fotovoltaica

La resta que no tenía sustraendo

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La puesta en marcha de una nueva tecnología resulta muy difícil si no cuenta en sus inicios, y en tanto la misma madura, del adecuado apoyo público, bien directo en forma de ayudas económicas o indirecto por medio de incentivos fiscales. Ese ha sido el caso de las energías renovables, (como en tantos otros desarrollos tecnológicos), lo que fue aprovechado por quienes se oponían a su implantación para criticar las primas aprobadas como incentivo para su puesta en marcha, haciéndolas únicas responsables de las subidas producidas en el recibo de la luz. Es un artículo de Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier, que se publicó el 1 de febrero en El Diario Montañés.
La resta que no tenía sustraendo
Alberto Cuartas

En una resta sabemos que la misma consta de dos partes diferenciadas: la superior, llamada minuendo; y la inferior, llamada sustraendo. La diferencia, positiva o negativa, es lo que realmente debe valorarse y no solo uno de sus términos.

Tomando como base esta sencilla operación aritmética el minuendo, en las plantas de energía renovable, sería la suma del precio que las mismas perciben por la energía en ellas producida, incluidas las primas que tengan reconocidas, costes que se imputan directamente al sistema eléctrico.

Por su parte el sustraendo sería la suma de diversos ahorros y beneficios, unos con repercusión en el sistema eléctrico y otros en la economía general del país. Entre los primeros podemos considerar los siguientes: reducción del precio en el mercado mayorista de la electricidad al bajar el marginal que fija el precio de toda la energía producida en cada momento; menor importación de petróleo, gas y carbón, con el consiguiente ahorro económico; menor generación de CO2, con el ahorro que ello supone; generación distribuida de la energía, con la producción en muchos puntos distintos de la red y el beneficio que ello representa.

Entre los sumandos que no afectan al sistema eléctrico, pero no menos importantes, podemos citar los siguientes: mejora de nuestra balanza comercial con el exterior; creación de numerosos puestos de trabajo en España, en su mayoría de carácter fijo e indefinido, tanto en las industrias fabricantes como en las instaladoras y en las de mantenimiento, con la ventaja añadida que una parte de ellos lo son en el medio rural, con los beneficios para el territorio que ello conlleva; aumento de cotizaciones a la seguridad social; mayores cotizaciones por IRPF; aumento de ingresos por IBI en los ayuntamientos en los que se instalan las plantas renovables; incremento de los ingresos por IVA como consecuencia del mayor número de operaciones comerciales realizadas dentro de nuestro país; incidencia positiva en la economía local de las zonas, generalmente rurales, donde están instaladas tales plantas; desarrollo tecnológico de las empresas españolas y su expansión en el exterior; fomento de un sector de servicios paralelo alrededor de esas plantas, (técnico, de comercialización, asesoramiento, etc); introducción de miles de pequeños operadores en el debate energético, tema que hasta ese momento sólo se discutía en unos pocos despachos, lo que supuso también un acercamiento del debate ambiental a los ciudadanos.

A la vista de lo anterior resulta ilógico que algunos, por intereses propios, al analizar el coste de la electricidad y la incidencia que en el mismo tienen las energías renovables, sólo citen el minuendo de esta operación aritmética y, por el contrario, obvien totalmente el sustraendo, con el agravante, además, de ocultar que a medida que transcurre el tiempo los precios del petróleo y gas –de los que, por otra parte, nuestro país carece totalmente– seguirán creciendo de manera imparable, al igual que el CO2 no generado cada vez supondrá un mayor ahorro, dado también su oscilante aumento de precio, a lo que hay que sumar que la tecnología fotovoltaica –gracias a los pioneros que inicialmente apostaron por ella– cada vez es más eficiente, hasta el punto de no precisar ya ayuda alguna.

A lo anterior, con ser muy importante, hay que añadir que conseguir la independencia de un elemento estratégico, como es la energía, es de importancia capital para nuestro país, como fundamental es el ahorro en vidas humanas que conlleva la disminución de la contaminación atmosférica, pues no podemos olvidar que solo en España en 2017 se produjeron por esta causa treinta y una mil quinientas muertes.

Por todo ello, ahora que el Gobierno parece tomar conciencia del problema, esperamos resuelva definitivamente la situación de las sesenta mil familias que invirtieron sus ahorros en plantas fotovoltaicas en la primera década de este siglo, tal como el presidente Sánchez prometió, siendo líder de la oposición, ante más de cien pequeños productores en su visita a un parque fotovoltaico en Jumilla (Murcia), donde dijo que cuando llegase al Gobierno restituiría las condiciones que se les habían prometido y que tan injustamente les habían sido modificadas. Sería inadmisible que, ya presidente, no fuera sensible al cumplimiento de su palabra.

El pasado 28 de diciembre se dio el primer paso en esa dirección por medio de una propuesta de anteproyecto de Ley que asegura que en los próximos doce años no sufrirán nuevos recortes, para la que el sector espera un desarrollo legal consecuente que corrija de inmediato las situaciones más castigadas y tenga la pertinente continuidad regulatoria hacia el reconocimiento real de los derechos de aquellos productores que tan injustamente han sido tratados por los gobiernos de este país.

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