“¿La multa de sesenta millones. Hombre… La verdad... Yo creo que nadie en su sano juicio pondría una multa de sesenta millones. Esa era una medida para atemorizar, para que la gente pase por el registro. Pero no creo que... No creo que nadie en su sano juicio... Porque es que además… legalmente… no habría una proporcionalidad, y yo creo que judicialmente eso estaría bastante perdido”. José Donoso es el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y sin duda uno de los actores del sector que más ha batallado porque el Ejecutivo recupere la sensatez en el asunto del autoconsumo. Suyas son las palabras que entrecomillamos al principio de este párrafo. “Yo creo que nadie en su sano juicio pondría una multa de sesenta millones”. Donoso estuvo el pasado 25 de febrero en la puerta del Congreso, junto a diputados de casi una docena de grupos parlamentarios y a la vera también de delegados y representantes de más de 20 organizaciones no gubernamentales de toda España: sindicatos, organizaciones ecologistas, de empresarios del sector de las energías renovables, de consumidores…
Acuerdo del nuevo Parlamento
Todos ellos han suscrito (y presentaron ese día) un acuerdo según el cual todos los partidos –PSOE, Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas de todos los colores (todos menos el Grupo Parlamentario Popular)- se comprometen a derogar el impuesto al sol –en cuanto haya nuevo gobierno- y a alumbrar una nueva normativa que promueva el desarrollo del autoconsumo eléctrico, esa solución de ahorro que anhelan los empresarios y los trabajadores del sector –porque les dará trabajo- y desean también los ciudadanos de a pie, consumidores y empresas de todo tamaño, porque les ahorrará en gasto. Pero quizá convenga hacer un repaso, siquiera sea somero, del viaje que nos ha traído al lugar en el que nos encontramos.
El último Gobierno Zapatero aprobó en el tiempo de descuento -el 18 de noviembre de 2011, dos días antes de perder las elecciones- un Real Decreto (RD 1699) que establecía un marco básico para el autoconsumo, si bien señalaba la necesidad de un segundo RD que concretara sus "condiciones administrativas, técnicas y económicas". El caso es que ese postrero Real Decreto socialista decía, literalmente, que, “en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del presente real decreto” (o sea, en fecha de abril de 2012), el ministro de Industria “elevará al Gobierno una propuesta de real decreto” cuyo objeto sea “la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas” del autoconsumo.
Pues bien, el Ejecutivo Rajoy se ha saltado (se saltó) el plazo de los cuatro meses (ha tardado 42) y ha demorado la publicación del Real Decreto de Autoconsumo (RD 900) hasta el 10 de octubre del año 2015. Pero no solo… porque, además, el RD ha llegado con sorpresa dentro: léase “impuesto al sol”, o gravamen surrealista que ha sembrado el terror en el sector, hasta el punto de que un mercado que podría estar disparado –el del autoconsumo solar fotovoltaico- lleva ya más de cuatro años funcionando al ralentí. ¿El por qué? Un impuesto (al sol) que el Ejecutivo Rajoy ha incluido en el RD 900 para gravar los kilovatios hora que genero en la azotea de mi casa y consumo en el frigorífico que tengo en mi cocina, es decir, kilovatios hora que no recorren más que el cableado de mi vivienda y nunca la red eléctrica.
Miedo en dos tiempos
El vacío legislativo ha sembrado de miedo e inseguridad, durante 42 meses, el sector: primero no regulamos el autoconsumo (generamos incertidumbre), y luego amenazamos con un borrador de Real Decreto (o con dos, o con tres) que incluye en su articulado un gravamen tal al futurible autoconsumidor que prácticamente a este le sale más a cuenta seguirle pagando los kilovatios a las grandes compañías eléctricas que producirlos y consumirlos en casa de uno mismo. El primer borrador que amenazaba con el impuesto al sol apareció en julio de 2013. El tercero, en el verano del 15 (el RD finalmente sería aprobado en octubre del año pasado). Entre tanto, el sector no ha dejado de protestar contra un impuesto que siempre ha considerado sin sentido.
