El primer año de la Era Rajoy, 2012, pasará a la historia como el año de la supresión de la prima, esa que al entonces ministro del ramo, José Manuel Soria, le duró 36 días, los que transcurrieron entre su nombramiento y la aprobación del Real Decreto–ley (RDL 1/2012, de 27 de enero) que las suprimía. Apenas seis meses después de aprobado aquel RDL, la Comisión Europea (CE) publicaba un documento –«Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012»– en el que evaluaba las reformas emprendidas por el Gobierno Rajoy.
Pues bien, en lo que se refiere a la energía, el veredicto de la CE quedaba muy claro: “la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020”. La CE también hablaba en ese documento de “costes ocultos” en el sistema eléctrico español y de “compensaciones excesivas” que estarían beneficiando a las grandes eléctricas y engordando artificialmente el déficit tarifario. Corría el año 2012, año en el que Japón –tras la catástrofe de Fukushima– desenchufaría el último de sus 54 reactores nucleares.
Estas fueron aquel año (algunas de) las noticias clave: la consultora Bloomberg publica en mayo un informe –«Reconsiderando las claves económicas de la energía fotovoltaica»– que revela que el precio de los paneles solares ha caído casi un 75% en los últimos 36 meses. Según ese informe, el kilo de silicio, que es una de las materias primas con las que se fabrican los módulos, ha bajado de los 450 dólares en 2008 a menos de 27 a finales de 2011 (el silicio viene a suponer el 20% del total del coste del módulo).
En 2012 nos damos cuenta también de que la auténtica burbuja energética del país son los ciclos combinados (25.000 megavatios instalados entre 2002 y 2012). Nos lo cuenta en julio Protermosolar, la patronal del sector termosolar español, que difunde entonces un comunicado en el que denuncia que las térmicas de gas, “además del pago por disponibilidad, disponen de una subvención llamada 'incentivo a la inversión', que ha sido de 20.000 euros por megavatio y año durante diez años”. Ese incentivo, a fondo perdido, suma más de 2.000 millones de euros desde que estallara la crisis, en 2008.
En octubre, el gobierno dice no en Bruselas a la Directiva Europea de Eficiencia Energética. La norma sería sin embargo aprobada (solo hubo dos votos negativos: el español y el de Portugal). El gobierno dice no en Bruselas, aunque, en esa materia –la eficiencia energética–, estábamos entonces (y estamos) muy por debajo de la media de la UE27.
Auditoría ya... en 2012
La carta–petición “¡Auditoría Ya!”, colgada el 2 de diciembre por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en Avaaz.org, recoge en solo cinco días –contábamos el 7 de diciembre– 150.000 firmas. Los firmantes piden al comisario europeo de Energía, Gunther Oetinger, que haga una investigación en profundidad para determinar los costes del sistema eléctrico que han dado origen al déficit tarifario. La Plataforma propone emplear los resultados de esa auditoría para promover una modificación sustancial del funcionamiento del mercado eléctrico español.
El Ejecutivo Rajoy saca adelante la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (Ley 15/2012), norma que incluye la Tasa Soria del 7% al kilovatio generado, impuesto que grava por igual a los desiguales, o sea, a la electricidad renovable (limpia, no emisora de CO2) y a la energía eléctrica sucia (generada con uranio o combustibles fósiles y productora de residuos y CO2). Los pequeños productores pagarán de su bolsillo ese impuesto. Las grandes compañías, que no solo producen sino que también comercializan, pagarán el impuesto por una parte y lo recuperarán por la otra repercutiéndolo en el consumidor final. Un impuesto nuevo. Del 7%. Made in PP.
Año II
El segundo año de la Era Rajoy –2013– es probablemente el más grosero de la legislatura. El déficit energético alcanza en España los 40.997 millones de euros (M€). Porque importamos mucha más energía (gas, petróleo, carbón) que la que exportamos (electricidad). En concreto, España importa en 2013 combustibles fósiles por valor de 57.162 M€. Esa formidable cantidad, gastada en solo doce meses, supera en casi 20.000 M€ lo que le han costado a los españoles (38.000 M€) todas las primas de todas las tecnologías renovables desde 1998.
