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¿Y la gestión de la demanda? (ER 56)

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Sergio de Otto
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Pasan los gobiernos, pasan los responsables de la energía, pasan las legislaturas y sigue brillando por su ausencia una política de gestión de la demanda. Nadie se atreve a emprender esta senda aunque todo en el mundo que hace un análisis sensato de los problemas energéticos empieza por el ahorro al hablar de soluciones. Lo malo es que una cosa son los planteamientos teóricos, las presentaciones científicas, los estudios sesudos y otra, al parecer muy difícil, tomar la decisión de pedirle al personal que apague la luz.
Lógicamente todos sabemos que una política de gestión de la demanda va mucho más allá de una campaña de ahorro pero no estaría mal que empezará por ahí. Pero, por supuesto, con una dedicación presupuestaria que multiplique por mucho los últimos tímidos intentos que han pasado desapercibidos para la sociedad. Loables algunos de ellos, como la campaña de 2005 o la miniserie de televisión, pero insuficientes y que suenan más a un intento de cubrir el expediente que al convencimiento de que hay que hacer llegar a la sociedad un mensaje claro e inequívoco de que nos estamos portando como nuevos ricos despilfarrando algo que no tenemos; algo que encabeza el ranking de los responsables del cambio climático y otros daños medioambientales; algo que puede a que nuestro bolsillo día a día no resulte tan gravoso como lo es para nuestra economía nacional; algo que tiene mucho que ver con las tensiones internacionales que dibujan un panorama muy sombrío para el futuro; y ese algo es la energía.
Esa campaña de sensibilización, que debe tener vocación de permanente, debería tener la cobertura financiera e impacto de las que tienen hoy las que pretenden incidir en el drama de la siniestralidad del tráfico de vehículos. Por cierto, no estaría de más que tanta campaña —necesarias, imprescindibles obviamente podrían ir acompañadas de ciertas medidas sobre las condiciones en la que nuestros coches salen de fábrica en cuanto a seguridad. En lo que hace referencia a lo que nos atañe en estas páginas, el ahorro de energía, las exigencias legales son hasta ahora ridículas y muy tímidas las que se refieren a las emisiones de CO2.
En esas campañas debemos decirles a los ciudadanos, a las empresas, pero también a las administraciones —especialmente a las locales—, que hoy podemos ahorrar sin modificar nuestra calidad de vida y nuestro confort, simplemente poniendo punto final al despilfarro energético. Pero habrá que advertirles que más tarde o más temprano — de no ahorrar serán muy pronto—, tendremos que cambiar de forma de vivir: pasado mañana el agua y la energía serán más muchos caros de lo que la sociedad pueda hacerse una idea y habría que ir abriendo los ojos a nuestros ciudadanos para que tomen conciencia.
Como decía al principio, no se trata solo de sensibilizar, siendo quizás la primera tarea, sino también de planificar la demanda, de limar las puntas de consumo eléctrico en determinadas horas en verano y en invierno para evitar también la creación de un parque de generación sobredimensionado. Y habrá que poner el precio debido a la energía, el precio que incorpore los costes reales, el que incorpore el coste de los daños ambientales incurridos en su generación, el precio que castigue los consumos excesivos. Sí, sé que si a cualquier Gobierno le cuesta mucho gastarse una significativa partida presupuestaria, nuestra política cortoplazista de legislatura hace imposible que un valiente dé el primer paso en este camino. Lo malo, es que, en lugar de anticiparnos, los hechos nos obligarán a ello.

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