La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) arbitra el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para imponer la sanción. Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), el Gobierno canario plantea su modificación mediante decreto ley del artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para que el Gobierno insular pueda contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas eléctricas. El decreto ley contará con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22. Es una modificación que dará más seguridad jurídica al procedimiento sancionador, dado que unifica en la Ley del Sector Público del Estado, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.
Medidas para paliar la Emergencia Energética de Canarias
Según explica el Gobierno canario, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha llevado ya a término una serie de medidas que, para el consejero Mariano H. Zapata, han contado con las inquietudes de la administración, ayuntamientos, cabildos y empresas "para alcanzar soluciones que aporten”. Entre esas medidas, se encuentra la Declaración de Emergencia Energética, aprobada el pasado lunes 2 de octubre en el Consejo de Gobierno, mediante la cual se establecerán los ejes que articularán las acciones concretas que deben adoptarse en cuestiones como generación, renovación de infraestructuras, interconexiones o almacenamiento de la energía obtenida a través de fuentes renovables.
En este sentido, se ha realizado una convocatoria para presentar propuestas para la instalación de potencia de generación adicional para cubrir las deficiencias eléctricas en Canarias, con un total de 15 empresas interesadas, y cuyas ofertas ya se están estudiando. Además, el pasado mes de septiembre la Consejería presentó alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para convocar cuanto antes el procedimiento de concurrencia competitiva para la adjudicación de la potencia a efectos económicos (régimen retributivo adicional) en Canarias, una petición para la que ya se están manteniendo reuniones de seguimiento semanales, para conseguir que dicha convocatoria sea una realidad lo antes posible, según el Gobierno canario.
