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La industria gasintensiva se marchará a otros países si no recibe ayudas

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En esos términos podría resumirse el mensaje que ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez la asociación española de consumidores de gas, GasIndustrial. La industria gasintensiva, que consume el 60% del gas nacional, ha difundido un comunicado en el que, por una parte, pide ayudas (para sortear la brutal escalada del precio del gas) y, por otra, dice no al Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, fondo (aún no aprobado por el Gobierno) al que los grandes consumidores de gas deberían aportar recursos para financiar con ellos las ayudas a las energías renovables. Sería algo así como "los que contaminan -el gas es un combustible fósil que produce emisiones de CO2, desencadenante de cambio climático- pagan a los que producen energía limpia (las renovables)". Entre los socios de GasIndustrial se encuentran, entre otras multinacionales, Fertiberia, Cosentino o Atlantic Copper.
La industria gasintensiva se marchará a otros países si no recibe ayudas

"El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que el Gobierno pretende resucitar puede suponer un duro golpe a una industria gasintensiva ya muy castigada, que lucha por mantener a flote su actividad y su empleo en el peor contexto posible". Lo dice GasIndustrial, la asociación de consumidores de gas, entre cuyos socios se encuentran Fertiberia, Cosentino, Atlantic Copper, Ence y otras siderúrgicas, cerámicas y papeleras. La asociación pide además ayudas para la industria consumidora de gas y advierte de que, "de no contar con dichos apoyos es más que probable que las producciones se vayan trasladando a otros países con costes más competitivos". La historia es tal que así.

El Gobierno anunció en diciembre de 2020 la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ese fondo, del que habrán de salir las ayudas a las energías renovables (unos 5.500 millones de euros que ahora salen de la factura que pagamos todos los consumidores de electricidad), lo financiarán, según el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Fondo plantea pues el reparto de los costes de las renovables (y también de la cogeneración y los residuos) entre todas las fuentes de energía. Esto supone repartir el esfuerzo realizado para descarbonizar nuestra economía entre todos los agentes que consumen energía para sus procesos o para su vida diaria y, a su vez, da un empuje a la electrificación, que es una de las vías más rápidas de descarbonización de la economía (y por ende de lucha contra el cambio climático).

Cronología
El anteproyecto de ley es abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general en diciembre de 2020. El Consejo de Ministros aprueba en junio de 2021 el Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "con un cuádruple objetivo: dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas".

Según ese proyecto, el Fondo, que prevé un calendario de implantación gradual de cinco años, permitirá financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes fijos de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (ReCoRe, renovables, cogeneración y residuos), un coste que hasta el momento solo estaba asociado al sector eléctrico. De esta manera -apuntan desde el Gobierno-, "el proyecto pretende avanzar en los objetivos de descarbonización de la manera más eficaz y eficiente posible".

Ahora, año y medio después de su anuncio y un año después de la aprobación del Proyecto de Ley en Consejo de Ministros, su tramitación parecía reactivarse (si bien ya hay rumores de que será en septiembre cuando en realidad lo haga).

Sea como fuere, GasIndustrial, la asociación de consumidores de gas, entre cuyos socios se encuentran Fertiberia, Cosentino, Atlantic Copper, Ence y otras siderúrgicas, cerámicas y papeleras, ha difundido esta semana un comunicado en el que sostiene que "la aprobación del Fondo dañará duramente a las industrias gasintensivas, ya castigadas por la crisis de precios del gas". Los consumidores, que señalan en su nota que "ningún país europeo penaliza así a su tejido industrial", consideran "inaceptable" la implantación del Fondo "sin proteger previamente al consumidor gasintensivo". Según GasIndustrial, los costes del sistema gasista (peajes y cargos) suman ya 2.592 millones de euros. A ellos vendrían ahora a sumarse las futuribles aportaciones del sector gasista al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que "irán en aumento cada año -según GasIndustrial- hasta llegar a 1.200 millones de euros, que en el lustro de vigencia sumarán un total de más de 3.500 millones de euros, penalizando duramente al consumidor industrial gasintensivo".

GasIndustrial describe el escenario de junio de 2022
«La industria manufacturera es intensiva en consumo de gas y electricidad, unos costes que son la clave de su competitividad (...). La industria consume el 60% del gas nacional, el doméstico representa el 20% y la generación de ciclos combinados el otro 20%. Al dispararse los precios del gas en octubre de 2021, el Gobierno protegió al consumidor doméstico congelando la tarifa. Ahora, el mecanismo del “tope al gas” reconoce unos costes de gas a los ciclos para impedir que se trasladen costes al consumidor eléctrico. Pues bien, incomprensiblemente, el consumidor industrial gasintensivo (60%) verá incrementados sus costes»

GasIndustrial califica de "inaudito" que el proyecto del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "no especifique la cantidad a compensar por la industria, ni tenga en cuenta que según la tramitación actual de las directrices europeas de ayudas de Estado esta compensación pueda incluso ser ilegal".

El nivel de incertidumbre del consumidor gasintensivo es así "extremo", según la asociación, que pide para sus asociados "un mecanismo de protección". En ese sentido, GasIndustrial asegura que "en estos meses, cientos de industrias españolas se están viendo abocadas a parar su producción por los altos precios del gas".

La demanda de gas industrial -recuerdan desde la asociación- se desplomó en abril casi veinte puntos (-19,4%) y en mayo volvió a caer otros catorce (-14,6%). "Es incomprensible -concluye GasIndustrial- que, en semejante contexto de parálisis progresiva de la industria gasintensiva, incapaz de asumir estos altos costes, el Fondo venga para incrementarlos más".

La asociación de consumidores de gas pide por todo ello "medidas de competitividad energética que eviten la progresiva deslocalización de su industria" y advierte que, "de no contar con dichos apoyos es más que probable que las producciones se vayan trasladando a otros países con costes más competitivos".

La contribución al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "lastrará" la competitividad de la industria española, según GasIndustrial, "perjudicándola gravemente en un momento clave en el que los industriales luchan por su supervivencia, por aumentar su actividad exportadora y por mantener el empleo".

GasIndustrial es una asociación que trabaja "para conseguir un gas competitivo y defender los intereses de los consumidores industriales que necesitan un suministro fiable y a un precio competitivo". Declara como sus objetivos los siguientes: "lograr peajes armonizados con los del resto de Europa, regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, libre competencia en el mercado y participación de los consumidores en los aspectos regulatorios y de planificación".

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