Las IFIs de mayor ámbito geográfico son aquellas provenientes de los acuerdos de Bretton Woods: el grupo del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este último no es relevante para este caso, ya que financia estados.
La entidad más importante y la que en la práctica se ha convertido en el espejo en el cual se miran la mayoría para aspectos ambientales y sociales es la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo integrado en BM, que es la principal institución internacional de desarrollo a nivel mundial dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. Lo importante de la IFC es que sus criterios y requisitos ambientales y sociales han sido adoptados de hecho, si no formalmente, por la mayoría de las otras entidades.
Por otro lado, la mayoría de bancos comerciales han adoptado unos principios de comportamiento ambiental y social para los proyectos que financian, llamados Principios de Ecuador. Son algo menos detallados que los del IFC pero su filosofía es la misma y de hecho usan de referencia las pautas del IFC. En la Tabla 1 se muestran los grandes tipos de entidades de financiación y las referencias de criterios que emplean.
Procedimientos y requisitos ambientales y sociales
La principal diferencia entre banca comercial y Bancos de Desarrollo Internacionales y Nacionales en la evaluación ambiental y social radica en la tramitación, que en los primeros suele ser más ágil. Para las IFIs, en el caso de los proyectos de energía renovable, su relación directa y positiva con el cambio climático les da preferencia frente a otros proyectos, sin que puedan, lógicamente, obviar los requisitos y particularidades ambientales y sociales locales y concretas. En la Figura 1, se presenta un diagrama de los pasos típicos que se siguen.
• Categorización del proyecto
Las IFIs emplean un sistema de categorización que refleja la magnitud de los riesgos y los impactos. La categoría resultante también especifica los requisitos institucionales en materia de divulgación de información. Esas categorías varían según la IFI. En el caso del IFC se clasifican los proyectos de la A a la C según el nivel intrínseco de posibles riesgos y/o impactos ambientales o sociales (siendo A mayor riesgo y C menor). En general los proyectos de renovables han sido categorizados como A o B en el IFC, incluyendo grandes parques eólicos terrestres en zonas sensibles y todos los marinos, así como proyectos hidroeléctricos de cierto tamaño como categoría A, y los demás como B.
• Aplicación de la diligencia debida
La diligencia debida ambiental y social está integrada en la general sobre la actividad empresarial que está bajo consideración, junto con el análisis de los riesgos legales, financieros y de reputación. Lo que la hace diferente es el tiempo cronológico necesario para que el cliente genere y la entidad evalúe la documentación pertinente, que suele ser más largo que para los otros aspectos (legal, financiero, etc). Además, está la tramitación dentro de la propia IFI, que normalmente incluye normas de transparencia que implican poner a disposición del público parte de la documentación durante un plazo determinado.
• Acceso a la información
Para cada inversión propuesta, las IFIs ponen a disposición del público cierta información, incluida la relevante sobre el proyecto y su impacto ambiental, social y en materia de desarrollo. Los plazos para darla a conocer suelen estar entre 30 y 60 días, realizándose antes de presentar la inversión a la autoridad interna pertinente para su aprobación.
ye• Seguimiento de las condiciones de préstamos
El resultado que arroje la diligencia debida ambiental y social determinará el alcance de las condiciones de su financiación traducida en un Plan de Acción Ambiental y Social. Tras la concesión del préstamo, hay un seguimiento a largo plazo del proyecto con objeto de ayudar a los clientes a manejar sus riesgos e impactos.
Los requisitos en los que se basa la diligencia debida y las condiciones ambientales y sociales del préstamo se resumen en lo que se llaman Normas o Requisitos de Desempeño (Performance Standards, PSs, o Performance Requirements, PRs) o Principios, en el caso de los Principios Ecuador de la Banca Comercial que les aplica. Los requisitos generales son muy similares, aunque estén organizados de manera diferente.
Retos y oportunidades en la financiación por entidades internacionales
Las oportunidades y ventajas de la financiación internacional de proyectos se pueden dividir en generales y específicas, sociales y ambientales. Las generales pueden ser desde parámetros crediticios clásicos (tasa de interés, plazos de amortización) más favorables, a otros como variedad de productos adaptados al cliente, provisión de capital escaso, etc. Estas últimas ventajas son de gran utilidad para clientes interesados en desarrollos en países de economías emergentes.
Por otro lado las ventajas ambientales y sociales también existen, aunque la primera vez que se solicita este tipo de financiación pueda ser considerado como un reto difícil de superar. Entre otros efectos beneficiosos está el facilitar la “licencia social de operación” o, dicho de otro modo, las relaciones con los grupos de interés, evitando retrasos por oposición pública, en los permisos, etc.
