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Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Fundación Renovables: la Ley no fija objetivos de autoconsumo y no apuesta por la independencia energética

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La Fundación Renovables ha hecho una lectura muy exhaustiva del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha preparado el Gobierno, y de esa lectura ha extraído una conclusión general que no deja bien parado al redactor: su falta de ambición, que queda explícita en tres líneas. (1) Mientras la Comisión Europea ha elevado su objetivo 2030 de reducción de emisiones a un -55% con respecto a lo que la UE emitía en 1990, el Ejecutivo Sánchez se propone en su proyecto de Ley un -20%; (2) esa no ambición denota una no apuesta "por la eliminación y la disminución de nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles" (el año pasado España importó productos energéticos por valor de más de 44.000 millones de euros); y (3), "si hay algo -concluye la Fundación- que seguimos echando de menos (...) es la no consideración específica del autoconsumo, ni en la fijación de objetivos a nivel nacional ni en su introducción masiva en todos los ámbitos del consumo de electricidad".
Fundación Renovables: la Ley no fija objetivos de autoconsumo y no apuesta por la independencia energética

La Fundación Renovables presentó ayer su informe “Análisis de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, documento en el que analiza, de manera pormenorizada, el articulado del Proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno, y en el que, además, propone una serie de mejoras para estos. "El objetivo de este informe -explican desde la Fundación- no es otro que el replanteamiento y el desarrollo de muchas partes específicas ligadas al cambio climático, estén o no contenidas en el articulado, entendiéndolas como necesarias para crear una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con un marco amplio de actuaciones ambiciosas, que permitan definir el futuro que queremos y cómo conseguirlo". La Fundación considera que los objetivos contenidos en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética "no son suficientemente exigentes para recuperar el déficit histórico que llevamos con respecto a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea (CE) y con relación a otros países de nuestro entorno".

Además -añade el documento-, la propuesta legislativa que hace el Gobierno "supone aceptar que hemos perdido ya una década al asumir como objetivo para 2030 el que la Unión Europea (UE) tiene para 2020". La Comisión Europea decidió hace unos días dar un paso adelante proponiendo un objetivo de reducción de emisiones del 55% (-55% de emisiones con respecto a las registrasdas en 1990) después de que el Parlamento Europeo (PE) propusiera un objetivo del 60%.

Spain is diferent
Frente a ese -55% de la Comisión (-60% del Parlamento), el Gobierno de España propone un raquítico -23% en la última versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, algo que la Fundación considera "insuficiente e incoherente a largo plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050". Insuficiente el objetivo recogido en el Plan (-23%), y más insuficiente aún el señalado en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: -20%. De manera similar -denuncia la FR-, la ambición de otros objetivos también flaquea. El de penetración de energías renovables respecto al consumo de energía final desciende "incomprensiblemente" desde el 42% planteado en el Plan al 35% del proyecto de Ley; el objetivo de generación de electricidad a partir de fuentes renovables cae del 74% del Plan al 70% de la Ley.

En todo caso -alerta la Fundación-, la apuesta por la generación de electricidad con renovables "no se ve reflejada en la estructura de la demanda final de energía, en la que el peso de la electricidad sigue siendo incomprensiblemente bajo, pese a ser un vector sin emisiones en destino, lo que significa -sostiene la Fundación- que no se apuesta por considerar la calidad del aire de las ciudades como elemento base de la lucha contra el cambio climático".

Todo ello lleva parece conducir necesariamente a una devaluación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 como marco normativo referente de cara a 2030 y, sobre todo, "abre dudas con respecto al mantenimiento y al desarrollo de la posición nacional, ya comunicada a la CE" (el Gobierno envió ese Plan, con esos otros objetivos -más ambiciosos-, el pasado mes de abril).

La Fundación propone como alternativa
La FR considera así completamente necesaria "una revisión urgente de los objetivos de reducción de emisiones, incrementándolos para 2030 por encima del 50% y estableciendo un 100% para 2050".

