Joaquín Nieto
Presidente de honor de Sustainlabour
jqn.nieto@gmail.com
A falta de conocer el texto del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, casi todos los analistas han coincidido en destacar la falta de alcance de las medidas anunciadas en el resumen facilitado por Moncloa. “El gobierno deja de lado las grandes reformas” titulaba El País. “Sabe a poco” decía Público. No les falta razón. Los anuncios gubernamentales de que con esta ley se diseña la España del futuro quedan como una hipérbole carente de sentido (me viene a la mente el famoso “parto de los montes” pero no quiero denostar más al escuálido ratoncito).
Perdidas las esperanzas de encontrar las bases para otra economía –sostenible– y otro modelo productivo –también sostenible– busco las buenas ideas que, no obstante, se puedan encontrar en la propuesta. Haberlas, haylas; pero les falta ultimar.
Se habla de movilidad sostenible, de mercancías por ferrocarril, de planes de empresa y bonos transporte… pero no sé si eso forma parte de una repetición de los deseos presentes en la estrategia o se trata de obligaciones normativas, que es lo que debe contemplar una ley.
Me gusta encontrar el objetivo de reducción de la demanda de energía primaria en un 20% para 2020 en relación a 2005, pero tampoco se sabe cuáles son los mecanismos normativos y no sólo voluntarios que garantizarán lograrlo. De la misma manera que bienvenida sea la intención de favorecer la rehabilitación de edificios y áreas urbanas; pero el impulso a la rehabilitación no vendrá de las deducciones fiscales como si de la compra de vivienda se tratara, sino de la inversión pública en planes para rehabilitar anualmente no menos del 3% del parque construido, lo que parece que no aparecerá en la norma.
En el campo de la energía hay anuncios saludables: la planificación integral del sistema eléctrico, la maximización de la participación de las energías renovables en la cesta de generación, el phase-out nuclear y la revisión de su régimen de responsabilidad civil… Pero el liderazgo que se pretende en renovables pasaría por elevar para España el objetivo medio del 20% para 2020, superado nada menos que por 11 países de la Unión Europea.
Llegados a la fiscalidad, no aparece ninguna medida de fiscalidad ambiental, la gran asignatura pendiente de nuestro sistema tributario. Tan sólo nuevas rebajas fiscales. Aunque algunas tengan objetivos tan loables como facilitar la rehabilitación o el bono de transporte, sin una nueva tributación no será posible acometer las inversiones necesarias que permitan la convergencia española con Europa en educación, I+D+i o atención socio-sanitaria. Y sin esas inversiones no habrá cambio de modelo productivo ni economía sostenible.
La mención al compromiso del Gobierno para impulsar durante la presidencia de la UE la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental está muy bien; pero, como país, España no puede esperar a que se implanten impuestos ambientales de ámbito europeo para adoptarlos sólo entonces. Porque numerosos países europeos ya los tienen y les están funcionando bien –incluso creando mucho empleo, como mostraron estos días los representantes alemanes en un seminario organizado por el Buró Europeo de Medio Ambiente– y porque la recaudación pública en España no sólo está muy por debajo de la de los países de nuestro entorno, sino que además ha retrocedido en los últimos años.
Probablemente la Ley, en tanto que inspiradora de una Economía Sostenible, no tiene arreglo. Pero hay unos cuantos arreglos posibles en su trámite para hacer más sostenibles algunas de las políticas sectoriales que en ella se contemplan.
