Asgeco recordó ayer, en el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que el Gobierno de España votó en contra de la Directiva aprobada el pasado 22 de octubre en Bruselas y las perspectivas de modificar la normativa estatal en este ámbito parecen escasas. “Sin embargo, creemos que la nueva Directiva debe ser un acicate para mejorar la legislación española en la materia y allanar el camino de cara a un crecimiento más sostenible”, considera Asgeco.
La asociación de consumidores plantea “algunas consideraciones” que el Gobierno debería tener en cuenta a la hora de impulsar una política estratégica de ahorro y eficiencia energética:
– El Gobierno debe establecer parámetros mínimos a la hora de aplicar la legislación relativa a la eficiencia energética a nivel estatal, regional y local, tanto en lo referente a las administraciones públicas como a las empresas y los hogares.
– Las familias son responsables del 30% de la energía que se consume en España. En este sentido, facilitar la compra y renovación de electrodomésticos de gran consumo por otros más eficientes no sólo disminuiría considerablemente el gasto energético, sino que redundaría también en los bolsillos de los consumidores. Además se debe insistir en la sensibilización de los consumidores para adoptar pautas de consumo más eficientes y sostenibles.
– El auge de las tecnologías renovables debería aprovecharse de forma más amplia a la hora de rehabilitar viviendas sostenibles. De hecho, según la Directiva Europea los edificios de nueva construcción deberían planificarse bajo la premisa de un consumo energético próximo a cero. En este sentido, el reciente debate en torno al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y la utilización de una etiqueta para medir la eficiencia de las construcciones a nivel estatal son pasos en la dirección correcta.
– Igual de importante resulta la generalización de la iluminación de bajo consumo tanto en hogares y empresas como en la vía pública, así como la difusión de buenas prácticas entre ayuntamientos y comunidades autónomas en lo relativo al ahorro energético.