Además, considera posible alcanzar un 50% de penetración de renovables en el consumo final de energía y un 80% en el sistema eléctrico en 2030, llegando al 100% de ambos objetivos en 2050.

En tercer lugar, propone como objetivo un 50% de electrificación de la demanda energética para 2030 y un 80% para 2050. El nivel de electrificación establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030: 27%.

Electrificación de la demanda
Electrificar la demanda (vehículo eléctrico frente al de combustión, microondas y cocina de inducción frente al gas natural) es la única medida para mejorar la mala calidad del aire de nuestras ciudades y reducir los niveles de mortalidad prematura en los colectivos vulnerables de la sociedad por sus afecciones del sistema cardiorrespiratorio, ocasionados, generalmente, por la contaminación de procesos de combustión, tanto en emisiones de GEI como de micropartículas en suspensión (PM 2,5).

La electrificación de la demanda es la única vía para la mejora de la eficiencia, la incorporación de las energías renovables y la reducción de emisiones, y constituye el escenario básico en el que el consumidor debe asumir sus derechos y obligaciones para lograr el cambio de modelo y, por lo tanto, debe formar parte como objetivo vinculante de nuestra política energética y de las medidas a considerar, tanto en el proyecto de Ley en el Plan 2021-2030 y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

Consumo responsable
La FR considera por otro lado que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe apostar, explícitamente, por el consumo responsable como obligación y por la puesta en marcha de iniciativas regulatorias para que el consumidor tenga los derechos que la Directiva de Renovables adelantaba hace ya años: comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica. Sin embargo, la escasa ambición del proyecto "nos lleva a pensar que, desgraciadamente, seguimos apostando, en bucle, por los procesos de combustión con el correspondiente incremento de emisiones de GEI, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos".

Ni exigente ni ambicioso, ni acorde ni consecuente
La conclusión a la que llega la Fundación en su informe es inequívoca: el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética no es exigente ni ambicioso en los objetivos que contiene, como tampoco lo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. "Esto -señalan desde la FR- conlleva que no asuma su papel legislativo de referencia y compromiso con respecto al presente y al futuro de nuestro país". Los objetivos fijados "no son acordes ni consecuentes con el retraso histórico en materia de emisiones que arrastramos, por no apostar por la eliminación y la disminución de nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles, y por el poco alcance que tienen las energías renovables en el desarrollo del marco legislativo".

Heterogeneidad y poca ambición en el desarrollo
El contenido del articulado del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y su desarrollo es heterogéneo, "mostrando cierta laxitud en unos puntos que consideramos que deberían tener más relevancia y más profundidad en otros que, a nuestro entender, deberían ser elementos de apoyo y de fomento del desarrollo".

En lo que respecta a la apuesta por las energías renovables la Fundación califica de "difícilmente comprensible" la asimetría mostrada, ya que las propuestas se centran en la regulación de la reversibilidad e hibridación de centrales hidroeléctricas, "más pensada para el mantenimiento de la apuesta por el negocio concesional, con el objetivo de rentabilizar una inversión, que por la gestión de un recurso natural".

La Fundación vuelve a alertar sobre los gases renovables, "señuelo de la transición" para atraer Fondos Europeos para la Reconstrucción cuyo fin real es "el mantenimiento del gas natural".

El razonamiento grosso modo podría ser este: como el gas no puede ser catalogado como fuente limpia de energía (pues emite CO2 durante su extracción, durante su transporte y durante su quema para producción de electricidad o calor), pues apostamos por el biogás/biometano, lo inyectamos en las redes y así hay excusa para seguir manteniendo un modelo energético en el que quepa el gas natural (fósil), pues no vamos a poder reemplazar de hoy para mañana todo el gas natural (fósil) por biometano. El biogás/biometano con ayuda de los Fondos sería así un gol en el penúltimo minuto del partido que obligaría la prórroga (del gas). La Fundación alerta en ese sentido sobre la expansión "de la ya sobredimensionada infraestructura de transporte y distribución" y plantea como alternativa la electrificación de la demanda.