Además, a la par, ha ido granjeándose las simpatías de organizaciones sociales y políticas que, poco a poco, han ido sumándose a las críticas al Ejecutivo, que no solo ha cumplido con la amenaza de establecer un impuesto al sol sino que, además, ha aprobado un régimen sancionador que establece multas de hasta 60 millones de euros para aquellos que no inscriban sus instalaciones en un registro ministerial, futurible vía de cobro del impuesto susodicho. Eso sí, el legislador ha dejado una válvula de escape (y seguramente avergonzado): porque el propio Ejecutivo establece en el RD 900 un plazo de seis meses (hasta hoy) para que los propietarios de instalaciones de autoconsumo las inscriban en el registro del Ministerio y este pueda empezar a pasarles la factura del impuesto al sol).
Y aquí hemos llegado
Con dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que PSOE, Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas de todos los colores (vascos, catalanes, gallegos, canarios) se han comprometido a derogar el Real Decreto 900. Lo han hecho -como decíamos ahí arriba- en un acto simbólico que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de febrero. Ese día, los representantes de todos esos partidos presentaron y firmaron ante los medios el Acuerdo de Compromiso para el Desarrollo del Autoconsumo Eléctrico, un documento que han suscrito otras 26 organizaciones sociales y que implica, para empezar, la aprobación -"en los primeros cien días de Gobierno"- de un Real Decreto Ley que acabará con el impuesto al sol (impuesto que, supuestamente entra hoy en vigor, pues hoy expira ese plazo de seis meses).
Los grupos parlamentarios firmantes -227 diputados- representan a más de 18 millones de votantes. En concreto, 71 de cada 100 votantes dijo el pasado veinte de diciembre “no al impuesto al sol”; y lo dijo además con conocimiento de causa, pues todos esos partidos ya firmaron un acuerdo similar –de rechazo al entonces proyecto de RD de Autoconsumo- en julio de 2015, antes de que fuera aprobado el Real Decreto en cuestión y antes de que tuvieran lugar las generales. El caso es que todos los Grupos Parlamentarios (todos menos el PP) han ratificado ahora, en febrero, lo acordado en julio, y han firmado en el Congreso un Acuerdo en el que defienden que hay que reconocer “el derecho al autoconsumo sin ningún tipo de cargo, ya que el autoconsumidor en ningún momento hace uso de la red eléctrica”, es decir, que todos dicen con nitidez “no al impuesto al sol”.
Sanciones proporcionales
Además, los firmantes apuestan por “la simplificación de la tramitación administrativa, especialmente para las instalaciones pequeñas y que no inyectan electricidad a la red eléctrica, para las que bastará una notificación”. Por lo demás (¿cómo no?), reclaman la “adaptación del régimen sancionador”. El texto del acuerdo dice que, “en los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el Autoconsumo, la sanción máxima será el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica”. O sea, que, si usted factura anualmente por consumo 5.000 euros, por poner un ejemplo, la multa máxima sería de 500, cantidad que nada tiene que ver con lo impuesto ahora por el legislador: 60 millones de euros, sanción que es 260 veces superior a la que la legislación ha establecido para los supuestos de "accidente de avión provocado por negligencia", o multa que duplica la establecida para casos de "abandono o liberación de materiales radioactivos" (treinta millones de euros).
Esos dos ejemplos –que dejan en ridículo al legislador que escribió sesenta millones- los ponía hace un par de meses -en la jornada «El autoconsumo y el Real Decreto 900/2015»- la ingeniera Lucía Dólera, responsable de Coordinación con Socios e Internacional de la Unión Española Fotovoltaica. Sí: aunque parezca mentira (o broma), lo cierto es que el Ejecutivo Rajoy ha aprobado una norma en la que dice que si alguien no inscribe su instalación de autoconsumo solar fotovoltaico (FV) en el registro correspondiente puede ser sancionado con una multa que puede llegar a duplicar la que las mismas autoridades le impondrían si hubiese liberado materiales radioactivos. La sanción (60 millones de euros) no parece particularmente proporcionada si tenemos en cuenta por ejemplo que una instalación sobre cubierta de 3,7 kilovatios de potencia, con baterías de gel de 10 kilovatios -instalación doméstica de autoconsumo con almacenamiento-, puede salir por unos 9.000 euros (el ejemplo es real).
