"Lo damos por adoptado y me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos. Creo que ha sido una buena experiencia de cómo somos capaces de superar, de sumar y de seguir trabajando juntos por una Europa mejor. Ya tenemos acuerdo. Es una gran noticia, algo que nos parecía imposible hace muy poco tiempo". Así, con estas palabras y con una emoción que no podía ocultar, Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica en funciones y la encargada de conducir las negociaciones sobre la reforma del mercado eléctrico europeo ha conseguido su objetivo: los ministros de Energía y Clima de la Unión Europea han alcanzado este martes en Luxemburgo un acuerdo para reformar el mercado eléctrico y hacer que los precios de la electricidad dependan menos de la volatilidad de los combustibles fósiles. La única excepción ha sido Hungría.
La propuesta alcanzada -según informa Europa Press- habla, por un lado, de los contratos por diferencia para las instalaciones existentes en caso de inversiones para aumentar su capacidad o repotenciarlas y, por otro, garantizar la evaluación de la Comisión con arreglo a la legislación sobre ayudas estatales y velar por cualquier distorsión de la competencia. Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce, lo que reduce la volatilidad en los precios.
Los Veintisiete han acordado que estos contratos bidireccionales por diferencia sean el modelo obligatorio utilizado cuando se trate de financiación pública en contratos a largo plazo y se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, lo que proporcionaría "previsibilidad y certidumbre". Las normas para los contratos por diferencia solo se aplicarían después de un período transitorio de tres años -cinco años para los proyectos de activos híbridos 'offshore' conectados a dos o más zonas de licitación- después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso.
Al mismo tiempo, los ingresos derivados de estos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costes de los sistemas de sostenimiento directo de los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales. Esto significa que "todos los regímenes de apoyo de precios para activos, ya sean nuevos o existentes, van a tener que atenerse a un diseño claro", ha explicado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien ha celebrado el acuerdo sobre una reforma que hará que el mercado sea "más predecible" para el sector eléctrico y, en consecuencia, ofrezca "mayores beneficios" y abra espacio para las tecnologías limpias. "Es un gran paso adelante y funciona para los Veintisiete", ha apostillado.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, lo ha explicado con estas palabras: "una reforma llamada a proteger mejor a los consumidores, a facilitar una estabilidad en los precios a medio y largo plazo, y atractiva a los inversores. También ha facilitar el almacenamiento de energía. Europa, cuando trabaja junta y unida, puede hacer grandes cosas".
