El sector eólico vive ahora mismo un momento histórico, porque, en total, podría haber a finales de julio de este año más de quince gigavatios (15 GW) en parques eólicos con autorización para construir. Y la decisión de invertir para estos proyectos o posponerlos tendría que tomarse en menos de 12 meses, según los tiempos que marcan los reales decreto-ley (RDL) 23/2020 y 8/2023.
Los casi 400 proyectos eólicos que, según la prórroga establecida en el RDL 8/2023, podrían esperar a estar conectados hasta julio de 2028, supondrían una inversión superior a los 22.000 millones de euros, cantidad equivalente a más del 1,5% del PIB español (2023). Si las inversiones en parques eólicos se dividiesen en partes iguales serían un plus de un 0,5 porcentual anual a las expectativas de crecimiento del PIB de España durante los siguientes tres años.
La fabricación de 5.000 aerogeneradores para la industria eólica en España y su despliegue en el territorio tendría un efecto de incremento del empleo del sector de casi 20.000 puestos de trabajo directo e indirecto en industria y servicios.
Pero, ¿cuáles son los elementos económicos que hay que tomar en cuenta? ¿Hay vida para las inversiones en eólica tras la crisis energética del bienio 2022-2023? Desde el año 2020 y hasta 2023 ha habido una volatilidad extrema en los precios del mercado eléctrico español (y en los demás mercados europeos también).
Hemos pasado de unos precios extremadamente bajos (34 euros el megavatio hora, €/MWh), los registrados en 2020 por el Covid, al extremo opuesto, con un récord de precio medio anual en 2022 (167 €/MWh) debido a los altos precios del suministro de gas natural europeo causados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el consiguiente abrupto fin del suministro de gas desde este último país.
Futuro a la baja
Este mes de febrero que acabamos de dejar atrás ha cerrado con un precio de 40 €/MWh y con futuros para el mes de marzo de 23 €/MWh. Los futuros de OMIP para 2025 han ido bajando desde los 92 €/MWh a finales de 2022 a los 54 €/MWh actuales por la bajada del coste del gas.
Y el precio del CO2 (otro factor que también integra las ofertas de las tecnologías marginales) ha bajado de más de 90 €/CO2 a menos de 60 €/tonCO2. Todo esto se ha reflejado en los PPAs eólicos, que han bajado desde los 67 €/MWh de 2022 a los menos de 60 €/MWh a finales de 2023.
Se puede esperar que, según vayan consolidándose precios del gas por debajo de los 25 €/MWh, las ofertas de la demanda de los PPAs se estabilizarán probablemente en una banda de entre 50 y 60 €/MWh. Otra cosa es si vender energía a esos precios es rentable para un inversor en eólica.
Porque, si la perspectiva de ingresos para los inversores en eólica parece empezar a cristalizar a niveles de precios bastante más bajos respecto a los picos de 2021-2023, los tipos de interés de los préstamos para financiar los parques eólicos no han bajado todavía.
Si en marzo de 2022 el Euribor estaba todavía en negativos (-0.237%), actualmente está en 3,66%, lo que significa un incremento del LCOE (Levelized Cost of Energy) para la eólica de alrededor de 10-12 €/MWh, dependiendo del proyecto y de cómo se financia.
Por otra parte, los costes de CapEx también han aumentado desde 2021 en alrededor de un 30%, lo que a su vez aumenta el LCOE en alrededor de 8-12 €/MWh. Estamos hablando de que la invasión de Rusia a Ucrania ha encarecido el coste de generar electricidad con eólica (sólo por el incremento de los tipos de interés y la inflación) en alrededor de 20 €/MWh.
La pregunta que uno se hace a estas alturas estaría clara: en esta situación, ¿sigue siendo rentable invertir en eólica en España (Europa)? La respuesta, desde un punto de vista político, es que tanto las instituciones de la UE como en nuestro caso el Gobierno quieren seguir apostando por el desarrollo de la eólica y apoyar a su industria (europea/española).
Esto ha quedado claro tanto en los objetivos de eólica que han incluido los países en sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, y en el Wind Energy Package desarrollado por la Comisión Europea durante la presidencia de España de la UE.
Pero la cuestión de fondo es que la inversión tiene que ser rentable, y ahí es donde está fallando la que debería ser la política común europea de “poner aeros fabricados en Europa sobre el terreno” y no sobre el papel.
Debido a los altos precios de la electricidad generados por el precio de un combustible fósil importado (el gas) ha habido un síndrome colectivo político de demonización de las tecnologías inframarginales autóctonas (incluidas todas la renovables sin coste de recurso como la eólica) basado en la idea de que los productores de electricidad estaban teniendo “ganancias caídas del cielo” cuando los precios estaban altos (aunque nunca se planteó que tuvieran “pérdidas caídas del cielo” cuando los precios estaban bajos en 2020, o actualmente, en las horas centrales del día, cuando nos encontramos con precios por debajo del euro por megavatio hora).
