Compromís registró el pasado 29 de marzo, en el Palacio del Congreso de los Diputados, una PDL con la que quiere incluir en la Ley del Sector Eléctrico "un mecanismo que garantice la rentabilidad razonable estable a largo plazo" para las instalaciones de generación de electricidad a partir de energías renovables. Con esta Proposición de Ley, Compromís (y Unidos Podemos, que se ha adherido a esta iniciativa) pretenden establecer "una mínima previsibilidad y transparencia" para acabar con la incertidumbre que introdujo en el mercado energético español la última gran reforma del sector. Ese reforma, ejecutada por el Gobierno Rajoy en el bienio 2013/2014, sustituyó las "primas" a las energías renovables por la que denominó "rentabilidad razonable" (el Gobierno, que sostenía que las "primas" eran muy elevadas, cambió así la manera de pagar el kilovatio hora fotovoltaico, lo que de facto se convirtió en una rebaja en la retribución, en algunas instalaciones fotovoltaicas, de hasta el 50%, lo que ha colocado en una situación financiera muy delicada a 62.000 familias que invirtieron en huertas solares).
Grosso modo, la historia es la siguiente
El Estado tiene que cumplir con unos ciertos compromisos internacionales en materia de cambio climático (Protocolo de Kioto, 2007), compromisos que implican reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir las emisiones de CO2, lo mejor es generar electricidad con fuentes de energía renovable, como el Sol. El Estado, sin recursos, decide entonces animar a la iniciativa privada para que sean particulares quienes aborden esa inversión -en huertas solares- y para que, así, esa nueva electricidad (limpia) sustituya a la electricidad sucia que sale de centrales térmoeléctricas que queman carbón, fuelóleo o gas natural, fuentes todas de emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2.
Marco regulatorio
Para animar la inversión, el Estado (año 2007) le asegura a quienes inviertan en huertas solares que los kilovatios hora (kWh) que generen sus instalaciones serán retribuidos a un precio concreto durante un período concreto (15, 20, 25 años). A la luz de ese marco, los inversores diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kWh; el gobierno avala (BOE mediante) que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía del Boletín Oficial del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
¿Qué ha sucedido, sin embargo?
Pues que los dos últimos ministros -Miguel Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP)- han cambiado las reglas a mitad de partido. Lo han hecho, concretamente, a partir del año 2010, y, así, donde el BOE dijo 15, 20, 25 años de retribución a un precio muy concreto... el BOE dice ahora 3. La historia es tal y como sigue: primero, el legislador rebaja el precio convenido en un tanto por ciento; más tarde, el legislador recorta el período de la retribución; luego, le imputa un impuesto de nuevo cuño al kilovatio solar (7%); y, al final, elimina directamente la "prima" y la sustituye por lo que denomina "rentabilidad razonable", en realidad, un recorte de facto de dimensiones tales que se ha dado en denominar el hachazo a las renovables (rentabilidad "razonable", además, revisable cada tres años).
En marzo de 2015, Energías Renovables publica en exclusiva las conclusiones de un informe demoledor: el elaborado por el perito Alberto Ceña –a instancias del despacho de abogados Holtrop- sobre el impacto económico de la denominada “rentabilidad razonable” –sustituta de las primas- en el sector de las energías renovables. Ceña analiza durante meses 1.258 casos fotovoltaicos –de clientes de Holtrop- y llega a la conclusión de que más del 92% de esas instalaciones “entrarán en concurso de acreedores y/o se verán obligadas a renegociar con el banco”. ¿El por qué? Pues porque la “rentabilidad razonable” que le ha asignado el Gobierno a la fotovoltaica es tan baja que los propietarios de esas instalaciones no están ingresando siquiera lo suficiente como para pagar los créditos que solicitaron para montar sus huertas solares.
El informe avanza además otras cifras (que muestran las verdaderas dimensiones del "hachazo"). Las 1.258 instalaciones FV estudiadas “presentan una pérdida patrimonial que asciende a los 211 millones de euros”, o sea, que, como consecuencia de la reforma, van a dejar de ingresar esa cantidad de dinero a lo largo de su vida útil (dinero con el que contaban sus propietarios para devolver los créditos que solicitaron). Pues bien, si tenemos en cuenta que en España hay 60.000 instalaciones FV (y no solo 1.258), y que muchas de ellas sin duda están tan afectadas por la reforma como las 1.258 instalaciones estudiadas por Ceña… estaremos hablando de miles de millones de euros de pérdida patrimonial. ¿Beneficiarios? Los bancos tiburón, que refinanciarán esa deuda, y/o los fondos buitre, que aprovecharán la coyuntura para comprar a bajo precio.
