaron de funcionar por inviabilidad técnica o económica.
Por ello, cuando desde el Magrama se aboga por el transporte a largas distancias, sin tener en cuenta la realidad de cada una de las zonas a las que dan servicio las plantas, ni la estacionalidad de la fertilización de cultivos, y establece que los costes asociados no deben superar los cuatro euros por metro cúbico, está cayendo en una simplificación que conlleva la consideración de las fincas como vertederos de purines, ignorando el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
Así pues, la solución propugnada por el Magrama no pasa de ser una trampa planteada a los ganaderos, para marginar inmediatamente a las plantas de ADAP (justificando socialmente su cierre), y abandonarles con su problema ambiental a medio plazo, ya que, a buen seguro, el transporte del purín a zonas colindantes actualmente libres de este problema suscitará el rechazo social en las zonas receptoras, que lo hará inviable en un futuro cercano. Entonces será ya muy tarde para acordarse de las soluciones comprobadas».
Acerca de ADAP
La Asociación de empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) aglutina a todos los representantes del sector porcino implicados en las plantas de tratamiento, desde granjas hasta distribuidores de productos, pasando por las principales compañías medioambientales y energéticas nacionales: sus socios son Abantia, Abengoa, Eamsa, El Pozo, Gas Natural Fenosa, Guascor Dresser-Rand, HC Energía, Iberdrola Cogeneración, Neoelectra Management, Ros Roca, Sener y VAG/EDF Fenice.
