La denuncia inicial -informa el Gobierno insular- fue dirigida el 5 de febrero de 2018 por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, al presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, y manifestaba el "rotundo rechazo" al crédito de 125 millones de euros de fondos públicos suscrito el 22 de enero de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria entre el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, y el entonces vicepresidente del BEI, el zaragozano Román Escolano. Este último (en la foto) sería posteriormente nombrado ministro de Economía, Industria y Competitividad del último Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. Según explican fuentes del Cabildo, este crédito se aprobó con pleno apoyo institucional del Gobierno de Canarias, cuyo entonces consejero de Industria, Pedro Ortega (Coalición Canaria), asistió al acuerdo crediticio. La denuncia del Cabildo fue dirigida al presidente del BEI con copia a los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Redexis Gas contemplaba inicialmente la construcción de 8 estaciones de aire propanado, 240 kilómetros de gaseoductos de distribución (que se elevaban hasta 3.000 kilómetros en fases posteriores) y 19.000 acometidas en ocho municipios de Gran Canaria y Tenerife, una operación que el Cabildo de Gran Canaria consideraba "un inaceptable obstáculo para el desarrollo de energías renovables en un archipiélago que registra una de las más elevadas huella de carbono de España". Y es que, según los datos que maneja la propia administración grancanaria, "el grado de generación de renovables en Canarias no supera el 10% a pesar de sus ricas fuentes naturales, de manera que el 90% restante se produce quemando hidrocarburos, lo que contribuye de forma notoria al incremento del calentamiento global".
Septiembre de 2019
La notificación que ahora ha recibido el Cabildo desde el BEI fue redactada en Luxemburgo el 10 de septiembre de 2019 en el documento Spain Gas Network Expansion II Statement of Closure ES, en el marco de las reclamaciones SG/E/201813-18 y 20-23. Según el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, esta "clara e inédita victoria en Europa contra poderosas industrias y sectores financieros, empeñados en seguir contaminando el planeta incrementando el impacto de la crisis climática, supone una inmensa satisfacción para el Cabildo".
Morales ha transmitido públicamente así mismo su “sincero reconocimiento a las otras dos entidades reclamantes por contribuir conjuntamente a lograr este magnífico resultado: Greenpeace España y Clean Ocean Project”. El presidente del Cabildo ha recordado por lo demás que millones de personas salen a las calles en miles de ciudades del mundo para reclamar que se reduzcan las emisiones responsables del calentamiento global, y lo hacen “precisamente para esto, para plantar batalla a quienes siguen contaminando y para lograr medidas efectivas y reales en favor de modelos energéticos limpios, justos y renovables”.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: “con el resultado final de este litigio, Canarias se verá libre de nuevas infraestructuras de hidrocarburos, contribuirá a reducir sus emisiones contaminantes y a combatir el cambio climático, reducirá su dependencia energética exterior incrementando con hechos patentes el desarrollo de fuentes renovables, mejoraremos la calidad del aire que todas las personas de todas las islas respiran y, muy importante, las islas dan ejemplo al mundo de que apostar por la defensa del planeta y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de hechos y no solo de palabras, y aquí cumplimos nuestra palabra con hechos concretos”
Desde 2017
El proyecto fue aprobado inicialmente el 18 de julio de 2017 por el Consejo de Administración del BEI para apoyar la ampliación de operaciones de transmisión y distribución de gas en España. El préstamo se integró en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para paliar los déficits de inversión en la Unión Europea, y constaba de dos tramos: uno, de 50 millones de euros, en 2017; y otro, de 75 millones de euros, en 2018.
Debido a los procesos de reclamación abiertos contra este proyecto, ninguno de estos importes fue abonado y ahora esta financiación desaparece por completo para este proyecto, si bien el Cabildo ha solicitado al BEI que tampoco le conceda esa cantidad a Redexis "para ningún otro proyecto contaminante, sea en la Península o cualquier otro lugar del mundo, ya que el daño al planeta es el mismo". Asimismo, el Cabildo ha pedido al Banco que reoriente esos 125 millones "a proyectos basados en fuentes limpias y renovables".
El BEI informa que “esta decisión se adoptó tras las conversaciones del MR-BEI con los reclamantes y ante la necesidad de asignar sus recursos eficientemente entre las distintas reclamaciones pendientes presentadas ante el mismo”.
Sobre el Banco Europeo de Inversiones
Creado en 1958 y con sede en Luxemburgo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de la Unión Europea. Según la UE, sus objetivos son (1) impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa; (2) apoyar las medidas para mitigar el cambio climático; y (3) fomentar las políticas de la UE en otros países. El BEI -informa la Unión Europea- se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE: "cerca del 90% de los créditos se conceden en la UE; ni un euro procede del presupuesto de la UE". El BEI, que presume de ser el mayor financiador multilateral de la lucha contra el cambio climático a escala global y el mayor emisor de bonos verdes del mundo, se ha impuesto el objetivo de destinar al menos el 25% de sus fondos a mitigación y adaptación al cambio climático, apoyando un crecimiento bajo en carbono y con capacidad de resiliencia climática.
Según los datos del propio BEI, "en 2018, el Banco Europeo de Inversiones superó, por noveno año consecutivo, su objetivo de financiación climática, aportando 16.200 millones de euros para promover la acción a favor del clima, lo que supuso el 29% del total de su actividad". El BEI asegura que su objetivo último es "liderar la movilización de la financiación necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de 2 ˚C y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris".
Todos los países de la Unión Europea (UE) son accionistas del BEI. Las decisiones las toman
• el Consejo de Gobernadores, en el que participan los ministros, en su mayoría de economía, de todos los países de la UE. Define la política general de préstamos.
• el Consejo de Administración, presidido por el Presidente del Banco, que cuenta con 28 miembros designados por los países de la UE y uno por la Comisión Europea. Aprueba las operaciones de préstamo y empréstito.
• el Comité de Dirección, órgano ejecutivo del Banco, que gestiona los asuntos corrientes.
• el Comité de Auditoría comprueba que las operaciones del BEI se efectúen de manera correcta.
Los departamentos del Banco ejecutan las decisiones de gestión.
La UE señala las funciones del BEI
Este banco -explica la UE- se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE. Cerca del 90% de los créditos se conceden en la UE. El BEI ofrece tres tipos principales de productos y servicios:
• préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo -explican desde la UE- suele contribuir a atraer otros inversores.
• financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras inversiones.
• asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad.
El BEI ofrece créditos por encima de los 25 millones de euros directamente. Para préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan el dinero a los acreedores.
