Si el camarada Vladímir Ilich Uliánov levantara la cabeza, se asombraría al constatar el predicamento que sus doctrinas han encontrado en la nueva regulación para las energías renovables en España, todavía en tramitación. Y el asombro le crecería hasta el pasmo cuando le dijesen que esa regulación la ha parido un partido político de derechas, liberal y burgués de pro. Si no estuviese momificado, el estupor lo dejaría tieso de igual modo.
De entrada, al camarada le llamaría la atención el carácter absolutamente revolucionario de la propuesta normativa. Los españoles hemos sido pioneros en el despliegue de las renovables, pero en esta ocasión nos hemos pasado de innovadores: tendremos la primera legislación del mundo que, lejos de fomentar la generación autóctona, segura, limpia e inagotable, plantea incentivos económicos para que las instalaciones se cierren definitivamente.
El núcleo de la próxima regulación es igualmente rompedor, tanto, que el Consejo de Estado ha advertido de que tiene pinta de inconstitucional. Para retribuir la electricidad renovable no habrá primas, subvenciones, certificados verdes o exenciones fiscales, que son los mecanismos habitualmente aplicados en los más de 100 países con reglamentación para las energías limpias. No. Se pagará lo mismo a todas las instalaciones, con independencia de sus vicisitudes particulares, en función de unos teóricos costes de inversión estándar que se están calculando en estos momentos.
¿Que esos costes de inversión establecidos ad hoc son mucho más bajos que los suyos, porque usted puso equipos de primerísima calidad? Mala suerte. ¿Qué usted compró la instalación al promotor original? No haberlo hecho. ¿Qué el Gobierno local le obligó a acometer otras inversiones para otorgarle los permisos correspondientes? Es su problema. Habrá borrón y cuenta nueva, caiga quien caiga. Lo único que a Lenin no le gustaría es que los costes de inversión estándar los establezcan dos empresas privadas.
Todavía mayor sería la afinidad ideológica del insigne bolchevique con la propuesta normativa para el autoconsumo. Contra el más elemental principio del mercado –el ‘egoísmo racional’ y ‘la mano invisible’ de Adam Smith– el Gobierno impedirá que cada cual se produzca la propia electricidad al introducir un ‘peaje de respaldo’ que hará más caro el autoconsumo que el suministro convencional. La CNC y la CNE han denunciado que es algo injustificable, discriminatorio y contrario a la competencia y la competitividad.
¿Qué es eso de que la gente se produzca su propia energía, cuando ya se les abastece a todos por igual de un modo centralizado?”, pensaría, a bote pronto, el redivivo líder comunista. Más tarde, cuando se enterase de que los medios de producción de electricidad en España no son propiedad del Estado, sino de corporaciones capitalistas, cambiaría drásticamente sus reflexiones.
Las mías giran alrededor de una pregunta: ¿qué favor estará pagando el Gobierno para violar tan descaradamente sus fundamentos ideológicos? Ya sabemos que los grandes partidos políticos modernos son marxistas, prosélitos de la corriente Groucho –“Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”–, pero todo tiene un límite.