¿Último episodio de la serie? El trienio
Porque resulta que la ley PP que establece la rentabilidad razonable incluye -como dijimos antes- la posibilidad de revisar cada 3 años algunos parámetros retributivos y, cada 6, la totalidad de los parámetros retributivos (salvo la vida útil regulatoria y el valor standard de la inversión inicial). En fin, que incluye la posibilidad de revisar el precio al que se le paga el kilovatio hora a los productores fotovoltaicos. La situación es la siguiente: el Ejecutivo ideó una fórmula (para revisar ese precio cada 3 y cada 6 años; la revisión de los seis años toca en 2020) y el sector de los pequeños productores fotovoltaicos, representado por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), ha hecho las cuentas y estima que, de producirse esa revisión conforme a esa fórmula a día de hoy ello supondría un recorte de otro 25% de las retribuciones.
¿Conclusión?
"Default". Lo dijo ayer en el Parlamento el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, que ha comparecido junto a Ignasi Candela, Rosa Martínez y Josep Vendrell. "Ya no solo es que los afectados, 62.000 familias, no puedan atender el servicio de la deuda -ha dicho Aroca-, es que muchas pueden ir a default, de modo que al final lo que va a ocurrir es que muchas de esas instalaciones pueden acabar en manos de fondos buitre". Martínez-Aroca, que ha agradecido "que los partidos políticos nos arropen, para nosotros esto es un gesto imprescindible", pide un suelo contra los recortes: "aún debemos a la banca 16.000 millones de euros de proyectos construidos en 2007; un recorte del 25% nos llevaría a muchos a una situación de default".
Anpier y todas las organizaciones del sector de las energías renovables han manifestado siempre que la "rentabilidad razonable" que instituyó el Ejecutivo Rajoy en el bienio 2013/2014 no era tal y que, tras ese eufemismo, no se ocultaba más que un recorte arbitrario del precio del kWh renovable. Compromís, y Unidos Podemos, se hacen ahora eco de ese discurso, y han presentado así esta Proposición de Ley, que promueve la redefinición de ese concepto -el de la rentabilidad razonable- para superar esa arbitrariedad y ajustarlo a lo verdaderamente razonable. En palabras del diputado de Compromís Ignasi Candela, "lo que intentamos es que no se pueda modificar la retribución por los caprichos del ministro Nadal".
Candela ha mantenido contactos con otros partidos políticos del arco parlamentario. Según el diputado de Compromís, la iniciativa cuenta con el "compromiso firme" de Unión del Pueblo Navarro, con el sí de Coalición Canaria y Nueva Canarias, con el apoyo del PSOE y "hay grupos dubitativos -ha dicho-, como Ciudadanos", que todavía no se habría pronunciado. El parlamentario ha anunciado además que "este es el comienzo de una serie de iniciativas que vamos a emprender para democratizar la energía", proyecto en el que está comprometido ya el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que ha acompañado al diputado de Compromís en la presentación de esta PDL.
La legislatura de la transición energética
En ese sentido, Rosa Martínez y Josep Vendrell, han dicho que esta debe ser "la legislatura de la transición energética". Ambos han situado en el Parlamento el campo de batalla por esa transición: "el Gobierno no está por esa transición energética -ha dicho Vendrell-, así que los grupos parlamentarios debemos tomar la iniciativa y liderar esa transición".
El PSOE -ha añadido Candela- "apoyará este proceso". Enfrente -ha señalado Vendrell-, "una política obstruccionista y reaccionaria, la política del ministro Nadal, que mira al pasado" (el diputado de En Comú Podem ha puesto el ejemplo del autoconsumo, recientemente vetado por el Grupo Parlamentario Popular en la Mesa del Congreso).
En el escenario al que apela esta Proposición de Ley no solo se encuentran las 62.000 familias afectadas. Compromís señala en su PDL que la revisión trienal provoca además "una gran incertidumbre en la inversión en este sector, lo que se traduce en un encarecimiento de la financiación de los proyectos, así como un endurecimiento de sus requisitos". Vamos, que la rentabilidad razonable revisable ideada por el Ejecutivo Rajoy está colocando a los pies de los caballos (de los bancos) a 62.000 pequeños inversores, y, a la vez, está ahuyentando del sector la nueva inversión: "con este modelo -dice la propia Exposición de Motivos de la PDL en referencia al Modelo Nadal- no es posible tener la mínima certidumbre necesaria para poder financiar estos proyectos".
A la par, el Modelo planteado por la reforma energética puesta en marcha por el Partido Popular deja el escenario renovable, en el que habían empezado a aparecer otros actores, accesible solo a los grandes agentes (el oligopolio o los fondos buitre, por ejemplo), que, con su músculo financiero, pueden hacer su agosto con los actores más débiles y pueden, en todo caso, permitirse una mayor dosis de incertidumbre. Lo ha resumido en una frase el director de Anpier, Rafael Barrera, también presente en el acto (en la foto, a la derecha): "el futuro va a ser renovable, sin duda; la única pregunta es si va a ser o no social". La guerra -de la transición energética- está servida. Y parece ser que va a tener lugar en el Parlamento de esta XII Legislatura. "Este es el comienzo de una serie de iniciativas que vamos a emprender para democratizar la energía", empezaba diciendo, casi como primera frase de apertura del acto, Ignasi Candela.
