eólica

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La eólica gallega fue un caso de éxito en los tres últimos decenios, pero desde 2020 hasta hoy la potencia instalada ha sido casi nula. La Xunta decretó una moratoria de 18 meses para nuevos parques que se prolongará hasta el 30 de junio de 2023, así que la energía del viento está actualmente prácticamente parada. En paralelo, también en esta comunidad está surgiendo un movimiento social contrario a la energía del viento.
¿Mejor petróleo árabe que viento gallego?

Los datos del último estudio de Impacto Económico y Social del sector eólico en Galicia, elaborado por Deloitte para la Asociación Eólica Gallega (EGA) y publicado en junio pasado, confirman la situación de parada de la eólica en la Comunidad Autónoma. Aún así, Galicia generó 9.559 GWh de energía a partir del viento en 2021, lo que la sitúa como tercera comunidad por detrás de Castilla y León y Aragón; una cifra que equivale al 39,5% de la generación eléctrica y al 54,6% de la demanda eléctrica total de la Comunidad Autónoma, convirtiendo a la energía del viento en la primera fuente de generación en este territorio.

En Galicia hay instalados 3.897 MW (3.851 en 2020) eólicos, aportados por un total de 187 parques en explotación. Esta tecnología contribuyó al PIB gallego con 489,1 millones de euros en 2020, el 0,84% del PIB de ese año en la comunidad; aportó a la balanza fiscal 106,4 millones de euros, de los cuales 42,2 millones fueron para la Xunta y los ayuntamientos eólicos; y dejó a los propietarios de los terrenos donde se asientan los aerogeneradores unas rentas de 11 millones de euros. Ese mismo año de 2020, había 5.435 personas trabajando en el sector eólico gallego (3.484 directos + 1.951 indirectos); 1.587 menos que en 2019, cuando la cifra ese situaba en 7.022.

En emisiones evitadas de CO2 gracias a la energía del viento, la cifra asciende a 5,2 millones de toneladas, equivalente a un ahorro económico de 128 millones de euros. El aprovechamiento del viento gallego también evitó que se consumieran 1,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que supusieron una ahorro económico de otros 255,2 millones de euros.

Planificación clara y responsabilidad
En esta coyuntura, EGA demanda a los partidos políticos gallegos una planificación clara para que el sector pueda saber hasta qué punto Galicia apuesta por la energía eólica, pudiendo programar con criterio y seguridad jurídica sus inversiones. “Hace doce años todos los grupos parlamentarios aprobaron añadir 2.500 MW a los existentes, y hoy, ante una alerta energética y climática demoledora, se echan para atrás y se oponen”, advierten desde la asociación, que también apela a la responsabilidad de los representantes políticos y de la propia sociedad en busca de la mejor solución energética hasta 2030: “Las energías renovables son la única solución. Es incuestionable. Y en Galicia la eólica está madura, porque disponemos de una tecnología avanzada y una experiencia acreditada de muchos años de implantación. Un país no se puede permitir el lujo de confrontar año a año la política energética y su correspondiente planificación. Menos todavía en la actual coyuntura”, advierten. La Asociación Eólica de Galicia dice no entender tampoco el ruido social que se ha generado en torno a la eólica, demonizándola.

“Somos una fuente limpia y autóctona que evita cinco millones de toneladas de CO2 cada año, una cantidad muy significativa de ahorro tóxico. La evidente emergencia climática, que solo los negacionistas ponen en duda, y nuestra dependencia energética –estamos pagando la invasión de Ucrania con el gas que le compramos a Rusia– urgen de verdad que avancemos en el desarrollo renovable. Lo dice Europa, que ya apremia a las administraciones públicas a agilizar permisos y licencias. Y nosotros, en parada y sin ninguna planificación”, se lamentan desde la entidad.

En la asociación muestran, por tanto, su estupor ante las denuncias presentadas en Bruselas por el BNG y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) por un supuesto incumplimiento de la normativa europea en la implantación de parques eólicos por parte de la Xunta y el Estado y recuerdan que el sector lleva tres años en los que apenas se ha construido nada y hasta julio de 2023 seguirá en vigor la moratoria decretada por la Xunta.

Recuerdan, asimismo, que fue durante el Bipartito –cuyas competencias en la materia las tenía el BNG– cuando más parques se instalaron. “Nosotros generamos energía verde y contribuimos al desarrollo de economías rurales, implantando los parques eólicos en áreas de baja densidad de población y compatibles con usos agropecuarios y forestales. En el centenar de municipios donde nos hemos instalado, salvo alguna excepción, no tenemos ningún conflicto. Es más, los propietarios de las tierras no quieren que abandonemos el lugar debido a los beneficios que obtienen con nuestra presencia. Por otra parte, el sector reivindica que los 120 millones de euros que tributa a las arcas autonómicas y del Estado reviertan completamente en el centenar de municipios donde estamos”, añaden. Temen, además, que ante la situación que estamos viviendo, encender la luz, en el sentido del suministro de electricidad para todos los usos (sean industriales o residenciales) se convierta pronto en un artículo de lujo y volvamos a la energía nuclear, el carbón y el petróleo.

“Mucho mejor esto que apostar y acelerar el desarrollo de las energías renovables, que además de limpias y reversibles, reducen la dependencia de terceros y las infraestructuras de transporte, haciéndonos cada vez más autosuficientes e independientes. Pero mejor petróleo árabe que viento gallego”, dicen irónicamente. “Este es el nuevo ecologismo. Estupor”.




Feijóo y el BNG
Representantes del Bloque Nacionalista Galego y la asociación ecologista Adega se reunieron a mediados de septiembre con el jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Nicola Notaro, para trasladarle sendas denuncias sobre un supuesto incumplimiento (por parte de la Xunta y el Estado) de la normativa europea en la implantación de parques eólicos. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) respondíó con un duro comunicado calificando de “asombrosas” esas denuncias y, además de insistir en que Galicia está inmersa en una moratoria eólica, recuerda que el Gobierno gallego ha estado presidido durante los últimos trece años por el popular Alberto Núñez Feijóo, que, cuando llegó a la presidencia, en marzo de 2009, anuló un concurso eólico mediante el que el gobierno anterior (PSOE-BNG) había adjudicado más de 2.000 megavatios.

Lo cierto es que la etapa de Feijóo, que abandonó la Xunta de Galicia en abril pasado, tras trece años de mayorías absolutas en su tierra, ha sido muy poco propicia para los intereses eólicos. A la anulación de aquel concurso (muy polémica en su momento), se ha sumado ahora esta nueva moratoria. El resultado de todo ello es que, desde la llegada del dirigente popular a la Xunta (abril del 09) hasta su salida (abril del 22), en Galicia solo han sido instalados (en los últimos trece años) poco más de 700 megavatios de potencia eólica, menos que los que añadió el sector durante el Bipartito BNG-PSOE (agosto de 2005-abril de 2009) al parque eólico regional: 862 MW.

En cuanto al porqué de la moratoria, el gobierno alega que se tomó esta decisión ante la avalancha de solicitudes a los que tenía que hacer frente la administración autonómica y que suponían más de 7.000 megavatios, repartidos en 275 expedientes en estado de tramitación.

Este reportaje se puede leer también en ER215 (número de octubre de 2022).

 

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Jorge
Menudos getas,si sois los mismos chorizos los de las petroleras que los de las eolicas,si tanto las queréis ponerlas en las ciudades,no acabéis con el mundo rural, sinvergüenzas,contaminan y destruyen parecido.
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