El objetivo de la encuesta era analizar el impacto que tendría en la confianza de los inversores y en el riesgo país la aplicación, por parte del Gobierno de España, de medidas retroactivas en relación con la retribución (tarifa–horas) que regula la producción de energía fotovoltaica bajo el régimen del Real Decreto 661 (al que se acoge el 95,5% de las plantas fotovoltaicas en nuestro país).
Las inversiones en España declaradas por el 40% de los encuestados se aproximan hoy a los 39.000 millones de euros, de los que 20.000 millones fueron invertidos, entre 2007 y 2008, en proyectos de energía solar por bancos (españoles, alemanes, ingleses, franceses, holandeses e italianos), inversores institucionales internacionales (gestores de activos en nombre de fondos de pensiones internacionales) e inversores particulares españoles.
Inéditos hasta ahora
Los resultados de esta encuesta han permanecido inéditos hasta ahora. Pero, ante la gravedad de sus conclusiones y la confirmación de que el Gobierno ha incluido en el Real Decreto Ley 14/2010, de acompañamiento a los presupuestos, un recorte retroactivo del 30% sobre la retribución de las instalaciones fotovoltaicas –a través de la limitación horaria indiscriminada y sin valorar condiciones tecnológicas o de inversión–, las principales conclusiones de esta encuesta han sido dadas a conocer a destacados miembros del Gobierno y a los principales bancos y cajas españoles.
La importancia de esta encuesta es aún mayor en cuanto que se trata de personas de alta cualificación profesional y de capacidad de decisión sobre le gestión de inversiones extranjeras en España: gestores de activos, bancos de inversiones, banca comercial, fondos de inversión y agencias de calificación. Los sectores de inversión internacional en nuestro país analizados en la encuesta son: bancos, empresas de servicios (utilities), deuda soberana, sectores regulados, renta variable y corporativa y bonos. Los resultados de la encuesta demuestran claramente que un cambio con carácter retroactivo a las actuales inversiones en energía solar fotovoltaica impactará negativamente sobre la confianza de la comunidad inversora internacional en España.
Existe un convencimiento mayoritario de que la decisión no negociada del recorte de actividad productiva de la energía fotovoltaica y la consecuente falta de rentabilidad razonable para las inversiones realizadas, con la garantía de normas legales, puede costarle al Gobierno español y a las empresas miles de millones de euros, por la posible retirada de inversiones ya realizadas.
Pero, además, incrementará el coste de la deuda soberana española y el precio del dinero para bancos, utilities y empresas reguladas, con el fin de compensar el incremento del riesgo en futuras inversiones, que muchos de los encuestados cuestionan que puedan producirse en el caso de que se mantenga la desconfianza internacional, ante la inestabilidad regulatoria en España.
Principales resultados
– Más del 76% de los encuestados reconoce que los cambios retroactivos serían un movimiento insensato por parte del Gobierno en un momento en que necesita la confianza de la comunidad inversora nacional e internacional.
– El 74% de los encuestados destaca que el Gobierno español no será un Gobierno de confianza si realiza estos cambios retroactivos.
– El 40% señala que requerirían algún tipo de seguro antes de invertir en España de nuevo y el 23% que ningún seguro sería capaz de ofrecer la seguridad suficiente, así que no volverían a creer en este Gobierno de nuevo.
– El 71% de los encuestados dice que el cambio retroactivo sería una violación de la confianza de los inversores.
– Los inversores se muestran abrumadoramente de acuerdo en que un cambio retroactivo aumentaría el riesgo de invertir en toda clase de activos españoles. En concreto, este riesgo percibido en el caso de las utilities se eleva en un 80%, un 74% para los sectores regulados, un 63% para los bancos, un 54% para los bonos españoles y un 63% para el capital (equity).
– Entre el 36 y el 48% de los encuestados declara que un eventual cambio retroactivo reduciría su exposición a corto plazo al conjunto de activos españoles. El sector más afectado sería el de las utilities (el 48% de los encuestados señala que reduciría su exposición a este tipo de operaciones)
– Aproximadamente el 30% de los encuestados declara que reducirá su exposición a activos españoles a largo plazo (más de 12 meses) si los cambios retroactivos llegan a producirse. Esta tendencia es mayor en los sectores regulados (34%), seguidos del mercado de bonos (31%), las utilities (30%), los bancos españoles (30%) y el capital en general (28%).
– El 57% de los encuestados considera que el impacto que tal medida podría tener en los bancos españoles podría desestabilizar el resto de la economía.
– El 89% de los encuestados señala que exigirá una prima riesgo adicional en todas las clases de activos españoles para compensar los riesgos adicionales de naturaleza normativa. El activo al que los encuestados exigirían mayor prima de riesgo sería el de las utilities (87%), seguido de los bancos (85%) y el sector regulado (74%).
– Los encuestados declaran que buscarán mayores retornos para las inversiones en España –si el cambio con carácter retroactivo se llega a aplicar– incluyendo el aumento del siguiente promedio en las primas de riesgo: 0,87% para las utilities españolas; 0,85% para los bancos españoles; 0,74% para otros negocios regulados; 0,83% para el capital español; 0,63% para los fondos soberanos
españoles (incrementando casi en 4.000 millones de euros el conjunto de la deuda soberana española).
Posibles consecuencias
Según el análisis realizado por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), “una acción de este tipo podría desencadenar una acción concursal de todos los vehículos de las compañías fotovoltaicas (alrededor de 50.000 en España)”.
“En el caso de que se aplique un recorte de 1.250 horas y se gestione de forma que, una vez cumplidas, las empresas generadoras dejasen de cobrar la tarifa y empezasen a cobrar el precio mayorista de la energía (pool), y esto ocurriese –por poner un ejemplo– en el mes de septiembre, un empresario responsable sería consciente ya de que no podría hacer frente a la deuda a final de año. Por tanto, en previsión, podría acogerse a un proceso concursal voluntario. Esta acción responsable tendría que hacerse con todos los proyectos acogidos al régimen retributivo establecido en el RD 661”.
Para AEF “sería una quiebra anunciada, lo que significa necesariamente que todas las compañías tendrían que presentarse a concurso de acreedores voluntariamente. Y supondría la pérdida total en el sector fotovoltaico, con una ingente pérdida de puestos de
trabajo en el sector renovable (100.000, según el último informe Deloitte)”.
Más información:
www.aefotovoltaica.com