La realidad es que la mayor parte de la electricidad generada con eólica estaba siendo vendida a precios pre-crisis mediante PPAs o en el marco regulatorio del ReCoRe (Reno vables, Cogeneración y Residuos), por lo que la rentabilidad de las plantas estaba capada, o en el mercado con un precio capado en España de 67 €/MWh (frente a los 180 €/MWh considerados razonables en el Reglamento que habilitaba los topes de precio eléctrico).
Ni uno a 167 euros
Ningún parque eólico ha ingresado de media los 167 €/MWh del mercado eléctrico español en 2022. Y el año pasado se han instalado 750 MW eólicos en vez de los 2.300 MW previstos. Si hubiesen tenido el tope de la UE podemos estar seguros de que se habrían instalado más parques eólicos en España en los años de la crisis.
El problema es que una vez generada la idea de que las tecnologías como la eólica ganan “mucho dinero injustamente”, desde un punto de vista político parece que es necesario y “justo” penalizarlas fiscalmente por su supuesto impacto ambiental, cuando aún no hemos reducido ni en un 10% las emisiones totales españolas (respecto a 1990) y no se ha traspuesto aún a la legislación española el concepto de “quien contamina paga” y de que “quien contamina más paga más”.
En cierta medida se intentaba ir en esta dirección con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (que intentaba equilibrar el esfuerzo hecho en el sector eléctrico para la transición energética con aportaciones de otros sectores energéticos más contaminantes), pero una vez aparcado en la anterior legislatura no parece que vaya a revivir.
En este sentido, la reintroducción del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, que supuestamente es medioambiental, no distingue entre el impacto que genera una central de carbón o un parque eólico. Entonces, ¿para qué descarbonizar si la afección ambiental supuestamente es la misma?
Y hay más preguntas
¿Cómo vamos a descarbonizar los demás consumos energéticos fósiles (derivados del petróleo y gas), que son el 65% del consumo energético español restante, si penalizamos fiscalmente de igual manera a nuestra energía limpia (que queremos desarrollar), o incluso la penalizamos más en algunas comunidades autónomas?
La última en subirse al carro de los “cánones medioambientales” ha sido Aragón. ¿Será que los que tienen que decidir las políticas fiscales estarán pensando que los supuestos ingresos a futuro de los parques eólicos van a ser como los “supuestos” ingresos de las tecnologías marginales del mercado eléctrico español durante la crisis?
¿Por qué los famosos “céntimos” verdes de las comunidades autónomas a los combustibles fósiles (que son contaminantes) se declararon inconstitucionales, mientras que los cánones eólicos (cuyo impacto ambiental está valorado y monetizado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los parques en forma de medidas compensatorias) se consideran supuestamente legales?
La percepción que da esta situación es de “disonancia cognitiva”: “queremos mucha eólica pero no queremos que gane dinero”, en la versión más leve, y “queremos la eólica pero en ninguna parte de mi territorio” en la versión más aguda, lo cual nos deja exactamente en el modelo actual energético (importamos la energía fósil y no vemos su impacto en tiempo real), lo que en las evaluaciones de impacto ambiental se denomina: Alternativa Cero.
O lo que es lo mismo: no hacer nada. ¿Qué le puede generar quebraderos de cabeza a los inversores? Si a la presión que ejercen sobre el LCOE de la eólica elementos de mercados financieros (tasas de interés más altas), y el encarecimiento del CapEx (inflación generada por los combustibles fósiles), se le añade la proliferación de iniciativas fiscales desde todas las administraciones, el inversor con un proyecto eólico tendrá que preguntarse: ¿esto se acaba aquí o va a ir a más?
Con el canon eólico propuesto en Aragón, un parque eólico futuro que consiguiese un PPA de cincuenta euros el megavatio hora por cada euro neto de ingreso para el promotor estaría generando 2,3 euros en impuestos locales, autonómicos y nacionales. Algunos, pagados por el promotor, como el IVPEE, BICES, ICIO, IAE, Canon aragonés, impuesto de sociedades, o el bono social, mientras que el consumidor eléctrico pagaría el IE y el IVA (que acaba de subir al 21%).
La política fiscal medioambiental tiene que ser coherente con los objetivos comunes de la UE. La alineación de la fiscalidad nacional, autonómica y local tiene que tener como objetivo la descarbonización y la transición energética. El debate sobre los retornos al territorio es fundamental y tiene que ser justo, proporcional y homogéneo; pero tiene que estar desligado de políticas fiscales supuestamente medioambientales mal planteadas en su objetivo y en la medida real del impacto y que muchas veces se solapan entre ellas y las medidas de recuperación y compensación que se aprueban en la DIAs.
¿Qué nos jugamos?
La Alternativa 0 para muchos de los proyectos. Corremos un serio riesgo de seguir instalando menos de 1.000 MW al año, con odas las consecuencias en las inversiones, el empleo, los ingresos del territorio, la seguridad energética, la industria eólica, etcétera, y, en definitiva, nuestro futuro y el de las generaciones que nos siguen. A estas alturas ya todos somos responsables de ello.
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