La ubicación apropiada de los proyectos, puede ser, de hecho, la diferencia entre la viabilidad o no de un proyecto. Como se ha apuntado, los proyectos de renovables, aunque son un sector prioritario para estas entidades, no están exentos de cumplir con todos los requisitos sociales y ambientales. Este cumplimiento supone a veces retos para las empresas, que suelen ser mayores cuanta menor experiencia y exposición previa a los mismos hayan tenido.
Gestión de retos y oportunidades desde la experiencia
Aunque cada proyecto tiene sus peculiaridades ambientales y sociales se pueden dar una serie de pautas generales de los retos más comunes a los que se enfrentan las empresas así como recomendaciones para su gestión.
• Tiempo necesario para el proceso
El tiempo necesario para generar la documentación suele ser más o menos largo, dependiendo de la documentación disponible (por ejemplo un sistema de gestión ambiental y social aplicable al proyecto). Además, está la tramitación dentro de la estructura de la propia IFI, que suele ser mayor que en la mayoría de los bancos comerciales. Por otro lado la generación de esta documentación a veces requiere cierto nivel de inversión previa. Este es un dilema frecuente y aunque no tiene una solución única, es posible de manejar si se conoce de antemano, haciendo una planificación adecuada, minimizando riesgos desde la selección de los emplazamientos (ver artículo publicado en el número 154 de Energías Renovables, de septiembre de 2016) y aprovechando sinergias de los diferentes estudios a realizar.
• Diversidad de criterios de interpretación de las normas
No existen criterios absolutamente homogéneos entre entidades, incluso empleando la misma norma. Y existe cierto riesgo de interpretaciones diferentes para casos similares, incluso dentro de la misma entidad. Un asesoramiento por expertos puede ser de gran utilidad para manejar esta variable y para apoyar al promotor en las conversaciones con la entidad financiera.
• Necesidad de cumplir con los requisitos de la IFI más allá del cumplimiento legal
El cumplimiento legal es necesario siempre, pero a veces no es suficiente. E incide en aspectos como alcance, contenido y exposición pública de los Estudios de Impacto Ambiental, Social, y sobre la Salud, relaciones laborales, compensación por adquisición o alquiler de terrenos, niveles concretos de prevención de contaminación y gestión de residuos, etc.
• Necesidad de participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y consulta
Debe ser apropiada a cada proyecto y su aplicación práctica depende de los entornos culturales, socio-políticos y geográficos concretos. Es importante conocer estas circunstancias lo antes posible.
• Importancia de aspectos sociales a menudo fuera del control absoluto del promotor
Las IFIs dan gran importancia a los aspectos sociales que, a veces, son complejos de manejar, al estar en ocasiones relacionados con gobiernos y autoridades: participación comunitaria, derechos humanos, seguridad exterior de las instalaciones, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, relación con pueblos indígenas, etc. Si bien no se exige que las empresas sean responsables de decisiones gubernamentales, sí se les pueden considerar corresponsables de algunas situaciones y decisiones necesarias o favorecedoras del proyecto en concreto.
• La gestión por parte del cliente durante todo el transcurso del proyecto
La mayoría de las normas piden que esta gestión se haga por medio de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS). El sistema a nivel del proyecto específico, puede ser generado solamente para el proyecto, o estar integrado en un sistema de mayor jerarquía (corporativo por ejemplo) o incluir también aspectos de calidad. En todo caso no es necesario que esté certificado según ninguna norma en concreto (por ejemplo ISO14001 u otras). Éste es un aspecto frecuentemente inesperado y considerado oneroso para empresas de tamaño medio o pequeño, no obstante los organismos prestatarios entienden que ha de ser un sistema para ayudar a manejar aspectos ambientales y sociales de manera práctica, no a cumplir formalmente una norma escrita.
• Interfase con contratistas
Es relativamente corriente que el promotor sea quien financie o gestione el proyecto de manera general, y que la ejecución se lleve a cabo, llave en mano, por una empresa contratista, conocida como EPC (Ingeniería, Compras y Construcción). Muchos de los aspectos cruciales para las IFIs son de responsabilidad principal del promotor, pero otros son de implementación conjunta. La experiencia del contratista con financiación internacional, o al menos que disponga de un SGAS, pueden facilitar la gestión de estos aspectos.
Los otros aspectos más clásicos, como la gestión de residuos, contaminación, biodiversidad, patrimonio cultural, si bien pueden ser muy relevantes en circunstancias concretas –por ejemplo biodiversidad y parques eólicos en zonas sensibles para aves y murciélagos–, están en general ya incorporados a la legislación local o a la gestión ambiental de los promotores, de modo que no suelen suponer retos mayores en circunstancias de financiación internacional. En general, los retos en proyectos de renovables, con la gestión adecuada, se transforman en oportunidades, favoreciendo su viabilidad y sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ambiental y social sino también económico.
