La comparecencia de la ministra ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha sido solicitada por la propia Ribera, con el objeto de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno después de que el pasado mes de julio el Ministerio para la Transición Ecológica solicitara al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dejar en suspenso la emisión del informe preceptivo sobre la autorización de construcción del ATC. Esta solicitud se justifica -informa el Ministerio- en la necesidad de "analizar con detalle la situación actual, toda vez que la petición de dicho análisis preceptivo había sido realizada por el Gobierno anterior en enero de 2014; que el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (2006) sobre el que se proyecta el ATC está caducado y pendiente de actualización desde 2010, y que cualquier instalación de este tipo debe concebirse en el marco de la nueva planificación energética 2021-2030", una tarea -ha dicho la ministra- en la que el Ministerio para la Transición Ecológica “está inmerso desde su composición”.
Ribera ha detallado que el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años. El Gobierno anterior tomó decisiones encaminadas a alargar la vida de las centrales más allá de ese tiempo, sin que esto se haya visto reflejado en la actualización del VI PGRR. Por tanto, “lo responsable para este Gobierno es abordar de manera prioritaria la actualización de ese plan antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que hoy no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo”, señaló la ministra.
Ribera ha insistido en ese sentido en que “hace falta conocer en primera instancia cuál es el volumen de residuos que van a ser almacenados y para eso hay que conocer hacia dónde vamos, qué mix energético queremos y cuántos residuos debemos ubicar y dónde”. Asimismo, la ministra ha recordado que, al no haberse actualizado este VI PGRR, tampoco se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares en cada Estado miembro. Y esto ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares.
En este sentido, el pasado mes de junio España recibió la primera advertencia escrita de un expediente sancionador para que se terminen de implementar estos nuevos patrones de seguridad para prevenir accidentes, pues el plazo expiró en agosto de 2017.
La ministra ha repasado las distintas fases por las que ha pasado este proyecto de ATC, desde la elección del emplazamiento, muy discutido políticamente y cuestionado técnicamente, hasta las distintas normativas modificadas por el anterior Gobierno y que de facto implican alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años.
Asimismo, el Gobierno estudiará las inversiones realizadas hasta la fecha por parte de Enresa, empresa titular del proyecto, así como los costes reales derivados de construir el ATC en los terrenos de Villar de Cañas antes de tomar una decisión al respecto, incluyendo otras posibilidades técnicas para la gestión de residuos radiactivos en España.
Según reza el comunicado que acaba de ser distribuido por el Ministerio, "con el objetivo de anteponer los criterios técnicos, el interés general y la seguridad de los ciudadanos, la ministra para la Transición Ecológica se ha comprometido a escuchar a todos los actores directamente implicados, entre ellos, a los técnicos, a las Cortes Generales, a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Gobierno de esta comunidad autónoma".
Sobre las urgencias que algunos grupos políticos han planteado al respecto de este proyecto, la ministra ha recordado que el retraso en la ejecución del ATC (su puesta en marcha se preveía en 2010, tal y como recoge el VI PGRR de 2006) ha obligado a que estén ya construidos, en fase de construcción o en fase de licenciamiento seis Almacenes Temporales Individualizados (ATI), en cada una de las centrales nucleares españolas, lo que ya permite almacenar provisionalmente de manera segura los residuos radiactivos, sin necesidad de incurrir en una precipitada construcción del ATC.
Lo que sí es urgente -ha concluido- es “poner sobre la mesa soluciones rigurosas y coherentes, necesarias más que nunca cuando hablamos de política energética, y para lo que es fundamental emitir señales claras e inequívocas”. En este sentido, la ministra ha dicho que su departamento trabaja a contrarreloj en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que será presentado a la Comisión Europea antes de finales de año.
