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Estados Unidos

Covid-19: El impacto de la pandemia en el sector eólico

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En la web del Consejo Global Eólico (GWEC, por sus siglas en inglés) se viene siguiendo la actualidad de seis países clave de la industria eólica mundial acerca de cómo los afecta la crisis de la pandemia del Covid-19. Se trata de seis mercados líderes: China, Alemania, India, España, Reino Unido y Estados Unidos. Aquí vamos a las puntualizaciones que se hacen sobre el país norteamericano.
Covid-19: El impacto de la pandemia en el sector eólico
Mapa mundial de la cuarentena: verde oscuro, total; claro, parcial; gris, ninguna.

En el apartado del GEWC  se especifica que la mayoría de los desarrolladores han recibido avisos de proveedores de componentes que indican que por causa de fuerza mayor las entregas pueden retrasarse, de lo que se deduce que habrá "un impacto en los plazos de construcción y desarrollo de los proyectos, con el riesgo potencial de que no se cumplan los plazos establecidos para el servicio, lo que pone en riesgo la elegibilidad de créditos fiscales".

Otros factores mencionados son las demoras en los permisos, cancelaciones de audiencias públicas, retrasos en las colas de espera de interconexión de los proyectos, como también en la negociación del arrendamiento de tierras, así como incertidumbre financiera debido a la duda que rodea las extensiones de los créditos fiscales de inversión (ITC, por sus siglas en ingles) y crédito fiscal de producción (PTC).

Respecto a los paquetes de estímulo y apoyo económico anunciados por la administración federal, si bien hasta ahora en las extensiones de crédito fiscal o disposiciones de pago directo no ha sido incluida la industria eólica en ellos -ni tampoco otras renovables-, se espera que en los próximos anuncios se la tenga en cuenta.

Relacionado con lo anterior, la industria eólica estadounidense está pidiendo que dicho paquete de estímulos incluya disposiciones tales como la extensión de PTC y ITC de cuatro a seis años para proyectos que hayan comenzado la construcción después del 31 de diciembre de 2015, así como asegurar una provisión de pago directo igual al 100 % del valor de dichos créditos para abordar posibles disminuciones en la disponibilidad del equilibrio fiscal.

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