Berkeley -informa Ecologistas en Acción- es una empresa australiana que ha conseguido todos los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Junta de Castilla y León para abrir la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de la Unión Europea. El yacimiento se encuentra ubicado en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca). Según Ecologistas, "se trata de un yacimiento de uranio que fue explotado por la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) hasta el año 2001, cuando se abandonó por su falta de rentabilidad; el precio del uranio es tan bajo -explica esta oenegé- que resulta más caro explotar la mina que importarlo".
Ecologistas en Acción denuncia que "Berkeley está realizando una maniobra especulativa, puesto que, por un lado, consiguió que sus acciones se triplicaran cuando compró los derechos de explotación, y, por otro lado, puede esperar a abrir la explotación cuando el uranio suba de precio, cosa que de momento no ocurre debido a la bajada de la demanda tras el accidente de Fukushima". La organización de defensa del medio ambiente asegura por otra parte que "las autoridades españolas se han prestado a colaborar con esta maniobra".
Ecologistas repasa los hechos
La empresa Berkeley compró a Enusa los derechos de explotación. Obtuvo los permisos preceptivos del CSN y una declaración de impacto ambiental positiva. Según Ecologistas, "esta última resulta más que discutible por la defectuosa evaluación de los riesgos ambientales: las minas de uranio a cielo abierto -explica la oenegé- son muy impactantes, puesto que liberan polvo radiactivo en grandes cantidades, que sufren las personas trabajadoras y las poblaciones cercanas, además de los ríos y ecosistemas de la zona". Por ello, la Plataforma Stop Uranio, a la que pertenece Ecologistas en Acción, "se ha opuesto democráticamente a la posible apertura de esta mina".
Pues bien -explican los ecologistas-, ante esta oposición, "Berkeley reacciona con una presión inaceptable y ha forzado un acto de conciliación hoy, 22 de junio, en el Juzgado de Ciudad Rodrigo". La empresa -continúa Ecologistas- pide al secretario de la Plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, y al bloguero Jesús Cruz nada menos que 500.000 euros para no interponer una querella por injurias y calumnias. Según Berkeley, a esta cantidad se elevarían las pérdidas generadas por las manifestaciones en contra de la mina y las campañas realizadas por Stop Uranio. Según Ecologistas, "se trata de una presión inaceptable que va contra uno de los derechos fundamentales de las personas: la libertad de expresión".