"Es sorprendente -dice la Fundación- la gran relevancia que se le da a algo meramente testimonial y colateral -por el gas renovable- dentro de una norma básica, con rango de Ley, y que está llamada a ser el paraguas general que sirva para cambiar el actual modelo energético, dejando de lado y no mencionando en el articulado al resto de las energías renovables. Sobre todo, cuando ya hay energías maduras tecnológicamente con un mercado y una industria competitiva, como son la fotovoltaica y la eólica".

Lo primero, evitar emisiones y contaminar acuíferos; lo último, valorizar subproductos
Asimismo -explican desde la Fundación-, "no entendemos la ausencia de referencias a la gestión de los residuos de la ganadería y de la agricultura, aún más teniendo en cuenta que en España la industria agroalimentaria es una base económica para muchas familias y un gran mercado con carácter exportador, y a la necesidad de poner límites a la ganadería intensiva, actividad económica en la que se basará la producción de algunos gases renovables a través de procesos de biodigestión y que deben anteponer las emisiones y la contaminación de acuíferos a la reproducción de energía como subproducto que valorice el proceso, sobre todo, cuando España, según las últimas estadísticas, lidera en el ámbito europeo el tamaño de la cabaña ganadera".

El proyecto de Ley no fija objetivos de autoconsumo
"Pero, si hay algo que seguimos echando de menos en todas las normativas que el Gobierno actual está llevando a cabo -establece la FR- es la no consideración específica del autoconsumo, ni en la fijación de objetivos a nivel nacional ni en su introducción masiva en todos los ámbitos del consumo de electricidad". De hecho -denuncia la Fundación-, la mención a una práctica -el autoconsumo- que es básica para conseguir la transposición de las directivas europeas en referencia a la construcción de edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB) no aparece ni en el escueto artículo 7, que hace referencia a la eficiencia energética y rehabilitación de edificios, y, "aunque en los planes y estrategias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se consideren de forma no cuantificada, por su relevancia y por su exigencia explícita en las diferentes directivas europeas, debería estar incluido en el alcance de la ley".

El reto demográfico
La Fundación también echa en falta una apuesta por el desarrollo urbano y la actuación en ciudades, máxime cuando España es un país eminentemente urbano (más del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes) y despoblado en gran parte de su territorio (el 16% de la población vive en el 53% del territorio, 10% si no se tienen en cuenta las capitales de provincia). Las propuestas de actuación urbanas se circunscriben principalmente -señala la FR- a temas de movilidad y en municipios de más de 50.000 habitantes (148 municipios de los 8.131 existentes en España, que incluyen el 68% de la población), condenando al ostracismo al 32% restante o, lo que es lo mismo, al 98,2% de los municipios.

Y ello es así cuando la gran lucha contra el cambio climático y a favor de una adecuada calidad del aire "debe llevarse a cabo en el ámbito urbano, situación no asumida en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ni en gran parte de la normativa energética de España". En ese sentido, la Fundación considera que deberían tener especial desarrollo en la ley "temas como el urbanismo inclusivo, la transformación de la ciudad, la recuperación del espacio público, la autosuficiencia energética de los edificios, la electrificación y la consiguiente erradicación del consumo de combustibles, el turismo sostenible, la actuación en barrios, el desarrollo de polígonos industriales, etcétera".

Re-ha-bi-li-ta-ción, otra gran falla de la Ley, según la Fundación
Los objetivos de rehabilitación energética -dice la FR- adolecen de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante. La Fundación es muy explícita: la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, como iniciativa delegada, (1) no plantea, al no incluir plazos, la transposición completa de la nueva Directiva Europea 2018/844 de edificios; (2) no incluye las Recomendaciones (UE) 2016/1318 sobre los edificios de consumo de energía casi nulo ni la Recomendación (UE) 2019/786 sobre rehabilitación; y (3) no ofrece apoyos financieros para promover un mercado de rehabilitación.

