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Aragón aprueba el decreto que regirá la instalación de 1.000 MW nuevos

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El gobierno de Aragón ha aprobado el decreto que regula los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones eólicas en la región. Según el ejecutivo aragonés, la norma permite establecer más de 1.000 MW de energía eólica y generará una inversión superior a los 1.300 millones de euros. El gobierno regional estima que, en la fase de construcción e instalación, cada megavatio instalado supone la creación de nueve puestos de trabajo y calcula que, en la etapa de mantenimiento, habrá un puesto de trabajo por cada dos megas instalados.

Aliaga puntualiza que la nueva normativa "concede preferencia a los proyectos más beneficiosos para Aragón". Su departamento convocará los concursos públicos correspondientes para establecer la priorización de las instalaciones compatibles con las capacidades de evacuación de los diferentes nudos eléctricos. Aunque no lo manifiesta de manera explícita, el decreto parece buscar "atajos" para parte de la nueva potencia contemplada con el fin de evitar las restricciones planteadas desde Madrid con el registro nacional de preasignación del Ministerio de Industria.

Dicho registro ya ha cerrado las asignaciones de parques eólicos comerciales "ordinarios" mayores de 10 MW hasta finales de 2012. No obstante, los no ordinarios, tales como los parques experimentales y los mini parques de menos de 10 MW de potencia, aún pueden tramitarse por otras vías y sin cupos. El decreto aragonés define, así, una serie de instalaciones eólicas singulares, tales como "miniparques eólicos, instalaciones de parques de investigación y desarrollo, de menos de 5 MW y otras dos figuras nuevas: la de repotenciación de un parque eólico y la ampliación de un parque eólico'".

Respecto a los parques comerciales más convencionales, estos deben aportar beneficios socio-económicos especiales a la comunidad. Así, el decreto mantiene que ''se define instalación eólica de interés especial, que es una instalación que declara el Gobierno por su especial incidencia y beneficios de tipo empresarial, territorial, por las infraestructuras que pueda generar, por las cuestiones medioambientales". El Gobierno de Aragón estima que, en la fase de construcción e instalación, "cada megavatio instalado supone la creación de nueve puestos de trabajo, por lo que se crearán 9.000 empleos en esta fase".

Posteriormente, en la etapa de operación y mantenimiento, "el cálculo es de un puesto de trabajo por cada 2 MW instalados, lo que supone la creación de 500 empleos". Por otro lado, durante su intervención ante la prensa al exponer el nuevo decreto, el consejero Aliaga se ha mostrado contundente a la hora de rechazar una posible rebaja retroactiva de las primas a las instalaciones de energía solar fotovoltaica y ha pedido al Ministerio de Industria un ''escenario estable'' para los promotores de estas instalaciones.

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