Los portavoces de Podemos Noelia Vera y Pablo Echenique anunciaron el pasado 11 de marzo el inminente lanzamiento del Plan Horizonte Verde, que formaría parte -dijeron- de su programa electoral. Y así ha sido: el Horizonte Verde de Podemos mide 43 de las 264 medidas que contiene el programa todo de la formación morada. De esas 43, más de 20 están íntimamente ligadas a la Energía. ¿Algún ejemplo? Pues Podemos propone, por ejemplo, (1) establecer una "línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables"; (2) el cierre ordenado de las térmicas de carbón (antes de finales de 2025) y de las nucleares (antes de finales de 2024) siempre y cuando "se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda"; (3) que el Estado recupere automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan a caducar; ó (4) la rehabilitación de al menos 500.000 viviendas al año "para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz". Energías Renovables extracta a continuación la Energía contenida en el programa electoral de Podemos.
1. Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que planteamos será justa o no será.
2. Crear una empresa pública de energía (Podemos desarrolla esta propuesta más adelante, tal y como recogemos abajo).
3. Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».
4. Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024. Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables.
5. Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.
[Las propuestas números 6, 7 y 8 versan sobre el agua como bien común y derecho humano].
9. Rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.
10. Aumento de hasta el 25 % de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025 y hasta el 70% en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100% en 2040. Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo.
11. Establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España. Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.
12. Establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos que apoyarán la implantación del coche eléctrico o de coches que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.
13. Crear una red inteligente de infraestructuras de recarga. Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.
14. Implementar ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Se impulsarán planes plurianuales que, en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15 % y el 20 % del precio de adquisición, así como una reforma de la fiscalidad que favorezca la introducción de los modelos más adecuados (por ejemplo, aquellos con un peso y un consumo reducidos de materiales asociados a la fabricación) y que tenga en cuenta factores como la renta del comprador, al tiempo que se garantice que esta progresiva sustitución de los combustibles fósiles no va a correr a cargo de las personas usuarias. Además, la Administración Pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos.
15. Impulsar un plan de inversiones en nuestras infraestructuras ferroviarias con parámetros de calidad, sostenibilidad y justicia territorial. Disponer de un transporte ferroviario de calidad no solamente cohesiona nuestro país y facilita la movilidad de las personas, sino que, además, ayuda a reducir las emisiones. Es necesario incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en este plan.
16. Promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa. En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.
[Las propuestas números 17, 18 y 19 versan sobre movilidad sostenible (taxi, VTC, tarjeta única de transporte, transportistas pequeños y medianos)].
[Las propuestas números 20, 21, 22, 23 y 24 versan sobre el transporte ferroviario].
[La propuesta número 26 versa sobre "una estrategia de reindustrialización verde y economía circular"].
27. Una factura de la luz más barata y justa. La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.
28. Poner orden en el oligopolio energético. Hay que eliminar sus privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.
[La propuesta número 29 versa sobre la lucha contra los incendios].
30. Atajar la contaminación del aire, que está acortando nuestra vida. Extender el modelo de éxito de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación, en colaboración con las Administraciones competentes y apoyando un modelo de calidad y asequible del transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad.
[La propuesta número 31 versa sobre la desertificación y plantea la implementación urgente de un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal].
32. Acabar con el fracking en España. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima, firmado y ratificado por España, y debido a las consecuencias irreversibles de esta práctica de extracción mediante fractura hidráulica (fracking), no se autorizarán más licencias para ejercer tal método en el territorio español y se trabajará para eliminar las licencias existentes.
33. Incorporar a niñas, niños y adolescentes a esta transformación. Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.
[La propuesta número 34 versa sobre la Política Agrícola Común (PAC)].
[La propuesta número 35 versa sobre el establecimiento de "un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios"].
[La propuesta número 36 versa sobre pesca].
[La propuesta número 37 versa sobre patrimonio natural y biodiversidad].
[Las propuestas números 38 y 39 versan sobre los derechos de los animales].
40. Garantías efectivas contra las deslocalizaciones. Nuestro país necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Cabe señalar que España se encuentra estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para 2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación.
[Sobre deslocalizaciones léase Vestas cierra la fábrica de Villadangos o El ERE de Siemens Gamesa].
[La propuesta número 41 versa sobre política industrial].
[La propuesta número 42 versa sobre la soberanía de sectores estratégicos (puertos, astilleros)].
43. Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.
Además, y más allá del eje «Horizonte Verde y Nuevo Modelo Industrial», Podemos también plantea medidas de calado energético. Son estas.
72. Crear una empresa pública eléctrica. Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será, junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía.
73. Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial.
75. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i al 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas.
Estas tres medidas que acabamos de recoger aparecen bajo el epígrafe «Horizonte Digital y Nueva Economía». La que reseñamos bajo estas líneas está incluida en el último eje: «Garantías de Justicia Fiscal».
247. Implementar medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde. Tal como planteamos en nuestra Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética, bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformaremos el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable; y estableceremos un impuesto a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.