Superando el miedo
Así las cosas no es de extrañar que la sociedad, calladamente, haya contestado con desobediencia civil (quizá sería más correcto decir insumisión) al terrorismo regulatorio. Hace tres meses –se lo contaba a este periodista un importante empresario del sector- no había ni una sola instalación registrada en el Ministerio. El 25 de febrero había solo dos (75 kilovatios, en total), apuntaban desde UNEF. ¿Le sorprende?, preguntábamos entonces a su director general, José Donoso. Y no, no había sorpresa. Solo un momento de silencio tras el cual llegaba la respuesta: “no, la verdad es que no”. Es la sociedad civil, que parece estar rebelándose contra una insensatez regulatoria que en el caso del autoconsumo ha ido quizá demasiado lejos.
En todo caso, lo cierto es que la incertidumbre primero y los miedos varios después han contenido la que podría haber sido ya la segunda revolución de la energía solar fotovoltaica en España (la primera fue la de las grandes instalaciones multimegavatio). Y dícese que el miedo es probablemente la única razón que explica el retraso de esa segunda revolución solar porque el autoconsumo es cada día más rentable, y los números, cada vez más tozudos. A saber: el precio de la factura de la luz no ha dejado de subir a lo largo de todos estos años en España, mientras que el de las instalaciones solares fotovoltaicas no ha dejado de bajar. Los informes en ambos sentidos han ido sucediéndose, uno tras otro (y confirmando ambas tendencias), a lo largo del último decenio. Así que citaremos aquí solo un par de ellos.
Según "Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación", informe elaborado por el centro de investigación Economics for Energy y presentado el pasado mes de mayo en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade (Madrid), la factura de la luz ha subido hasta un 76% entre 2007 y 2014. Y al revés: entre mayo del año 2009 y noviembre de 2014, el precio medio mensual de los paneles monocristalinos vendidos en Europa ha bajado alrededor del 80%, desde los aproximadamente 3,50 euros vatio de 2009 a los aproximadamente 0,80 euros vatio de noviembre del año pasado. Más aún: según UNEF, "la era de las bajadas rápidas de precios para células y módulos fotovoltaicos todavía no ha acabado".
A pesar de todo
Así las cosas –electricidad cada vez más cara; fotovoltaica cada vez más barata-, el autoconsumo podría haberse disparado en España en los últimos cuatro años. No lo ha hecho, sin embargo. Eso sí: tampoco se ha parado. A pesar de la incertidumbre, cuajada de amenazas (impuestos esperpénticos, sanciones desorbitadas), el sector ha ido dando pasos poco a poco y ahora mismo podría rondar los… ¿50.000 kilovatios? Cincuenta megavatios quizá repartidos en un sinfín de instalaciones domésticas, con y sin baterías, industriales, en naves ganaderas, en hipermercados, mataderos, almacenes de congelados, gasolineras, casas rurales, fábricas de fertilizantes, de piensos, de alambres, comisarías, bodegas, fundiciones, ayuntamientos, bibliotecas, parques de bomberos… No es una simple enumeración; a lo largo de los últimos tres años, Energías Renovables ha ido descubriendo instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico en todos y cada uno de esos casos: la comisaría de San Agustín de Guadalix (en Madrid), o una fábrica de hierros en Lérez (Pontevedra), una granja de porcino en Aitona (Lérida), o un edificio de oficinas en Sevilla, o el almacén de congelados de Lorca, en la Región de Murcia.
La cuestión es, ¿aplicará un gobierno en funciones una ley que rechazan explícitamente (a día de hoy) 227 diputados y más de 18 millones de votantes? ¿Se sentirá lo suficientemente legitimado como para aplicar una ley que sabe es rechazada por la inmensa mayoría social y, sobre todo, parlamentaria? Si es así, ¿asignará el Gobierno Rajoy –gobierno en funciones- partidas presupuestarias extraordinarias para dotar al Ministerio de Industria de los recursos humanos y técnicos que son necesarios para emprender la búsqueda de instalaciones de autoconsumo no registradas? ¿Articulará un Gobierno en funciones –sabedor del rechazo social y parlamentario que suscita esta norma- los mecanismos y procedimientos que son precisos para que, a partir de hoy, sean tramitadas esas denuncias y cobradas esas multas? ¿Han salido esta mañana ya -de las dependencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo- los escuadrones de inspectores en pos de instalaciones clandestinas?
