El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) y la también organización no gubernamental ClientEarth, así mismo especializada en derecho ambiental, han enviado una petición a la CE instando a que tome medidas urgentes contra los denominados "incentivos ambientales" que España destinó a determinadas centrales térmicas de carbón. Según el Instituto, dichas ayudas ascendieron a 440 millones de euros en el período 2007-2017.
El documento remitido ahora por las dos oenegés apoya lo argumentado por la Comisión Europea en sus conclusiones preliminares de la investigación, que dicen que "las ayudas no están justificadas de acuerdo con la legislación europea y se pusieron en marcha sin haber cumplido el requisito de notificación previa a la CE". Por tanto, las eléctricas beneficiarias tendrían que devolver el importe de las subvenciones tal y como establece el artículo 16 del Reglamento 2015/1589.
Los fondos del Gobierno
El Instituto IDMA sostiene que "estas ayudas se concedieron a centrales perjudiciales para la salud y el medio ambiente, obviándose el apoyo a soluciones más limpias como las baterías de almacenamiento, la gestión de la demanda o las interconexiones". En lugar de emplear las ayudas para implementar estas soluciones, los fondos recibidos fueron empleados por las empresas receptoras "para alargar de forma artificial la vida de las centrales de carbón y reducir el gasto que éstas tenían que afrontar para adaptarse a la nueva normativa de la UE". Las ayudas -concreta el Instituto- fueron otorgadas a varias de las centrales "para instalar sistemas de desulfuración para reducir sus emisiones de SO2", algo que, en realidad, era obligatorio "para cumplir con los límites de emisión establecidos por la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión que estaba entonces en vigor".
Pro-hi-bi-do
Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que es una organización no gubernamental (oenegé) acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, existen directrices de la Comisión que claramente establecen la prohibición de otorgar ayudas para adaptar instalaciones como las centrales de carbón al objeto de cumplir con la normativa vigente, "a menos que se pretenda alcanzar niveles más bajos de emisión de lo previsto en la normativa, algo que -recalca el Instituto- no ha sucedido en el caso de las centrales de carbón en España". De hecho -añaden desde IDMA-, el Ejecutivo le ha permitido a esas instalaciones que emitan incluso por encima de los valores permitidos por la UE (sobre el particular léase el revelador El Gobierno Rajoy permite a las térmicas de carbón emitir hasta 7 veces más que la legislación europea).
Violación de la normativa comunitaria
El caso es que el Instituto IDMA considera que "las subvenciones públicas denominadas incentivos medioambientales violan la normativa de la Unión Europea". Según la abogada medioambiental del Instituto IDMA Carlota Ruiz-Bautista, "el Gobierno español sabe que los mal llamados 'incentivos medioambientales' no cumplen con la legislación de Ayudas Estatales de la UE". Así -apunta Ruiz-Bautista-, la Comisión Europea "debe solicitar la devolución de las ayudas, tal y como establece dicha legislación. Las subvenciones al carbón son contrarias, además -insiste la abogada-, a los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país para proteger la salud y el medio ambiente. Sin embargo, España se está quedando atrás y es el único país en Europa Occidental que todavía no ha anunciado su intención de abandonar el carbón".
Impactos sobre la salud de las personas
Sobre el impacto de las térmicas de carbón en la población española, el Instituto publicó el pasado mes de julio un informe -«Un oscuro panorama»- en el que apunta que "las emisiones de NOx, SO2 y partículas de las centrales térmicas son responsables de más de 700 muertes cada año en España, y los costes sanitarios ascienden a entre 880 y 1.667 millones de euros". Según el abogado de ClientEarth, especialista en Energía, "desde un punto de vista legal, los operadores de las centrales térmicas de carbón deberían pagar para prevenir la contaminación que producen. Estos costes no deberían recaer sobre la población. Los operadores en toda Europa pagan de su propio bolsillo -añade Bright- las adaptaciones para cumplir con los límites que marca la UE. Los operadores españoles no deberían recibir un trato diferente. Estas ayudas deben ser devueltas".
