El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que interpondrá un recurso contra el Real Decreto (RD) 897/2017. Este RD regula el bono social, la figura del consumidor vulnerable de energía y otras medidas de protección de los consumidores domésticos de electricidad. El consistorio que preside Ada Colau considera que el RD 897 es contrario a la Constitución y a la Directiva 2009/72 del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea que regula el mercado eléctrico. El Ayuntamiento sostiene además que el nuevo Real Decreto vulnera asimismo "las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que tiene asumidas Cataluña y el mismo municipio de Barcelona".
El consistorio barcelonés ha elaborado un informe, previo a la interposición del recurso, que pone el foco principalmente en el hecho de que el Real Decreto asegura que los posibles descuentos en la factura de los consumidores vulnerables severos se podrán aplicar solo a aquellas personas que hayan sido atendidas previamente por los servicios sociales de una administración autonómica o local, que se habría de haber comprometido a hacerse cargo del 50% de la factura.
De esta manera -apuntan desde el Ayuntamiento-, el RD establece que la atención de los servicios sociales es lo que permite definir la exclusión social, "cuando en realidad la atención sólo se puede entender como una política orientada a eliminar esta situación de exclusión". Además, el informe del Ayuntamiento considera que se vulnera la directiva europea que contempla la posibilidad de definir el suministro eléctrico como un servicio público en determinadas circunstancias.
El recurso se encuentra en fase de admisión
Una vez se disponga del expediente administrativo que ha de remitir el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se podrá formular la demanda -explican desde el Ayuntamiento- y argumentar en profundidad los motivos del recurso, que pueden ser ampliados en relación a los que se han hecho constar en el informe previo a su interposición.
Según el comunicado que ha difundido el consistorio barcelonés, "cabe tener en cuenta también que el recurso es independiente del hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona, así como otras ciudades de Estado, ya han advertido que la regulación estatal era insuficiente para preservar los derechos energéticos de la ciudadanía".
En concreto el Instituto Municipal de Servicios Sociales ha calculado que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido este año por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidas en caso de aplicarse el Real Decreto. También calcula en 1,67 millones e euros el coste mínimo anual que tendría para las administraciones cubrir el coste de la factura de aquellos hogares vulnerables solo en la ciudad de Barcelona.
Cinco sanciones
"Aparte del recurso -continúa el comunicado-, y recordando la apuesta compartida entre el Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, la Mesa del Tercer Sector Social, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Síndic de Greuges (el Defensor de las Personas) para defender la vigencia de la Ley 24/2015, el consistorio ha notificado también tres propuestas de resolución a Endesa que incluyen sanciones por valor de 70.000 euros cada una, al comprobar que no se ha solicitado a los Servicios Sociales municipales el preceptivo informe de exclusión residencial antes de proceder al corte de suministro eléctrico. Además, hay dos propuestas de resolución que se notificarán en los próximos días, motivadas por las mismas circunstancias. Se trata -informa el Ayuntamiento- de las primeras cinco sanciones del Ayuntamiento de Barcelona, que sumarían en total 350.000 euros.
Los cortes, que se han producido una vez aprobada la Ley 24/2015, afectan todos a personas vulnerables y han sido detectados en uno de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAEs) que Barcelona puso en marcha el pasado mes de enero. La cuantía de la sanción se ha fijado a partir de lo que dispone el Código de Consumo de Cataluña, que aprecia como una circunstancia atenuante el hecho de que la compañía va a restablecer el servicio eléctrico una vez el caso ha sido notificado. Según la tenienta de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, "nuestro objetivo no es sancionar, pero siempre hemos dicho que seremos muy estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de una ley vigente, que ha sido validad por el Tribunal Constitucional, y que ha de servir como garantía para que todos tengan acceso a un suministro básico independientemente de su condición económica".
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