Según la información remitida al Ciady, y de la que se hace eco Europa Press, SolEs Badajoz, que tiene su sede en Alemania, cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados español Pérez-Llorca y de la firma internacional Orrick Herrington & Sutcliffe.
Esta es la duodécima demanda presentada en lo que va de año contra el Gobierno de España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran ocho de las denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi.
Las últimas denuncias fueron presentadas por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos. También en estos meses de verano, la alemana E.ON, la portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo.
Asimismo, han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss.
Estos arbitrajes se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE. El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.
Además, el organismo había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa.
A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.
Junto a estas demandas por el recorte a las renovables, el Gobierno español suma otra más, del año 2012, aunque referente al sector de la construcción.
Las denuncias de las firmas internacionales se centran en los recortes a la energía solar y, en especial, a la termosolar, iniciados a finales de 2010 a través del real decreto ley 14/2010, en el que se limitaban las horas con derecho a prima.