El Ejecutivo publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto–ley 2/2013, de 1 de febrero, “de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero”. Ese RDL incluye recortes a la remuneración de los kilovatios renovables. Grosso modo, la restricción clave, marcadamente retroactiva –según denuncia la patronal del sector–, consiste en que las primas no se van a actualizar conforme al IPC, que era lo que hasta ahora establecía la ley, sino conforme a un nuevo indicador –un nuevo IPC–, que se obtiene restando del IPC general la evolución del precio de los productos energéticos.
Los numerosos cambios introducidos por el legislador en apenas año y medio –la incertidumbre que introduce en el sector– se traducen pronto en una formidable caída de la inversión, según revela la consultora Bloomberg New Energy Finance en un informe de abril. La inversión en energías limpias –dice Bloomberg– ha caído en España en el primer trimestre del corriente [2013] un 96%.
Trescientos diputados paralizan la auditoría energética: otra de esas noticias que solo publica Energías Renovables. 300 de los 323 diputados presentes en el Congreso el pasado 26 de junio –contábamos aquel verano (2013)– han paralizado la propuesta de Izquierda Plural de hacer una auditoría energética. Lo han hecho por acción (195 noes) y por omisión (105 abstenciones). Bloque PP–PSOE.
Tres años después de aquello, en el verano de 2016, el PP firmará un acuerdo con Ciudadanos –150 compromisos para mejorar España– a cambio del cual el partido de Albert Rivera votará a favor de la investidura de Rajoy. Uno de los 150 compromisos incluidos en ese acuerdo alude a la auditoría. Dice así: “se llevará a cabo una auditoría de todos los costes del sistema”. Pues bien, cien días después de investido el presidente, el Gobierno… de la auditoría… no sabe/no contesta.
El Consejo de Ministros ultima en julio su gran reforma eléctrica. El paquete legislativo es vasto: un RDL de estabilidad financiera del sistema eléctrico, un proyecto de ley de reforma de la ley del sector eléctrico (que entrará en vigor en diciembre), ocho reales decretos, entre los que se encuentra el de autoconsumo, y dos órdenes ministeriales.
Eso sí, no incluye ninguna medida que ataña a los costes de la energía, esos que marca el mercado y que suponen (suponían entonces) el 50% del recibo eléctrico. Vamos, que el Ejecutivo lo ha revuelto todo… menos el mecanismo de formación de precios, que es, según todos los expertos, la verdadera madre del cordero: la que explica los elevados precios de la electricidad en España y el denominado déficit de tarifa.
El impuesto al Sol
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publica en septiembre su Informe 19/2013 sobre la propuesta de Real Decreto (RD) de Autoconsumo. Esa propuesta ya incluye el que más adelante será denominado impuesto al sol, un peaje ideado para gravar los kilovatios hora que generamos con las placas solares que tenemos en la azotea y consumimos en el frigorífico de la cocina, es decir, kilovatios que nunca usarán la red. Pues bien, el Informe 19/2013 califica de “discriminatorio” el tratamiento que el legislador dispensa al autoconsumidor hasta en 25 ocasiones (el término –discriminatorio/a– aparece en casi cada una de sus páginas). ¿Un ejemplo? Página 2: el impuesto que propone el RD para los autoconsumidores “supone un trato discriminatorio con respecto al resto de consumidores, que, pudiendo reducir su consumo en el caso de que adoptaran medidas de eficiencia energética (como el aislamiento de su vivienda o el uso de lámparas de bajo consumo), no pagarían este peaje por la energía que pudieran ahorrar”.
En septiembre, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publica el informe IPN 103/13, que dice que el autoconsumo introduce “una tensión competitiva relevante en el mercado mayorista y minorista, incentivando precios más eficientes en ambos mercados”. O sea, que el autoconsumo, además de permitirle al autoconsumidor un cierto ahorro, incentiva la bajada de los precios, lo cual es positivo (ahorro) para todos.
