La asociación solar había denunciado previamente la irregularidad de esta contratación y había solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que le entregara copia del expediente de licitación a favor de las consultoras Boston y Roland Berger. sin obtener ninguna respuesta.
Ante ello, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se personó en el IDAE en compañía de un notario, con el objetivo de solicitar la copia…. De nuevo sin ningún resultado, por lo que la asociación recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para que anulara dicho procedimiento de contratación ya que incumple las normas de contratación pública –se hizo por “invitación”– y de obligada transparencia. El importe de la adjudicación podría haber llegado al millón de euros.
Ahora, el Tribunal da la razón a Anpier y paraliza, de momento, el nuevo esquema retributivo de las renovables que iba a ser comunicado a finales de este mes.
Indefensión total
En el escrito que Anpier elevó al Tribunal, la asociación afirmaba que “parece meridiano cuál es el actuar de la Administración. Mantiene incógnito el contenido de una licitación que afecta de lleno a los intereses de nuestros asociados, con el ánimo de que el contenido del mismo no pueda ser impugnado por los interesados, y cuando se pueda, ya habrán emitido sus informes los adjudicatarios de la licitación puesta en cuestión. Produce una indefensión extraordinaria la indebida opacidad del organismo público, motivo por el cual se inicia este recurso”.
En su fallo, el Tribunal acepta este planteamiento y pone de manifiesto que "los perjuicios que podrían derivarse de la continuación del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación”, por lo que acuerda "suspender provisionalmente" el procedimiento de contratación "hasta el momento que se dicte la resolución del recurso".
El presidente de Anpier cree que esta situación es “un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico”. Una reforma que “supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado, a través del Gobierno, el que atropella a sus ciudadanos: arruinando a los fotovoltaicos, esquilmando las economías familiares de todos los españoles y lastrando el futuro de las generaciones venideras, sobre la base de un modelo energético contaminante que sólo beneficia a cinco grandes empresas y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior que resultan dañinos para el medio ambiente y para la salud pública y que, además, provienen de países terceros, que se lucran de esta innecesaria dependencia energética”.
