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España, el país con la fiscalidad medioambiental más baja de la UE-27

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La Fundación Alternativas acaba de presentar un estudio que pone de manifiesto que, a pesar de que la fiscalidad verde presenta un gran potencial recaudatorio, hasta el momento se trata de una fuente prácticamente inexplotada. Especialmente en España, el país con la presión fiscal medioambiental más baja de toda la UE-27 (Croacia no está incluida). En el otro extremo figuaran Dinamarca, Eslovenia y Países Bajos.
España, el país con la fiscalidad medioambiental más baja de la UE-27

En Europa son dos los instrumentos que se articulan en torno al desarrollo de una economía sostenible: el mercado de derechos de emisión, con el objetivo de limitar las emisiones de gases efecto invernadero; y la política fiscal medioambiental, identificada como un instrumento muy potente, ya que diseñada e implementada de manera adecuada puede beneficiar tanto al medio ambiente como a la economía en su conjunto. Sin embargo, son varias las limitaciones que se presentan en su consolidación hasta el momento.

El estudio de la Fundación Alternativas ha sido elaborado por Elena Villar Rubio, doctora en Economía y profesora en el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y lleva por título “La reforma fiscal verde: un análisis de convergencia a nivel europeo”. En él, Villar Rubio pone de manifiesto que, a pesar de que la fiscalidad verde presenta un gran potencial recaudatorio, hasta el momento se trata de una fuente prácticamente inexplotada. No solo en España  sino en gran parte del resto de países de la UE-27, perfilándose como uno de los retos pendientes por acometer en el ámbito de la política fiscal, con amplias posibilidades prácticamente intactas.

Poco más del 6% de la recaudación
En concreto, la recaudación por impuestos medioambientales se aproxima a los 310.293 millones de euros en el año 2012 para el conjunto países integrantes de la UE-27, lo que supone una recaudación del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales y se aproxima al 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) para la media de los Estados miembros.

En el caso español las cifras nos alejan bastante de la media europea, ascendiendo el volumen recaudatorio por impuestos ambientales a 16.152 millones de euros en el año 2012, lo que supone el 4,8% sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales y aproximadamente el 1,6% del PIB, lo que convierte a España en el país con la presión fiscal medioambiental más baja de toda la UE-27, situándose en la posición opuesta a países como Dinamarca, Eslovenia y Países Bajos.

Energéticos, los impuestos de mayor poder recaudatorio
Este  tipo  de  impuestos  son  con  bastante diferencia, los que tienen mayor poder recaudatorio, representando aproximadamente tres cuartas partes del total de la imposición medioambiental y cerca de una vigésima parte del total de impuestos y cotizaciones sociales.

El apartdo de impuestos energéticos incluye los que se aplican a las emisiones de CO2 y de otros residuos potencialmente dañinos para el medioambiente, caso de la generación con energía nuclear y con tecnologías de generación convenvionales (gas, carbón…).  También se incluyen los impuestos que gravan  los  productos  energéticos utilizados para  propósitos  de transporte, recayendo el 80% de la imposición en este apartado sobre la gasolina y el diésel.

El segundo grupo de impuestos según su poder recaudatorio lo constituyen los impuestos sobre el transporte, excluido el fuel. Suponen alreder de la  cuarta  parte  del  total  de  ingresos  fiscales   medioambientales, y el 1,4% del total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales. El tercer grupo lo conforman los impuestos sobre la contaminación y los recursos naturales, de presencia residual en la mayoría de los países europeos.

Hace falta más coordinación
El informe de la Fundación Alternativas pone de manifiesto, asimismo, que la política fiscal medioambiental se caracteriza por un bajo nivel de armonización, materializado en movimientos aislados que dificultan los procesos de convergencia en presión fiscal medioambiental. 

Otra de sus conclusiones es que hacen falta profundas reformas que fortalezcan la coordinación a nivel europeo  en materia de fiscalidad ambiental, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del mercado Interior, con la consiguiente modificación en los patrones de consumo y producción existentes.

En última instancia –concluye la autora del estudio– ­deben ser el legislador y las fuerzas políticas las que marquen el rumbo de las nuevas directrices a seguir, con la férrea convicción de que el medio ambiente y la economía son dos áreas capaces de generar multitud de beneficios en su correcta interacción. 

El estudio completo se puede descargar, en formato pdf, desde aquí.

 

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