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Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela los fracasos y fraudes del mercado europeo del CO2

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Los derechos de emisión gratuitos siguen representando más del 40% de todos los derechos de emisión disponibles en el marco del régimen de «limitación y comercio» de derechos de emisión de la UE (RCDE). Pues bien, estos derechos (gratuitos, cabe insistir), derechos que han sido distribuidos a la industria, la aviación y, en algunos Estados miembros, al sector eléctrico, "no han estado bien orientados". Más aún: en el caso del sector energético, estos derechos gratuitos, en principio asignados para acelerar la descarbonización, han servido para todo lo contrario: "el ritmo de la descarbonización en el sector energético se redujo significativamente", revela el informe del Tribunal de Cuentas.
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo revela los fracasos y fraudes del mercado europeo del CO2

En principio -explican desde el Tribunal-, en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE), se pone un precio a las emisiones de carbono y se subastan los derechos de emisión. Las subastas celebradas proporcionan ingresos para la acción por el clima. El RCDE recurre a derechos gratuitos para disuadir a las empresas de la Unión Europea de deslocalizar la actividad a países no pertenecientes a la UE con normas medioambientales menos exigentes, pues ello reduciría la inversión en la UE y aumentaría las emisiones globales, lo que se denomina «fuga de carbono». Pues bien, los sectores de la industria y de la aviación se benefician de derechos gratuitos, a diferencia de la mayoría de los operadores del sector energético, ya que se considera que pueden repercutir los costes del carbono directamente a los consumidores. Sin embargo, en los ocho Estados miembros con un PIB per cápita por debajo del 60% de la media de la UE, el sector energético recibió derechos gratuitos para permitir la modernización.

Y ahora los auditores del Tribunal de Cuentas han constatado -informa la Comisión Europea- que los sectores energéticos que recibieron derechos de emisión gratuitos para invertir en la modernización de sus instalaciones hicieron unos progresos significativamente más lentos que otros Estados miembros. Según el Tribunal, "las inversiones a menudo se utilizaron para mejorar centrales eléctricas existentes de lignito y hulla y no para pasar a combustibles menos contaminantes, en particular en Bulgaria, Chequia, Polonia y Rumanía". Los auditores señalan en ese sentido que la Comisión ha impuesto "normas más estrictas al sector de la energía para el período 2021‑2030".

Samo Jereb, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable de la auditoría: "los derechos de emisión gratuitos deberían orientarse a los sectores industriales con menor capacidad de repercutir los costes del carbono a los consumidores. Ahora bien, esto no es así. También se considera que sectores que representan más del 90% de las emisiones industriales se encuentran en situación de riesgo de fuga de carbono y se benefician continuamente de elevadas tasas de derechos de emisiones gratuitos. A menos que la asignación de dichos derechos gratuitos se oriente mejor, la UE no aprovechará plenamente las ventajas que el régimen pudiera tener en la descarbonización, y en las finanzas públicas"

El Tribunal informa
«La asignación gratuita de derechos de emisión a los sectores industriales se basa en valores de referencia de los mejores resultados de cada sector. Los derechos se suprimirán progresivamente de aquí a 2030, a menos que el sector se considere en riesgo de fuga de carbono, en cuyo caso la asignación no se reducirá. Mientras que este enfoque presenta incentivos para mejorar la eficiencia energética, los auditores consideran que es necesaria una mayor orientación. Los sectores industriales considerados en riesgo de fuga de carbono todavía representan más del 90% de las emisiones industriales de la UE, sin diferenciarse los distintos niveles de riesgo, lo que permite a todos estos sectores seguir beneficiándose de la totalidad de los derechos de emisión gratuitos. Los auditores recomiendan que la Comisión oriente los derechos de emisión gratuitos en función de su exposición a distintos niveles de riesgo»

Ojo con la aviación
Según el Tribunal, el sector de la aviación recibe derechos gratuitos de emisión, "aunque puede repercutir los costes del carbono a los usuarios". En ese sentido, los auditores advierten de que esto "puede servir de apoyo al transporte aéreo intensivo en carbono, en detrimento del transporte ferroviario". El razonamiento sería el siguiente: le asignamos derechos gratuitos a la aviación, así no tiene que pagar por contaminar, y gracias a eso no le sube el precio a los pasajes de avión. De ese modo, la aviación compite dopada frente al ferrocarril, que es un medio de transporte mucho menos contaminante.

Los auditores sostienen que con una distribución más específica se habría abordado el riesgo de fuga de carbono, reducido los beneficios imprevistos y mejorado las finanzas públicas, aumentando la proporción de derechos de emisión subastados.

La Comisión Europea contextualiza
En el marco del Régimen de Comercio de Derecho de Emisión de la Unión Europea (RCDE), los sectores de la industria, de la energía y de la aviación deben obtener suficientes derechos para cubrir sus emisiones de carbono. El sistema se implantó en 2005 y las emisiones per cápita en la UE se han reducido desde entonces, pero aún se sitúan por encima de la media mundial.

En las dos primeras fases del sistema (2005‑2012) casi todos los derechos se asignaron de forma gratuita, y el número de derechos asignados era superior a la cantidad necesaria para cubrir las emisiones reales, por lo que se acumuló un excedente de derechos de emisión.

Durante la tercera fase (2013‑2020), esta sobreasignación sistémica se eliminó en gran medida.

Entre 2013 y 2020 se asignaron gratuitamente más de 6.660 millones de derechos de emisión y los precios de los derechos fluctuaron, pero pasaron de menos de 3 euros a alrededor de 25 euros por tonelada de equivalente de CO2 emitida.

Entre 2012 y mediados de 2019, los Estados miembros recibieron 42.000 millones de euros en subastas celebradas.

La cuarta fase del RCDE transcurrirá de 2021 a 2030.

Los auditores han examinado si la asignación gratuita de derechos de emisión se utilizaba de manera satisfactoria para modernizar la producción eléctrica, si la orientación ofrecía incentivos suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y si la asignación gratuita había contribuido a aumentar las emisiones. En su reunión extraordinaria de julio de 2020, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar una propuesta para revisar el régimen. La auditoría no abarcó el impacto de la pandemia de Covid19 en el RCDE.

El Informe especial 18/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo «Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea: la asignación gratuita de derechos de emisión necesitaba una mejor orientación» puede consultarse en eca.europa.eu en 23 lenguas. En los últimos años, el Tribunal ha publicado  varios informes especiales sobre cuestiones relativas a la energía y el clima, como las emisiones de los vehículos, la energía solar y eólica, y el régimen de comercio de derechos de emisión.

La Comisión Europea reconoce que necesita actualizar su procedimiento "para orientar los derechos gratuitos y así reflejar el Acuerdo de París y los últimos acontecimientos".

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