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El Ciadi suspende temporalmente el laudo por el que España debía indemnizar al fondo Antin

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha suspendido provisionalmente la ejecución del laudo arbitral favorable al fondo Antin por el que condenaba al Estado español a una indemnización de 112 millones de euros por los recortes a las renovables. El fondo de inversión Antin compró en España dos plantas termosolares, Andasol I y II (Granada), y reclamaba un total de 238 millones de euros.
El Ciadi suspende temporalmente el laudo por el que España debía indemnizar al fondo Antin

Según informa Europa Press, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, ha adoptado esta decisión tras proceder a finales de la pasada semana al registro de la solicitud de anulación del laudo presentada por el Reino de España. De esta manera, España logra bloquear la ejecución de un fallo en el que hace un año reconocía al fondo esa indemnización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba.

Las solicitudes de anulación del laudo por parte del demandado suelen ser habituales en este tipo de disputas internacionales con el objetivo de dilatar en el tiempo su ejecución, según indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas. De hecho, esta no es la primera vez que el Estado español solicita la suspensión provisional de la ejecución de un laudo. En muchos casos, como el del propio fondo Antin, los damnificados han acudido a los tribunales estadounidenses en busca de la ejecución de las sentencias del Ciadi.

Las reclamaciones de Antin ante el Ciadi, personalizadas en la luxemburguesa Antin Infrastructue Services Luxembourg y en la holandesa Antin Energia Termosolar, se produjeron a raíz de los recortes a las renovables ralizaas por el gobierno popular.  En su fallo, el Ciadi reconocía al fondo el derecho a una indemnización, al considerar que el cambio regulatorio fue tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia.



Los inversores extranjeros reclaman a España unos 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que, aducen, les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

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