La sociedad española, al menos la parte mejor informada, se ha quedado atónita cuando ha conocido cómo funciona nuestro mercado eléctrico marginalista, del que depende el bienestar de la ciudadanía, la competitividad de las empresas y la pujanza de nuestra economía.
Sin embargo, no han sido pocas las voces y los altavoces mediáticos que, curiosamente, siempre han tratado de justificar este extraño modelo de asignación de precios para un servicio esencial que, como es evidente, estaba perfectamente regulado, políticamente aceptado y socialmente soportado.
Mantener a la población sumida en el desconocimiento energético era una premisa esencial para que este mecanismo, al igual que otros, pudiera mantenerse en el tiempo, e incluso llegar a provocar el denominado “déficit de tarifa”, que nos ha convertido a los consumidores de electricidad españoles en deudores de 30.000 millones de euros para asumir, ya no lo que costó realmente producir la energía que habíamos estado consumiendo durante años, sino el precio que alcanzaba dicha energía eléctrica bajo el paradigma del marginalismo.
El déficit de tarifa tuvo, además, una utilidad adicional, puesto que sirvió como excusa para tratar de expulsar del sistema eléctrico a las iniciativas sociales, a las 65.000 familias pioneras de producción fotovoltaica en España, que tuvieron que aguantar cómo desde el Gobierno (año 2013) se promovía una estigmatización social, acusándoles de encarecer la electricidad; en lugar de explicar que, gracias a su contribución, la energía sería cada vez más barata, limpia y autóctona. Una vez se les atribuyó el sambenito, les llegaron recortes retroactivos draconianos, que arruinaron unas inversiones que, paradójicamente, fueron pedidas por el Estado. Es ahora cuando se puede comprobar que el encarecimiento desmedido de la energía obedecía, principalmente, a otras dinámicas, que ni eran intuitivas para la sociedad ni fueron explicadas por nadie: los unos por desconocimiento, los otros por desinterés.
Hace más de diez años Anpier empezó a denunciar este ineficaz sistema de fijación precios, incluso lanzó una campaña de comunicación cuya imagen era un kilo de patatas a 300 €, para ilustrar la desmesura con la que nos obligan a comprar un gran número de los MWh que consumimos. Esta y otras disfunciones fueron señaladas por Anpier y, aunque no se cosechó fruto inmediato, la semilla sí fue germinando y, con el abono de una crisis de precios sin precedentes, el sistema marginalista ha terminado por “morir de éxito”.
Los precios alcanzados por el gas y los derechos de CO2 han delatado lo inadecuado que resulta este mecanismo para nuestra realidad de generación eléctrica, porque contamos un mix mayoritariamente conformado por tecnología con costes variables bajos; es una lástima que hayamos tenido que llegar a un nivel de precios tan escandaloso para que la sociedad pudiera comprenderlo y que las administraciones tuvieran que actuar.
La realidad es que este sistema nunca tuvo sentido en un mercado donde no se atisbaba una competencia perfecta, y solo su monstruosa caricatura lo ha puesto de manifiesto. La regulación energética articula no pocas situaciones que, de ser conocidas por la sociedad, podrían llegar a ser reparadas; nos depara unos pocos beneficiarios frente a unos muchos, muchísimos, perjudicados que, sin conocimiento de la materia, se refugian en la queja y en la resignación, sabedores de que, de una manera u otra, han de elegir entre la impotencia o salir escaldados.
Cuando era niño jugabamos a recrear “la vida” en casa de un vecino, cada uno tenía su actividad, su coche, su casa, etc. Mi vecino –que era el alcalde porque estábamos en su casa– establecía las normas que le venían en gana en cada momento, con el silencio cómplice de los que salían beneficiados y la frustración de los que nos sentíamos perjudicados por nuestros “infantiles oligarcas”. Nunca imaginé que la realidad fuera a resultar tan parecida; pero aún tengo la esperanza de que se avance hacia un modelo energético limpio en la generación, más social en la propiedad y más justo para los consumidores.
