La jueza daba la razón a los demandantes –la entidad ecologista Ipcena y otros–, que alegaban que la licencia de obras para la construcción del parque eólico debería queda nula, ya que fue otorgada por el el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges sin que hubiera previamente un plan general municipal que estableciese una reserva de suelo para tal fin. Pues bien, según la jueza, al no contar el consistorio con un plan general, la licencia de obras para la construcción del parque carece de base jurídica. Y, así, su dictamen, del pasado tres de mayo, ordena el desmantelamiento de 25 de los 33 aerogeneradores Acciona Windpower 1,5 MW que la compañía opera en el parque eólico de la Serra del Tallat (los ocho aerogeneradores restantes se localizan en el término municipal de Passanant i Beltall, en la provincia de Tarragona, y no se ven afectados por la sentencia).
Por su parte, Acciona insiste en que “la sentencia de la jueza de lo Contencioso Administrativo de Lleida no es firme”, detalle que no han tenido en cuenta muchos medios de comunicación, que dan por hecho el desmantelamiento de la instalación eólica. Según la empresa, “Acciona Energía ha tramitado el parque eólico Serra del Tallat, a lo largo de siete años, siguiendo los procedimientos legales vigentes en cada momento y ha obtenido las autorizaciones correspondientes por parte de las distintas administraciones involucradas –local, autonómica y estatal– en los distintos ámbitos a considerar: ambiental, energético y urbanístico”. Así las cosas, y según Acciona, “el parque se puso en marcha en el último trimestre de 2007, fue inaugurado por las autoridades autonómicas y locales en febrero de 2008 y está funcionando con plena normalidad desde entonces”.
Sistemas generales y casos concretos
Aunque la compañía no ha querido entrar en detalles, un profesional del sector en Cataluña ha puntualizado que el caso Serra de Tallat no es muy diferente a muchos otros en esta y otras comunidades autónomas. Según razona la sentencia, no se pueden autorizar parques eólicos en ubicaciones que no estén reservadas para “sistemas generales” dentro de los planeamientos urbanísticos de los municipios (los sistemas generales son infraestructuras y otras dotaciones de carácter común que tienen asignado un espacio en el planeamiento).
Pues bien, según el experto consultado, el problema radica en el hecho de que los ayuntamientos no podían tener previsto el uso eólico en su planeamiento municipal cuando se tramitaron estas instalaciones por ser la eólica una actividad nueva y muy específica. Según nuestra fuente, en las tramitaciones de centenares de parques eólicos en España "no he encontrado un ayuntamiento que tuviera previsto el uso eólico en su planeamiento municipal". De todas formas, la responsabilidad patrimonial última relacionada con el parque Serra de Tallat, recae, si procede, sobre las entidades que lo autorizaron, y no sobre Acciona. Además, puntualiza que la justicia es bastante lenta en estos casos y los plazos del Tribunal Supremo para recursos de este tipo suelen oscilar entre cuatro y cinco años.
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