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La legislatura del parlamentarismo energético

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Se avecinan tiempos apasionantes energéticamente hablando. La época de los gobiernos que gozaban de facto del monopolio de la iniciativa legislativa en materia energética y de los parlamentos que se convertían en un mero trámite formal en la aprobación de las normas ha concluido (al menos temporalmente). El actual Gobierno tendrá que negociar, dialogar, ceder y alcanzar acuerdos para poder regular en el sector energético. Por Daniel Pérez*.
La legislatura del parlamentarismo energético

Aunque el Gobierno mantendrá, como es lógico, el poder para aprobar reales decretos, éstos tendrán que obedecer a lo que digan las leyes y reales decretos-leyes, que necesariamente pasan por el Parlamento, con enmiendas las primeras, y con un sí o un no los segundos.

¿Qué no me creen? Les entiendo, después de tantos años de rodillo de la mayoría y de normas aprobadas sin diálogo alguno con el sector, es normal. Pero permítanme ponerles tres ejemplos concretos de temas vitales para el sector energético en los que ya se atisba ese parlamentarismo energético del que les hablo: el autoconsumo, la movilidad eléctrica y la pobreza energética.

Empecemos por el autoconsumo. Como saben, en febrero de 2016 todos los partidos políticos con representación parlamentaria salvo el PP llegaron a un acuerdo de texto legislativo sobre autoconsumo, que se comprometieron a aprobar cuando las circunstancias políticas lo permitieran. Pues bien, ese texto ya ha sido admitido en la mesa del Congreso y dentro de poco el Pleno debatirá si tramitarlo o no, siendo esperable que la respuesta sea afirmativa. En tal caso, tanto el Congreso como el Senado tendrían que aprobar el texto, pudiéndose realizar enmiendas. Y me dirán, claro, pero el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y vetará el texto. Cierto, pero aun así, ese veto puede luego ser levantado por el Congreso, con lo que el “no” del Senado lo único que provocará es un retraso en el proceso legislativo.

El segundo caso es el de la movilidad eléctrica. De nuevo, estamos ante una propuesta de Ley, presentada esta vez por el grupo mixto y que parte de un texto consensuado por los principales agentes del sector en una iniciativa promovida por el ICAEN. El texto, que fue admitido a trámite el pasado viernes, ahora está a la espera del informe del Gobierno y posteriormente, como es previsible que el Gobierno se oponga, el Pleno del Congreso tendrá que decidir si lo tramita o no. Seguidamente, tendrá que pasar por el procedimiento ordinario en Congreso y Senado hasta su aprobación definitiva. En ambos casos, no es necesario que el Gobierno esté a favor de la norma, sino que éste tendrá que cumplirla si la mayoría parlamentaria así lo decide.

Finalmente, encontramos el caso de la pobreza energética, que, por desgracia tanto ha dado que hablar últimamente. En este caso es previsible que el Gobierno apruebe un Real Decreto-Ley, debido a la urgencia de la materia, ya que el Tribunal Supremo recientemente anuló la financiación del bono social. Aquí el Gobierno aprueba y el Congreso tiene que decir sí o no, sin poder enmendar el texto. Lo interesante es que como el Gobierno no tiene mayoría absoluta, se verá obligado a asegurarse informalmente los apoyos necesarios al texto antes de aprobarlo, pues de lo contrario no será convalidado por el Congreso. La moción aprobada el pasado martes en la materia, apoyada por todos los grupos salvo el del Partido Popular, que se abstuvo, le proporciona al Gobierno unas buenas directrices de por dónde tiene que ir el Real Decreto-Ley para contar con suficientes apoyos.

Ya veremos cómo acaban los tres procesos legislativos, que nos permitirán hacernos una idea de lo que podría venir después. Pero lo que está claro es que si los partidos políticos cumplen sus compromisos y actúan en la misma línea que lo han hecho hasta ahora, el Parlamento estará por fin marcando las líneas principales de la política energética española.

Todo este escenario es apuntalado además por el nuevo paquete legislativo europeo en ciernes, que si bien se aplicará oficialmente a partir de 2021, una vez aprobado (2017 ó 2018), tendrá efectos inmediatos sobre el sector, ya que se podrán conocer los límites del regulador nacional con varios años de antelación y los actores ajustarán sus comportamientos en base a ello, incluso si el periodo de transposición aún no ha concluido.

Por tanto, tras un año de parálisis legislativa absoluta, agárrense, que vienen curvas, aunque esta vez puede que la carretera nos lleve hacia un futuro más sostenible.

* Daniel Pérez Rodríguez es socio en Holtrop SLP Transaction & Business Law

Tags: Movilidad , Europe
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