panorama

Industria plantea un escandaloso cambio legal a la medida de Garoña, asegura Ecologistas en Acción

0
Se acaba de abrir el plazo de audiencia pública para el nuevo Real Decreto sobre gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos. Por medio de este RD se pretende modificar el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), pieza clave de la legislación de seguridad española, para permitir la reapertura de Garoña. Ecologistas en Acción lo considera un verdadero escándalo político que pone en peligro la seguridad nuclear.
Industria plantea un escandaloso cambio legal a la medida de Garoña, asegura Ecologistas en Acción

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dio ayer 15 días de tiempo para presentar alegaciones a las partes interesadas sobre el “Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”. Se trata de un documento nuevo que cambia sustancialmente otro Proyecto de RD que el Ministerio sometió a audiencia pública a finales de 2012.

En el nuevo RD aparecen varios párrafos escritos ex profeso para facilitar una hipotética reapertura de Garoña. En concreto se dice en referencia al RINR: “Asimismo, se modifica el citado Reglamento, a fin de aclarar que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho cese, cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica. Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Seguridad Nuclear”.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, se trata de un “hecho escandaloso” por varios motivos. En primer lugar, por el intento de modificar nada menos que el  Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) con un simple Real Decreto que se pretende aprobar sin más que el trámite de audiencia de las partes interesadas, sin trámite parlamentario.

En segundo lugar, el tiempo que el CSN tiene para evaluar las consecuencias de este nuevo RD sobre la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas “es sencillamente ridículo, sobre todo teniendo en cuenta que el Organismo Regulador tardó cuatro meses en evaluar el anterior RD que el Ministerio de Industria le sometió a estudio. Esta peligrosa reducción de plazos pone en peligro la seguridad nuclear en general y contraviene los dictámenes del OIEA que recomienda periodos de tres a seis meses para evaluar el impacto de este tipo de decisiones”.

Una ley a la medida de Nuclenor
Tercero, el “ministerio está legislando a la medida de los intereses de una empresa privada, pasando por encima del interés general y del resto de las empresas generadoras de electricidad. Resulta inaudito que el Gobierno del PP tuerza la ley para favorecer a Nuclenor y para intentar cumplir sus promesas a la industria nuclear de mantener Garoña en funcionamiento. Estos esfuerzos por cumplir el programa electoral chocan con la dejadez en el cumplimiento en otros asuntos de interés social y cultural”.

Por si esto fuera poco, “los fundamentos de este RD, en el sentido de que Garoña se cierra por motivos económicos y no de seguridad, son falsos”, afirma Ecologistas en Acción. “Nuclenor no podría poner en marcha Garoña hoy aunque recibiera todo el oro del mundo por cada kWh. Garoña ha de sufrir una serie de profundas y costosas reparaciones e inspecciones para poder volver a funcionar. Al final, no se pueden distinguir fácilmente los motivos económicos de los técnicos, en contra de lo que se afirma en el RD. De hecho, son las incertidumbres técnicas –que se traducirían en nuevos gastos y en nuevas paradas para reparaciones, cuando no en un accidente con fugas de radiactividad– las causantes de la parada de Garoña”.

También se dice en el Proyecto de RD: “Dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la declaración de cese. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicha solicitud, la declaración de cese adquirirá, igualmente, carácter definitivo”.

El tiempo previsto hoy en día desde el cierre de explotación a la presentación del plan de desmantelamiento está concebido para que los explotadores preparen la central para su desmantelamiento. Si se quiere dar al propietario de la central una nueva oportunidad, este debería pedir un nuevo permiso de explotación. Y esto puede realizarse en el tiempo que estime conveniente. Este artículo claramente viene a presionar a Nuclenor en las negociaciones que está sosteniendo con el Ministerio para intentar favorecer unas condiciones favorables para Garoña en la reforma del sector eléctrico.

Para Ecologistas en Acción, “estas acciones del Gobierno resultan escandalosas y dañan de forma grave la cultura de seguridad nuclear. Se trata de un hecho sin precedentes que vamos a estudiar para denunciar ante los tribunales”.

Garoña es una “central vieja, con numerosos elementos claves para la seguridad degradados y a la que ni siquiera las enormes inversiones previstas pueden llevar a unos niveles aceptables de seguridad. Lo más sensato sería haber procedido a su cierre hace ya tiempo en lugar de dañar la imagen y funcionamiento del CSN así como la imagen internacional de nuestro país. Con estos actos se hace un gran daño a las garantías de seguridad nuclear con tal de mantener Garoña en funcionamiento”, apuntan los ecologistas.

Añadir un comentario