“En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.
Y "para evitar un cambio climático devastador solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, puntualiza Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
Según los demandantes, el Gobierno ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establecía la aprobación de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) para el pasado mes de diciembre.
Con ello, añaden, el Gobierno está vulnerando también los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar los 1,5 ºC, según los cuales la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no debería ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040. Sin embargo, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.
Una obligación ineludible
De acuerdo con las tres ONGs, España lleva años emitiendo gases de efecto invernadero por encima del límite establecido. Sólo el impacto de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad. Con los objetivos previstos por el Gobierno para la reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras. Situaciones que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, puntualizan.
En palabras de Franc Cortada, director de Intermon Oxfam, “al igual que en el resto del planeta, también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas”.
Por todo ello, las tres organizaciones consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno de la Nación, "la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras" concluyen.
Demandas en otros países
El anuncio de este proceso judicial se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.
El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.
