La transición energética –la progresiva sustitución de las energías de origen fósil por instalaciones locales de generación eléctrica renovable– es un proceso que ha de completarse, como tarde, en el año 2050. Es la aspiración de la Unión Europea y de España.
Si bien queda definido el objetivo y el horizonte temporal –cero emisiones en el año 2050– es importante recordar cuándo y quiénes lo iniciaron, puesto que el origen parece difuso. Nuestra Ley de cambio climático y transición energética acaba de cumplir un año (21 de mayo de 2021), pero, aunque estamos todavía en una fase inicial, no olvidemos que los primeros pasos se dieron en los años 2007–2009.
En la fotovoltaica ese primer hito se logró gracias al esfuerzo de 65.000 familias productoras que fueron llamadas por el Estado español. Gracias a ello ahora tenemos la posibilidad de avanzar en la generación limpia, en sus diferentes modalidades: autoconsumos, comunidades energéticas y plantas para venta de energía eléctrica a través de las redes de distribución y transporte.
Al concepto “transición energética” se le añade, con todo el sentido, un adjetivo esencial: “justa”. Para evitar el sesgo que, en ocasiones, adquieren las palabras en el terreno de la corrección política, debemos asumir que lo “social”, tal y como define el Diccionario de la RAE, es lo relativo a la sociedad, entendida como el “conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes”. En este sentido, todo marco regulatorio habría de ser social y aspirar al interés general, siendo, de esta manera: “justo”, vocablo que para el DRAE significa “aquello que debe hacerse según derecho o razón”. Para el jurista clásico Domicio Ulpiano (siglo I), la “justicia” es la “continua y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde”.
En este punto, es preciso hacer una doble reflexión que, desgraciadamente, nos llevará a pensar que la actual transición energética no es social y, por lo tanto, tampoco es justa. La Comisión Europea propone situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética, la Directiva de fomento de energías renovables exige que los Estados miembros garanticen a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía. Propuestas reiteradas por la Administración del Estado español; sin embargo, lo que se dispone no se compadece con lo que se propone, y lo que nos ofrecen es un remedo de verificación parcial de estos postulados tan solemnes.
Se viene a identificar ciudadano con consumidor –actor pasivo– y solo se le abre la oportunidad de autoconsumos, que son ahorros, o comunidades energéticas, sin ánimo de lucro. Los ciudadanos son también autónomos y pymes a los que se les debe dar la oportunidad de participar del negocio de la generación, utilizando nuestro territorio, nuestro sol y nuestras redes. El gran mercado de la energía eléctrica, al que españoles y pymes vierten miles de millones de euros al año, y que en un futuro próximo crecerá de manera exponencial por la electrificación de los consumos y las exportaciones al resto del continente, podría nutrir con esos descomunales aportes dinerarios, nuestros tejidos productivos locales. Cuestión ésta que no ocurrirá, para nuestra desgracia.
Por otro lado, a los que fueron verdaderos pioneros, a las 65.000 familias fotovoltaicas, lejos de reconocerles su trascendental labor, se les aplican abusivos recortes retroactivos a través de un estrafalario sistema retributivo. Solo los inversores internacionales, que tuvieron la fortuna de poder acudir al órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, el CIADI, están alcanzado justicia, y verán compensados los quebrantos que soportan por una errática gestión regulatoria, que debe ser enmendada, compensando, al menos en igual medida, a nuestros pioneros fotovoltaicos.
No apreciamos esa “voluntad de otorgar a cada uno lo que le corresponde”: ni a los pioneros se les repara el daño, ni a los ciudadanos se les ofrece un acceso pleno a la generación de electricidad; por lo cual, Ulpiano coincidirá, esta transición energética –al menos de momento– no es justa. En manos del Gobierno queda enmendar esta deriva.