Por fin, el BOE publica en vísperas del Día de los Santos Inocentes de 2013 la nueva Ley el Sector Eléctrico, que sustituye a la vigente desde 1997. Es el buque insignia de la política energética del PP. Al mismo tiempo, y a pesar de todo, las renovables siguen demostrando sus aptitudes: España se convierte en 2013 en el primer país del mundo en el que la eólica es la primera fuente de electricidad en un año completo.
Año III
El gobierno ha cerrado sus dos primeros años de ejercicio –2012 y 2013– con el peor déficit energético jamás registrado en España en un bienio: más de 80.000 millones de euros (M€). El otro déficit, el de tarifa –la gran bicha del Partido Popular– también ha crecido (9.000 M€) en este primer bienio (cuando Rajoy llegó a La Moncloa, el agujero era de 24.000 M€). Simultáneamente, emerge en España el fantasma de la pobreza energética. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) publica en abril de este año un informe que estima que, en nuestro país, “cuatro millones de personas no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno y tres millones más tienen dificultades para pagar las facturas de energía”.
Según ACA, cada año “más de 7.000 fallecimientos prematuros” estarían asociados a ese problema. Unos meses antes de la publicación de ese informe, por cierto, justo antes del invierno, Izquierda Plural había registrado una “Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética”, proposición de ley que sería rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
A mediados de curso, el Ejecutivo sustituye la prima por la “rentabilidad razonable”. La teoría del Gobierno es que las primas son demasiado elevadas y que por eso hay que sustituirlas por una “rentabilidad razonable”. La patronal del sector asegura que el cambio supone un recorte en la remuneración del kilovatio renovable de una media del 30% (en algunos casos hasta del 100%). Los productores de energías renovables, que no han terminado aún de pagar los créditos que solicitaron para financiar sus instalaciones, tratan de sobrevivir refinanciándose. Los bancos, rescatados, vuelven a ser los beneficiarios. Los afectados llevan el caso a los tribunales.
En octubre, la Agencia Europea de Medio Ambiente alerta: a menos de que el Gobierno adopte medidas, España incumplirá sus objetivos de recorte de emisiones y de cuota de renovables en 2020. Un mes más tarde estalla el escándalo de la mano de un informe del Abogado del Estado fechado en marzo de 2008. El documento, filtrado ahora a los medios, alertaba entonces –en 2008– de que el plazo para reclamar la devolución de ciertos pagos indebidos (casi 3.400 M€) a ciertas compañías (Unesa) expiraría en junio de 2010. El Gobierno nunca reclamó la devolución. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético cree que podríamos estar ante “el mayor caso de corrupción de la historia de España”.
En diciembre, el eurodiputado Jordi Sebastiá presenta una pregunta a la Comisión Europea, en nombre de Equo y a petición de esa Plataforma, para que la CE se pronuncie sobre lo cobrado de más por las eléctricas vía Costes de Transición a la Competencia, esas ayudas en principio legales que acabaron engordando –3.396 millones de euros, según la Comisión Nacional de Energía– hasta convertirse en pagos indebidos.
Durante todos estos meses, la nuclear también está en el punto de mira por otro motivo: la sobre-retribución. Según diversos actores del sector, si la nuclear fuese retribuida como las renovables, en Modo Rentabilidad Razonable, y tras la correspondiente auditoría de costes, se conseguiría una importante rebaja en el recibo de la luz.
Otra de las batallas del trienio es la del déficit de tarifa
El Ejecutivo se empeña en responsabilizar de ese agujero a las energías renovables y gana la batalla de la opinión pública. Los números son tozudos, sin embargo: en el periodo 2005–2008, las energías renovables reciben 5.824 millones de euros en concepto de primas, mientras que el déficit de tarifa generado en el mismo periodo ronda los 15.100 millones. Las culpas pues hay que buscarlas en otros actores del sector (porque no puede muy lógico que yo haya pedido 5.000 Me y ahora me digan que debo 15.000).
