La ministra Ribera hizo esas declaraciones ayer ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, en comparecencia a petición propia. Ribera ha apostado en sede parlamentaria por impulsar un debate público para "tener claro cuál es el modelo energético que queremos para los próximos años". La ministra ha insistido en que "este es un debate pendiente". Son importantes -ha dicho- "la anticipación, previsión, gestión responsable de lo que existe y de las necesidades adicionales, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, pero también es importante -ha añadido- la decisión política y social sobre qué modelo energético, qué soluciones, queremos".
Ribera, que se ha referido a ese debate político y social como "la referencia más importante", ha sido contundense sin embargo al señalar que habrá de producirse "en un contexto que debe responder a las obligaciones climáticas (...), que no son cuestionables ni cuestionadas por nadie" (en referencia al Acuerdo de París, ratificado por España, y a los compromisos contraídos por el Gobierno español por su condición de miembro de la Unión Europea). Sea como fuere, el debate, que deberá alumbrar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es inminente, según la ministra.
"Los titulares de las centrales existentes -ha dicho Ribera- deberán presentar sus solicitudes de prórroga y cierre en los próximos 18 meses. Por tanto este es un debate que vamos a tener inmediatamente encima de la mesa y resulta muy conveniente poder disponer de marcos generales, de orientaciones generales, de planificación general [en referencia al Plan Integrado susocicho] con respecto a cuál es el modelo energético que queremos construir en los próximos años".
Cuarenta años y no más
"Nuestro escenario ideal -ha dicho Ribera en su condición de portavoz del Gobierno- es cumplir con nuestro compromiso electoral, es decir, cumplir con nuestras obligaciones climáticas, disminuyendo los riesgos nucleares, asumiendo como riesgos ya respaldados la vida tecnológica útil de las centrales existentes, cuarenta años y no más".
Efectivamente, el pasado mes de marzo, el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, consejo presidido precisamente por Teresa Ribera, publicó su hoja de ruta: «Propuesta de bases para una estrategia de transición energética». Esa hoja de ruta propone literalmente el "cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón antes de 2025 (...), y el cierre ordenado de las centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida" (la última los cumple en 2028).
Lo que ha dicho la ministra
"Las cifras que se manejan en Enresa en torno al conjunto de recursos que se han destinado en los últimos 30 años a la gestión de residuos nucleares están por encima de 795.000 millones de euros, y esto evidentemente nos plantea la cuestión de hasta qué punto se trata de una inversión razonable en términos de opciones energéticas para nuestro país sabiendo que nos quedan todavía por lo menos otros sesenta años sino más de vigilancia muy cercana de ese ATC [el Almacén Temporal Centralizado] y después de gestión para con las generaciones futuras de ese almacenamiento geológico profundo" (que debería ser el destino final de los residuos más peligrosos, pues el ATC es, como su propio nombre indica, temporal).
Comisión de Transición Ecológica del 6 de septiembre de 2018
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