Total ausencia de la política fiscal
"Otro punto llamativo -señalan desde la Fundación- es la total ausencia y el no reconocimiento de la política fiscal como instrumento principal, al margen de su efecto recaudatorio". En ese sentido, la FR apuesta por la necesidad de disponer de una política fiscal verde, que permita modificar –mediante señales adecuadas de precio– los hábitos de consumo de energía: "la ley de política fiscal que defendemos en materia energética debe ser activa y finalista en cuanto al gravamen de prácticas no deseables y el fomento de las que sí lo son".

Transformación del marco legislativo actual
Para la Fundacion Renovables, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser "el paraguas y la base sólida sobre la que se construya un desarrollo económico y social sostenible, inclusivo, equitativo y con justicia intergeneracional". Así -advierten desde la FR-, la ley "no puede ser entendida como una consecuencia de las normas y de los posicionamientos aprobados por el poder ejecutivo, sino más bien al contrario, debe ser la que marque el camino y dé estabilidad temporal a largo plazo".

En ese sentido, la Fundación reclama "la imperante necesidad de poner en valor las funciones del Parlamento y del poder legislativo, que tiene que ser el garante que dé estabilidad y continuidad en el tiempo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, supervisando los compromisos y los objetivos adquiridos a través de ella, englobando e incluyendo en su marco la transformación, los mandatos o las modificaciones de las leyes vigentes y de posibles anteproyectos de nuevas iniciativas."

La Ley -propone la Fundación- debe englobar en su articulado el desarrollo, la fijación, los plazos, las revisiones y el alcance de todos los objetivos, planes y estrategias.

Propuesta fiscal de la FR: debemos acometer modificaciones profundas en fiscalidad
• en todo su desarrollo normativo (Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética),

• en el papel de las diferentes administraciones, con especial apuesta por las Administraciones Locales (Ley Orgánica 1/2012 y Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera),

• en la regulación del sistema eléctrico (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico),

• en la apuesta por leyes que no hemos desarrollado, como la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas, 3R,

• en el progreso de nuevas iniciativas,

  • como una Ley de Reforma del Sector Eléctrico y otra Ley de Fiscalidad Verde, que afecten a la mejora de la calidad del aire desde un punto de vista de la salud, de la gestión de los recursos naturales,
  • una Ley de Economía Circular y otra de Movilidad Sostenible,
  • del desarrollo rural, promulgando una Ley de Silvicultura Sostenible y una Ley del Agua, entendiendo que el desarrollo, la tramitación, la modificación y la promulgación de esta batería legislativa debe estar referenciado bajo mandatos o disposiciones en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por último, la Fundación Renovables entiende que el alcance de la ley y su aprobación debe ser la consecuencia de un Pacto de Estado que cuente con la mayor representación de fuerzas políticas y que venimos reclamando desde hace varios años, "pero sin que el necesario consenso suponga una pérdida de ambición del alcance de la propia ley".

La futura Ley deberá definir -considera la FR- qué presente y qué futuro queremos tener "y, obviamente, debe ser garante no solo de la estabilidad jurídica que no hemos tenido en el pasado, sino, también, de la estabilidad de acción y de unas políticas energéticas centradas en la eficiencia, en las energías renovables y en la sostenibilidad en su sentido más amplio".

La Fundación concluye con una advertencia: "la demora y, sobre todo, la falta de ambición y compromiso de la futura ley va en contra de la sociedad, que será la encargada, en el futuro, de pagar las consecuencias tanto a nivel medioambiental como sanitario, económico y social".

Fundación Renovables se define como "un Think tank de energía independiente, fundado en 2010 por profesionales con larga trayectoria en el sector y que ha crecido sumando al proyecto a muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren ser parte del cambio, a investigadores, activistas, profesionales de la energía, políticos y consumidores".

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