La patronal del sector termosolar señala, como uno de los responsables de ese déficit, a la distribución, negocio que controlan las grandes eléctricas y que Protermosolar considera sobre-retribuido: “el negocio regulado de la distribución ha sido determinante en el volumen de déficit alcanzado en los últimos 10 años”, dice esa asociación. En ese período, el Gobierno le ha reconocido a la distribución un coste de más de 40.000 M€. Y dos datos para cerrar el ejercicio: España consume en 2014 menos electricidad que en 2005. El informe State of the Energy Union (Comisión Europea) revela por otra parte que nuestra tasa de dependencia ha alcanzado este año el 70% (media UE28: 57).
Año IV
La patronal de las energías renovables denuncia que, en esta legislatura (2011-2015), el sector ha perdido 51.100 empleos, hasta caer a los 70.750. Entre 2012 y 2015 se han instalado 850 megavatios renovables (lejísimos pues de los 6.800 megas de la legislatura anterior). Por lo demás, la reforma eléctrica del Ejecutivo Rajoy sigue recibiendo denuncias. España es “el país con mayor número de demandas de arbitraje en tribunales internacionales del mundo”, nos cuenta, a finales de año, Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables y exdirector de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Al mismo tiempo, y durante toda la legislatura, la sociedad civil ha empezado a organizarse. La cooperativa Som Energia es el paradigma. Su presidenta, Ana Marco, nos cuenta su experiencia: “aunque se constituye el 10 de diciembre de 2010 –explica Marco–, no es hasta octubre del año siguiente, un mes antes de las elecciones generales, cuando Som Energia inicia su actividad empresarial (…). Som nace con el propósito declarado de producir tanta electricidad renovable como consuman sus socios”. La cooperativa alcanza los 22.700 socios en diciembre de 2015 (casi 30.000 contratos eléctricos). “Ese crecimiento –nos cuenta Marco–, así como el de otras cooperativas que han surgido posteriormente, muestra bien a las claras el deseo ciudadano de salir del oligopolio eléctrico”.
En febrero de este año, publicamos en exclusiva las conclusiones de un informe demoledor: el elaborado por el perito Alberto Ceña –a instancias del despacho de abogados Holtrop– sobre el impacto económico en el sector de las energías renovables de la denominada “rentabilidad razonable” (sustituta de las primas). Ceña ha analizado 1.258 casos fotovoltaicos y ha llegado a una conclusión espeluznante: más del 92% de esas instalaciones “entrarán en concurso de acreedores y/o se verán obligadas a renegociar con el banco”. ¿Motivo? La “rentabilidad razonable” del Gobierno es tan baja que los propietarios no están ingresando siquiera lo suficiente como para pagar los créditos que solicitaron para montar sus huertas solares.
La historia de ese cambio –prima por rentabilidad– es alambicada. Y acaba en escándalo. A saber: el ministro de Industria, José Manuel Soria, encarga en julio de 2013 a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger sendos informes económicos sobre las instalaciones de generación de energías renovables, para conocer cuánto costó su puesta en marcha y cuánto cuesta su operación. Industria dice que quiere valerse de esos estudios para sustituir las primas –que considera excesivas– por una “rentabilidad razonable”. El caso es que la sustitución acaba ejecutándose a mediados de 2014 a través de una orden ministerial de 1.700 páginas cuajadas de números.
Cuando el sector ve los números que el Gobierno considera “razonables”, cuando ve el precio al que el Ejecutivo estima “razonable” remunerar el kilovatio hora eólico (y el fotovoltaico y el de biomasa), remuneración que presuntamente ha salido de los informes de Boston Consulting y Roland Berger, solicita ipso facto al Ministerio esos informes, con los que no está de acuerdo. Industria se niega a facilitárselos. El sector denuncia. El caso llega al Supremo. El Alto Tribunal falla meses después a favor de los demandantes, obliga a Industria a entregar la documentación y… sorpresa.
