El Gobierno ha aprobado en segunda lectura el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que supone iniciar la tramitación parlamentaria de esta norma orientada a modernizar la movilidad con nuevas tecnologías y contribuir a descarbonizar el transporte. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que ha dado 'luz verde' a esta Ley, con el objetivo de que entre en vigor en 2023: "esta ley es necesaria porque la movilidad representa uno de los sectores económicos mas importantes del país, con mas de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año".
Bajo esta Ley se contemplará el nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplificará las rutas para hacer el sistema más eficiente pero garantizando la movilidad de los ciudadanos, y se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones. También se recoge que las empresas con más de 500 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible al trabajo, que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana o que las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios.
La ministra ha explicado que la Ley se estructura en cuatro grandes pilares: la movilidad como derecho, hacer frente al reto de la emergencia climática, mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto y la digitalización y apoyo a la innovación. En el tercer pilar, el de la eficiencia del gasto público, la ministra ha detallado que las medidas contempladas en la ley permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las empresas.
