Hay decisiones que, con el paso de los meses, dejan de ser prudencia y se convierten en freno. Mantener la “operación reforzada” tras el cero energético de abril es una de ellas. Desde entonces, el sistema se explota mirando al retrovisor, limitando por defecto la generación renovable y encareciendo la factura de hogares y empresas. Se ha instalado la idea de que “más vale cortar antes que lamentar”, y ese miedo está impidiendo que entre en la red parte de la energía más barata y limpia que tenemos. No se ha demostrado que las renovables fueran la causa principal del incidente —en 50 años del operador nunca ocurrió algo similar— y, sin embargo, la percepción que tenemos es que se las penaliza como si lo fueran, cuando existen tecnologías obligadas a sostener la tensión que no funcionaron como debían. El sistema español es robusto; aprendamos, sí, pero volvamos a operar con proporcionalidad lo antes posible.
La realidad económica que muestra la última edición del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables confirma un escenario complicado que la operación reforzada agrava. 2024 cerró con récord renovable —56,8% de la electricidad— y, a la vez, con caída de ingresos, empleo y peso en el PIB. La aportación del sector bajó a 15.057 millones (0,95%) y el empleo descendió por segundo año hasta 126.574 personas. El autoconsumo también se frenó: 1.431 MW frente a 1.943 MW en 2023. Producimos más, pero nos pagan menos y, en 2025, se nos deja trabajar menos horas.
El síntoma más visible son los vertidos. En 2024, entre restricciones de red y falta de demanda, superaron el 8% de la generación renovable. En 2025, sumado el efecto de la operación reforzada, ya rebasan el 17%. Ninguna transición resiste si la respuesta por defecto es desconectar la energía que más abarata el recibo. Cada MWh vertido es un ahorro que se esfuma y una inversión que pierde sentido.
Digámoslo alto: la seguridad del sistema no se garantiza expulsando renovables, sino integrándolas mejor. La fotovoltaica y la eólica pueden contribuir al control de tensión y a la estabilidad, como ya ocurre en otros países, si la regulación lo habilita y se remuneran los servicios. Muchas plantas están preparadas para soportar huecos de tensión, aportar potencia reactiva o inercia sintética, pero operan con corsés que las tratan como “generadores a precio cero”. Si seguimos con normas del pasado, las pagaremos como si nada aportaran, y no es cierto. Urgen procedimientos y pagos que pidan y remuneren esa capacidad, y una hoja de ruta para desplegar, con exigencia, los equipos que deben sostener tensión.
Tampoco ayuda una demanda plana. La electricidad apenas supuso en 2024 el 23,6% de la energía final y, mientras, el consumo de combustibles fósiles creció un 5%. Con más electrones limpios disponibles y un país que sigue quemando petróleo y gas importados, el resultado es inevitable: precios muy bajos a mediodía, peor precio capturado por las tecnologías no gestionables y más vertidos. Electrificar usos térmicos y transporte, acelerar redes e interconexiones y desplegar almacenamiento dejan de ser eslóganes para convertirse en la única forma de dar valor a lo que ya producimos.
El almacenamiento es parte de la solución inmediata. Baterías donde sea eficiente —mejor hibridadas con solar y eólica— y, como política de Estado, bombeo hidráulico que mueva energía del día a la noche y suavice rampas. Con señales claras y mercados que remuneren potencia firme y servicios de red, evitaremos que una jornada ventosa y soleada acabe en precios cero y desconexiones, y la convertiremos en ahorro para el país. Lo mismo vale para un mix equilibrado: repotenciación eólica, hidráulica con bombeo y biomasa eléctrica —tecnología firme y síncrona— para acompañar a la fotovoltaica. No se trata de enfrentar tecnologías, sino de completar el puzzle utilizando las bondades de cada una.
Pero nada de esto servirá si seguimos con el freno de mano echado. La “operación reforzada” nació como reacción a un incidente extraordinario; prolongarla es convertir una excepción en doctrina y un debate técnico en castigo económico. Pedimos proporcionalidad, transparencia y una hoja de ruta para volver a una operación que integre todas las capacidades disponibles, también las renovables. Y pedimos que quienes están obligados a sostener la tensión cumplan su papel y que se acelere la implantación de soluciones modernas —incluida la electrónica de potencia— donde corresponda.
La transición energética española no necesita excusas; necesita reglas claras, mercados que valoren los servicios del siglo XXI y una gestión que no confunda prudencia con bloqueo. España ha demostrado que puede liderar en generación renovable. Ahora debe liderar en integración, para que sol, viento, agua y bioenergía sean aliados permanentes del sistema y de la competitividad. Volvamos a contar cuanto antes con todos los recursos renovables, es la forma más segura —y más barata— de proteger al consumidor y al país.