Industria reconoce entonces que ha prescindido de los servicios de una de las consultoras “por los reiterados incumplimientos del contrato en que ha incurrido”. O sea, que uno de los dos informes no existe. ¿Y el otro? Pues el otro tiene fecha posterior a la aprobación de la normativa de “rentabilidad razonable”. El Gobierno dice entonces que los números en realidad los hicieron sus funcionarios y que los informes –para los que presupuestó en su momento una partida de más de medio millón de euros– eran solo consultivos. ¿Para consultar a posteriori, quizá?
A mediados de año, el centro de investigación Economics for Energy publica el informe “Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación”, un estudio en el que señala que, entre 2007 y 2014, “el aumento de la brecha entre rentas altas y bajas ha triplicado el número de familias españolas en situación de pobreza energética, hasta alcanzar a uno de cada diez hogares”. En otoño es Eurostat la que pone números: España es, a día de hoy, el país de la Unión Europea en el que más cara es la electricidad que pagan las pymes del sector industrial. Solo en los últimos tres años (entre 2011 y junio de 2014) ese precio –explica la Oficina Estadística de la CE– ha subido más de un 30%.
También en otoño, apenas unas semanas antes de las elecciones, el Gobierno ejecuta dos maniobras: aprueba al fin el Real Decreto de Autoconsumo (la amenaza del impuesto al sol se materializa) y anuncia la celebración, en 2016, de una subasta de 700 megavatios renovables (500 eólicos). Ah, un apunte sobre el particular: en 2009 se instalaron 1.332 aerogeneradores en España (más de 2.400 MW); en 2014, sólo trece máquinas. En 2015, ni un solo megavatio. En todo caso, las energías renovables acaban siendo la fuente primera de electricidad en España este año: 37,1% sobre el total de la producción eléctrica. En segundo lugar, muy por detrás, la nuclear, con el 21,9.
Año V. 2016
Es el año del gobierno en funciones (hasta noviembre); el año de la dimisión (mes de abril) del ministro Soria, cuyo nombre apareció implicado en el escándalo de los paraísos fiscales y los Papeles de Panamá (cuán paradójico –y qué lamentable– que el muñidor del impuesto al sol acabe dimitiendo por querer pagar… menos impuestos). 2016 es el año de los precios altos (de la electricidad) y la pobreza energética; 2016 es el Año de los Tribunales (revisado exhaustivamente por el abogado Piet Holtrop) y el año (por fin) de la primera subasta de energías renovables (700 megavatios) de la Era Rajoy, esa que comienza en 2011.
Pero 2016 es también el año del Acuerdo de París (que entra en vigor en noviembre y es sucesor del Protocolo de Kioto); el año de la rebelión de los autoconsumidores, que van sumando poco a poco megavatios de generación distribuida por toda la geografía española. Sí, 2016 es el año en el que despierta al fin el autoconsumo, ese sector que crece –sin alharacas, discreto– a la sombra de un impuesto que nadie paga.
¿Sabía el lector que ahora mismo hay más de 17 megavatios de potencia inscritos en el registro de instalaciones de autoconsumo del Ministerio?
¿Sabe que en España nadie paga impuesto al Sol alguno? Nadie paga porque nadie cobra; y nadie cobra porque, aunque el Ejecutivo aprobó un Real Decreto de Autoconsumo que incluye ese impuesto (lo aprobó hace ya un año y medio), lo cierto es que ese RD necesita de un reglamento que concrete las condiciones del pago, y Rajoy –un año en funciones y ahora ya cien días gobernando– no se ha atrevido a sacar adelante ese reglamento, entre otras cosas porque PSOE, Podemos, Ciudadanos, los nacionalistas y hasta UPN, la marca blanca del PP en Navarra, ya han dicho por activa y por pasiva NO al impuesto al sol (acaban de presentar por cierto una Proposición de Ley en el Congreso en ese sentido en la que se abre además la puerta al balance neto).
Así ha sido el quinquenio PP. Ahora toca ver si la mayoría simple vale tanto como la absoluta. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos dicen que quieren auditoría, y tienen mayoría absoluta. Dicen que quieren autoconsumo, y tienen mayoría absoluta. Habrá que ver.
