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El Gobierno plantea gravar con un 4,8% intereses y comisiones de banca y con 1,2% ingresos de energéticas

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El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. Las reacciones no se han hecho esperar. Hoy mismo, petroleras y eléctricas se han manifestado en contra del impuesto y amenazan con estrangular su inversión en renovables, lo que "contraería la actividad económica, compromete el reto de acelerar la descarbonización, y no favorece -advierten- el proceso de electrificación que hace falta en estos momentos".
El Gobierno plantea gravar con un 4,8% intereses y comisiones de banca y con 1,2% ingresos de energéticas

Esos son los porcentajes -4,8 y 1,2- que recoge la proposición de ley que las dos formaciones del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- han presentado en el Congreso de los Diputados este jueves, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras. El nuevo gravamen al sector energético estaría en vigor durante 2023 y 2024 y pretende recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. Por una parte, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Por otro lado, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

También es destacable que los tributos se exigen exclusivamente a los grandes operadores, a partir de un umbral que se considera significativo, tomándose como referencia las cifras de 2019, año anterior a la pandemia. Se evitan así las distorsiones que podrían producirse si se consideraran los años 2020 ó 2021, muy marcados por el impacto económico de la Covid19.

La obligación del pago del gravamen nace el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024 y la referencia que será objeto de gravamen será la correspondiente a los dos ejercicios anteriores (2022 y 2023). El pago de los tributos está previsto que se efectúe en el mes septiembre de 2023 y de 2024, pero existirá un pago a cuenta en cada uno de los años que se materializará en febrero y será de un 50% del tributo.

Tramitación tras el verano
El Gobierno tiene previsto reunirse este viernes con los sectores afectados por estos tributos "temporales" para trasladarles los detalles de los mismos, aunque gran parte de las grandes compañías energéticas y entidades financieras ya han manifestado su rechazo a los nuevos impuestos.

Además, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la tramitación en el Congreso de los Diputados tras el verano de esta proposición de ley, que será susceptible de enmiendas por parte de los diferentes grupos.

Gravamen temporal a las compañías energéticas
Por lo que se refiere al sector eléctrico, gasista y petrolero, la prestación -informa Europa Press- se fija en el 1,2% de su cifra de negocios, lo que posibilita que las aportaciones de cada grupo respondan a su cuota de mercado.

Por otra parte, la regla general es que se sometan a la prestación los grupos económicos que ostenten la condición de operadores principales, definidos de acuerdo con las normas fiscales, lo que incluye exclusivamente a las empresas españolas del grupo, no siendo objetivo de gravamen, por tanto, la cifra de negocios obtenida por dichos grupos mediante filiales en otros países.

Impuesto al sector bancario
En el caso de las entidades de crédito, la prestación se fija en el 4,8% de su margen de intereses -intereses cobrados menos pagados- más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas). Según la proposición, se trata de partidas que permiten mantener "la debida proporcionalidad" en las aportaciones de cada grupo empresarial según su cuota de mercado.

Como sucede con las empresas energéticas, se someten a la prestación como regla general, los grupos fiscales, quedando fuera del gravamen los intereses y comisiones obtenidos por sus filiales en el sector.

"En el sector de las entidades de crédito es relevante conocer el peso que el gravamen supone respecto de sus principales magnitudes. Así, el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de crédito españolas", sostienen PSOE y Unidas Podemos en la proposición.

Reacciones: petroleras y eléctricas, contrarias al impuesto, amenazan con no invertir en renovables
La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) se ha mostrado contraria al nuevo gravamen energético, presentado este jueves vía proposición de ley por los dos socios de Gobierno -PSOE y UP- en el Congreso, al considerarlo "arbitrario" y ha pedido "un marco legal estable que no frene las inversiones".

En un comunicado, la patronal de las petroleras -de la que forman parte Repsol, Cepsa, Galp o bp, entre otras- subrayó que los beneficios del sector son "cíclicos y volátiles", recordando que el año 2020 "las pérdidas fueron extraordinarias".

La patronal considera que basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales "solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales", como la vivida en el año 2020.

Además, ha advertido de que los recursos de las compañías del sector son "imprescindibles" para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática, "que van a requerir miles de millones de euros en las refinerías españolas, con una apuesta por la industria y el empleo, pese a la incertidumbre normativa en torno a estas inversiones".

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec, que tiene por asociados a Endesa, Iberdrola y EDP España), considera que la introducción de un nuevo gravamen extraordinario y temporal dirigido a las empresas eléctricas "no está justificada por la existencia de beneficios extraordinarios" y ha advertido por otro lado de que estas medidas "generan inseguridad" en los inversores y "se alejan de las buenas prácticas regulatorias por su elevada complejidad técnica y su carácter sobrevenido".

Aelec asegura que la situación actual ha supuesto "un incremento muy importante de los costes que ha reducido los márgenes y beneficios", estima que un gravamen como el que el pretende aplicar el Gobierno "afecta a unos ingresos que no se traducen en mayores márgenes para las empresas" y no tiene en cuenta los costes.

Las grandes eléctricas aseguran que tienen vendida su electricidad a plazo a unos precios sustancialmente inferiores a los que fija el pool eléctrico, si bien no desvelan cuáles son esos precios. Las compañías sostienen que "sus beneficios en España están siendo inferiores a los que registraron el año pasado, cuando el precio del gas se encontraba en niveles normales".

Además, Aelec ha advertido de que la incorporación de un nuevo gravamen introduciría "una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversión" de sus socios para acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior.

Por ello, considera que la imposición de este tipo de gravámenes es "claramente contraria" al objetivo de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico y facilitar la transición energética.

Aelec afirma en su comunicado por fin que este nuevo impuesto tendría, en la práctica, "un importante coste" en términos de actividad económica y empleo, ya que impactaría en otros sectores productivos. Para la Asociación, en definitiva, la introducción de un gravamen es "ineficaz" para contener el alza de los precios y, además, "contrae la actividad económica, compromete el reto de acelerar la descarbonización, y no favorece el proceso de electrificación que hace falta en estos momentos".

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